By Antes de dejar el poder, Miguel Ángel Yunes Linares fue este jueves al Palacio Legislativo para defender lo indefendible: una administración pública que se caracterizó por la concentración absoluta del poder de decisión en su persona, una total ausencia de sensibilidad política para abordar los temas más importantes de la agenda estatal, el rompimiento total, bajo amenazas, con todas las demás fuerzas políticas y la derrota en su intento de perpetuarse en el poder a través de su hijo primogénito.
Mentiroso y demagógico al extremo, Yunes quiso pintar ante los diputados, la mayoría opositores a su gobierno, el repetido lienzo de maravillosos logros, todos ellos con su lado oscuro, desde la disminución de la violencia criminal que no percibieron los veracruzanos, su supuesto respeto por los poderes legislativo y judicial, plegados absolutamente a sus designios, hasta su careta de demócrata que no resiste el más mínimo análisis.
Se dijo el primer gobernador en respetar al poder legislativo. Hace dos años, señaló, “el Congreso vivía de rodillas frente al Gobernador en turno, no había límites al poderoso”; el uso abusivo del poder desde el Ejecutivo “había lastimado profundamente el modelo de autonomía y división de poderes”.
Un congreso arrodillado
En su comparecencia en el Congreso local, Miguel Ángel Yunes criticó acremente que las decisiones del Congreso, antes de él, fueran manipuladas mediante la corrupción como instrumento de control. “Aquí, en este Congreso, se corrompía todo, se comerciaba con todo, se compraban conciencias y votos. El Congreso no sólo fue omiso, fue cómplice de la corrupción y el desenfreno. La enorme deuda que agobia a Veracruz fue aprobada por los diputados de entonces. Las cuentas públicas de los años del saqueo fueron también aprobadas y aplaudidas por los legisladores de esa época”.
En efecto, así sucedió en los gobiernos previos, pero Yunes se mordió la lengua cuando dijo que a partir de su gobierno cambió el Congreso, y “empezó entonces a ejercer a plenitud sus facultades y a defender los intereses de Veracruz”.
Para nadie es un secreto que los diputados de su partido, junto con los escasos que aportó el PRD, se doblegaron vergonzosamente a sus instrucciones. Muchas escaramuzas, como la imposición como Fiscal Anticorrupción de un corrupto, mediante maniobras antidemocráticas, ilegales y corruptas, fueron dirigidas directamente por él desde Palacio de Gobierno.
Es apenas necesario recordar la compra de diputados opositores para fortalecer la bancada panista, como los tránsfugas de Morena y la adhesión de elementos perredistas, para mantener el absoluto control de la Junta de Coordinación Política y, con ello, la manipulación de las decisiones en todos los sentidos, hasta que los de Morena tomaron el Palacio Legislativo e impidieron que se entregaran bienes del Estado a ayuntamientos controlados por él, en particular Veracruz (gobernado por su hijo) y Boca del Río, territorio en que se refugiará a partir de este sábado, para establecer su valladar para torpedear al próximo gobierno y buscar la revancha en 2024.
¿Yunes demócrata? Que se lo crean los marcianos
Otra perla fue que encabezó “un Gobierno distinto, cercano a la gente, sensible a sus demandas, transparente y honesto”. Los veracruzanos, sin embargo, seguramente opinan distinto, porque el pasado 1 de julio le quitó la posibilidad a él y a su familia de seguir medrando con el gobierno estatal.
Señaló que estableció (como si no hubiera existido antes) un sistema electoral y de gobierno basado en la democracia y, en el colmo del cinismo, aseveró que su administración no había intervenido en los comicios ni había desviado recursos para apoyar a ningún candidato ni a ningún partido, cuando fue claro en las elecciones de 2017 y, sobre todo, en las de este año, cuando convirtió a las dependencias estatales en brazos políticos de la campaña de su hijo a la gubernatura.
Solo basta estudiar la estructura del presupuesto de egresos de 2018 para identificar la orientación en tareas eminentemente electorales, como la elevación del presupuesto de la Sedesol (que contempló incluso la incorporación de operadores políticos para medrar con la miseria de los veracruzanos a quienes quiso comprar con miserables despensas), la elevación del presupuesto de la oficina del Gobernador, al mismo tiempo que la drástica disminución de los recursos orientados a proyectos productivos en el campo.
Habló de una supuesta relación cordial y productiva con la Universidad Veracruzana y mencionó que en ella se elaboró un Plan Veracruzano de Desarrollo que arrumbó en alguna olvidada gaveta y por la que se comprometió a pagar 50 millones de pesos que luego desconoció, a cambio de los cuales hizo algunas mejoras en la Zona Universitaria de Xalapa, que este viernes “inaugurará” aunque no las haya concluido.
De la deuda legada por sus antecesores con la UV, mejor no debió hablar porque ha sido una falacia que hubiera hecho algo por saldarla, y si no, pregúntenle a la rectora Sara Ladrón de Guevara. Eso sí, dijo ante los diputados: “vamos amortizando la deuda histórica del Gobierno del Estado con nuestra Máxima Casa de Estudios”.
Otros dos años perdidos en desarrollo
En materia de desarrollo, los veracruzanos hemos visto cómo la entidad siguió su caída en materia de indicadores nacionales, colocándose en la mayoría en los últimos lugares, junto a estados como Chiapas. “Ha sido muy difícil reactivar la economía; tratamos de hacerlo generando confianza entre los inversionistas, pero también promoviendo Veracruz, sacándolo de la cartelera del horror en la que se encontraba desde hace varios años”. Nada de eso hizo.
El propio responsable de Desarrollo Económico ha reconocido que la inversión privada ha tenidos retrocesos y, aunque él trató de ocultarlo en cuanto foro se le presentó, el escenario de terror, generado por la incontrolable violencia criminal, ha puesto lejos de nuestras ciudades a los inversionistas. Si a ello sumamos su negativa a pagar los adeudos con empresas locales y su proclividad a contratar empresas de otros estados, además de sus socios y compadres, ya podemos imaginar el infierno de desempleo que ha obligado a miles de paisanos a emigrar a otros estados.
De su derrotada lucha contra la delincuencia, ya ni sentido tiene repetir los argumentos contra su proverbial discurso mentiroso. Basándose en estadísticas que su gobierno, a través de la Fiscalía General, maquilló para presentarlos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, aduce que este año disminuyeron los índices delictivos, lo que le permite repetir una cifra que a nadie convence, que en comparación con 2017, disminuyeron en un promedio de 15.61 por ciento, y que considerando el número de delitos que se cometen por cada 100 mil habitantes, “Veracruz es de las entidades con más baja incidencia delictiva”.
Por fortuna, ya se va, ya se fue, y por el bien de Veracruz y los veracruzanos, esperamos que nunca regrese ni por sí ni por interpósita persona, llámese Miguel Ángel o Fernando Yunes Márquez.
Las benditas redes sociales
“Lamento profundamente haber utilizado una frase desafortunada y vulgar y odiaría que se interpretara como una agresión a las causas feministas o de la comunidad gay, a las que he apoyado decididamente durante toda mi vida y con las que estoy claramente comprometido”. Paco Taibo 2 @Taibo2
La fórmula para remover a Jorge Winckler
Además de escudriñar en los malos manejos de los diputados panistas de la anterior legislatura, que podría sentar argumentos para solicitar su desafuero y presentarlos ante la ley, los diputados de Morena presentaron este jueves, en voz del diputado Víctor Emmanuel Vargas Barrientos, una iniciativa con proyecto de decreto para otorgar al Congreso la atribución de remover al Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.
La propuesta turnada a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales para su dictamen prevé la adición de la fracción XLIV al artículo 33 de la Constitución local. Esto podría ser uno de los puntos clave para cambiar en los primeros días del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez a un funcionario del poder Ejecutivo que tiene aún siete años para seguir causando estropicios en materia de impartición de justicia.
La comisión que se encargará de ver esta propuesta está conformada por las diputadas de Morena Mónica Robles Barajas y Rosalinda Galindo Silva, Presidenta y Secretaria, respectivamente, y por la diputada priista Érika Ayala Ríos como vocal. La abogada Galindo Silva tiene la encomienda de sacar este tema, por lo que no dudamos que ello permita una rápida resolución de tema tan escabroso.
