By A tres días de concluir su encargo, la mentira, la corrupción, la complicidad y la villanía con que ha actuado estos dos años, han cercado a Miguel Ángel Yunes Linares y amenazan con convertirlo en un perseguido por la ley o, al menos, en un político quemado en su fama pública.
Los miembros de su gabinete que han acudido a comparecer ante la LXV Legislatura han mostrado no solo un discurso limitado por la mediocridad de sus actuaciones; además, han dado muchos argumentos a la bancada mayoritaria, de Morena, para orientar la lupa sobre aquellas áreas en que tendrán que hurgar para descubrir las fugas y desviaciones de recursos públicos que no se invirtieron en aquello para lo que estaban etiquetados.
Así, mientras el Congreso local se apresta a abrir el negro expediente de la Cuenta Pública 2017 que diputados panistas limpiaron y dieron por buena, pese a haber indicios de desvíos de recursos por más de 300 millones de pesos, en el Congreso de la Unión, los diputados federales han recibido la respuesta de la PGR sobre los dos expedientes relacionados con denuncias contra Miguel Ángel Yunes Linares, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, expedientes que, según la PGR, siguen en proceso de integración.
El pasado 6 de noviembre, la bancada de Morena en San Lázaro solicitó información sobre causas penales seguidas contra el gobernador panista de Veracruz, e instó a agilizar la integración de las averiguaciones para que se determine su probable responsabilidad y se proceda penalmente en consecuencia.
Ignacio Peralta, coordinador de asesores de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, firma el oficio de respuesta en que precisa: “Al respeto le informo que esta Subprocuraduría Especializada cuenta con dos expedientes en integración que están relacionados con el requerimiento de mérito, mismos que se encuentran clasificados como información reservada y confidencial en virtud de tratarse de investigaciones en trámite”.
Para colmo, en la quinta sesión ordinaria celebrada este martes, el diputado de Morena Eric Domínguez Vázquez propuso un punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) a realizar una revisión exhaustiva de los procesos de adquisición e instalación de las 6 mil 476 cámaras de video vigilancia, y entregue al Congreso un informe detallado de sus hallazgos además de ejercer sus facultades de denuncia en caso de encontrar elementos para ello.
Por la mañana, en su comparecencia, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, reconoció que la instalación de las cámaras y los 38 arcos carreteros, que forman parte del Sistema Estatal de Videovigilancia, ya está completa pero la red no funciona al cien por ciento: “se está poniendo a punto”. Dichos trabajos fueron entregados de forma simplificada y por adjudicación directa a la empresa ComtelSat, pese a que Pemex la había inhabilitado. Como parte de su proverbial torpeza, el funcionario yunista dijo que las tormentas afectan y queman la transmisión, por lo que no tenía el dato exacto de las cámaras que realmente están funcionando.
Todo ello ha agregado presión a un gobernador que prácticamente ha desestimado la posibilidad de acudir al Congreso para ampliar información sobre su segundo informe de gobierno.
Las benditas redes sociales
“Pan,Pri y MC tumban fuero; se esconden en lo general para luego desecharlo…atole con el dedo”. Tatiana Clouthier. @tatclouthier
Decomisos de Yunes a duartistas, fuera de la ley
El escándalo sobre diversos bienes y recursos arrebatados extralegalmente a exfuncionarios duartistas que, con ello, lograron evitar la guillotina del gobernador Yunes, y de los que no se hizo reporte oficial alguno para que ingresaran a la hacienda estatal, se ha convertido en otra olla podrida para quien este semana abandonará Palacio de Gobierno.
El periodista Miguel Ángel León Carmona, quien la semana pasada recibió un reconocimiento de la CEAPP por unos de sus trabajos de investigación periodística, publicó en el portal de La Silla Rota información sobre la presunta simulación de decomisos a Duarte por 112 millones de pesos que no aparecen en el portal que da cuenta de los bienes y recursos incautados.
Entre los bienes que Yunes anunció como recuperados pero que no hay registro oficial de su incorporación a los activos del gobierno veracruzano, León Carmona señala un complejo de oficinas y una residencia en The Woodlands, Texas; además, cuatro departamentos en el edificio Pelícanos de Boca del Río.
El 11 de abril de 2018, señala la nota, Yunes anunció la recuperación de los cuatro departamentos en Boca del Río, con un valor cercano a los 40 millones de pesos, ubicados en un edificio localizado en el bulevar Manuel Ávila Camacho.
Estos inmuebles fueron entregados por la Produraduría General de la República (PGR) al Gobierno del Estado, “y de acuerdo con el mandatario veracruzano pertenecieron al exgobernador Javier Duarte y a la familia de su esposa, Karime Macías Tubilla”. A los tres originalmente entregados por la PGR, se sumó otro más, asegurado por la Fiscalía General del Estado (FGE) el 28 de junio de este año, en el noveno piso, supuestamente habitado por el propio Javier Duarte. “Sobre estos decomisos, no hay registro alguno en la página estatal que acredite al gobierno del Estado como propietario”.
Y agrega el reportaje: “El segundo paquete de propiedades –de los cuales tampoco hay escrituras disponibles– se anunció el pasado 21 de junio, cuando Yunes ÑLinares viajó a los Estados Unidos junto con el secretario de Gobierno Rogelio Franco Castán para presumir la recuperación de una residencia y un complejo de oficinas en el condado The Woodlands, Texas, con valor cercano a los 40 millones de pesos”.
Sin embargo, ese mismo día en el noticiero de Ciro Gómez Leyva se informó que los bienes no habían sido recuperados por el mentiroso gobernador y, además, que su valor no superaba el millón de dólares ni era uno de los 20 más caros en Houston, como Yunes lo había afirmado.
El reportaje abunda sobre otras propiedades, anunciadas con todo el despliegue propagandístico del gobierno estatal, que finalmente no están entre los haberes de la hacienda estatal. ¡Vaya mitómano!
Campaña negra contra Sergio Vázquez
Si las cosas pintan de un color oscuro tirando a negro en cuanto a la Cuenta Pública 2017, la de 2018 (que se presentará en octubre del próximo año) puede dar elementos más contundentes sobre diversos desvíos de recursos, sobre todo si tomamos en consideración los enormes gastos realizados por la campaña a Gobernador de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, prácticamente financiada en su totalidad con recursos públicos.
Por lo pronto, Yunes trata de salvar el expediente de 2017. Ante la ofensiva a favor de la verdad emprendida por el comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, ha lanzado toda su maquinaria mediática (ciertamente debilitada por haber contratado a medios desgastados en materia de credibilidad e influencia) y a todos sus compinches para desacreditar al presidente del organismo, Sergio Vázquez Jiménez.
La ofensiva, a la que se unió esta semana el alcalde morenista de Xalapa, Hipólito Rodríguez, quien parece más aliado del PAN que del partido que lo llevó al poder, busca descalificarlo por haber participado con su despacho en diversas auditorías a dependencias del gobierno de Javier Duarte e, incluso, del ayuntamiento capitalino en el gobierno de Américo Zúñiga.
Lo que se lanzó bajo el barniz de trabajo periodístico en medios de comunicación afines, fue secundado obviamente por el diputado panista Juan Manuel de Unanue, quien fue presidente de la Comisión de Vigilancia que aplicó la operación Detergente en la anterior Legislatura y sobre el que pesan serias observaciones por haber vendido a alcaldes la promesa de limpiar las observaciones del Orfis mediante la entrega del equivalente al 30 por ciento del monto observado.
Este martes, Yunes lanzó a sus aliados en la zona de Veracruz-Boca del Río. El empresario Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex en Veracruz, pidió que se investigue a Sergio Vázquez Jiménez, para analizar la situación jurídica del presidente del comité ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) e, incluso, recomendó presentar la denuncia correspondiente para que los señalamientos no se queden en el ámbito mediático.
Sierra Álvarez, quien integró el comité de selección del Comité de Participación Ciudadana del SEA, dijo, aparentemente a nombre de los empresarios: “Nosotros creemos en las instituciones, en el cauce legal, en un tema de responsabilidades, yo creo que están las instituciones para investigar, analizar y, en el caso, deslindar una responsabilidad, siempre nos vamos a declarar a favor del Estado de Derecho”.
Sin embargo, pese a haber incluso una iniciativa en la Legislatura local para revisar la actuación de los diputados panistas que integraron la Comisión de Vigilancia por haber manipulado los expedientes de la Cuenta Pública 2017 y “limpiar” los posibles desvíos y quebrantos a la hacienda pública estatal y de la de muchos municipios, el empresario no ha abierto la boca.
Por cierto, el Comité de Participación Ciudadana está invitando para este miércoles a los representantes de los medios de comunicación a la “Presentación de resultados de la encuesta de percepción de la corrupción en los Entes de Gubernamentales del Estado de Veracruz”, levantada con muchas dificultades entre empleados de las dependencias del Ejecutivo estatal. Este evento se realizará a las 11:00 horas en el aula de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, en Landero y Coss 36-42, en el centro de Xalapa.
