By La mañana del miércoles en entrevista radiofónica, el fiscal Jorge Winckler Ortiz declaró que las cifras delictivas que dio a conocer en su conferencia de prensa del martes, reflejan que Veracruz está pasando por un momento en el que hay que poner atención a la prevención del delito y trabajar de manera coordinada todas las instancias de gobierno, para poder darle a Veracruz la pacificación que tanto se quiere.
Ojalá hubiéramos escuchado esta postura desde el primer momento en que asumió la titularidad de la Fiscalía General del Estado, y no un día antes de que el Congreso local discuta los dos dictámenes que establecen aplicar el juicio político en su contra.
Lo digo porque Jorge Winckler, durante el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, no buscó reflectores –como ahora–, ni dio conferencias semanales –como ahora– para sentenciar que el gobierno del estado no hacía bien su trabajo en materia de prevención del delito, con todo y que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que al cierre de 2017 y el primero de gestión del panista, los delitos del fuero común alcanzaron los 66 mil 379 casos, 24 mil 067 más que el último año de gobierno del priista Javier Duarte de Ochoa.
Por cierto, casos de los que casi nada se supo por parte de la FGE, quien a decir del investigador Alberto Olvera, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV, “la Fiscalía atendió agendas por decisiones políticas del gobernador, algunas de ellas centrales, que eran castigar los delitos cometidos por funcionarios del gobierno anterior”; de ahí podríamos entender el porqué de su desesperada “reportitis” de cada lunes.
También en 2018, mientras el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaba que, a nivel nacional, Veracruz se situaba entre los diez estados con mayor número de homicidios (700 casos registrados en el primer semestre de ese año), el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, se encontraba en Estados Unidos, en lo que parecía ser la 116 sesión de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA) que se dedica a la certificación en seguridad pública, si no fuera porque le ventilaron algunas fotografías en las que aparecía con una dama que nada tenía que hacer en ese viaje de “trabajo”.
Sobre la ausencia de este exservidor público cuando la inseguridad azotaba prácticamente todo el territorio veracruzano, tampoco hubo pronunciamiento por parte del fiscal. Coincidentemente, se rumoró que Miguel Ángel Yunes Linares habría sido quien ventiló dicho viajecito.
Winckler Ortiz afirma que no es el fiscal incómodo del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez y que sólo está haciendo su trabajo, pero puedo preguntar ¿por qué no hizo lo mismo durante dos años?, ¿por qué sí criticó a la diputada de Morena, Ana Miriam Férraez, y calificó de imprudente sus declaraciones en torno al toque de queda a las mujeres para evitar los feminicidios y calló cuando el ex secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marié, dijo en su comparecencia el 11 de noviembre de 2018 que el incremento de feminicidios en la entidad se debía a que “cada día las mujeres se ponen en riesgo con las actividades que realizan”?
En aquella ocasión, la única que levantó la voz fue la diputada de Morena, Mónica Robles, quien lamentó que el entonces funcionario yunista trasladara la responsabilidad de seguridad a las víctimas. “Sus afirmaciones me parecen una visión misógina y totalmente equivocada”, manifestó, mientras que, del fiscal, nada se supo.
Seguramente, hasta el último minuto como fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz mantenga su postura en el sentido de que en Veracruz no se respetan las leyes y que nunca fue el fiscal carnal de Miguel Ángel Yunes Linares, pero los hechos ahí están y para su mala fortuna, éstos no puede esconderlos ni desecharlos como hizo con los cientos de delitos por los que hoy las familias de personas desaparecidas, empresarios, alcaldes y sociedad en general claman su destitución.
Las benditas redes sociales
“Cuando se deja de escuchar al pueblo se empieza a sembrar la debacle de un Gobierno. Veracruz no merece un delegado como Manuel Huerta Ladrón de Guevara, @lopezobrador_ recuerde que en tres años +- ya desfilaron @PRI_Nacional y @AccionNacional por mi estado. Serán uds los 3eros?”Gustavo David (GD) @OntoThanatos
¿De qué lado se pondrá Manuel Huerta en juicio político contra Winckler?
Este miércoles, en el programa FormatoTr3s que difunde Formato Siete por streaming desde su cuenta en Facebook, comentamos los esfuerzos que –a raíz de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador y las expresiones de urgencia que el mandatario le mandó públicamente– el “súper delegado” federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ha empezado a repartir culpas sobre la ralentización en la conformación de los Censos del Bienestar.
El primero en ser señalado, acaso con alguna razón, fue el alcalde de Coatzacoalcos, Víctor Manuel Carranza Rosaldo, por haber suspendido el apoyo del ayuntamiento al registro de adultos mayores y discapacitados a los programas de la Secretaría del Bienestar, que sería en la Expo Feria, pero antes, sotto voce, el señalado por este personaje era el mismísimo gobernador Cuitláhuac García Jiménez; de hecho, en la primera llamada de atención que hizo el Presidente, aunque descargó la regañina en su empleado, Manuel Huerta, también se refirió al Gobernador, aunque solo fuera para pedirle respaldar al súper delegado para que cumpliera con una labor de enorme interés para el gobierno federal.
Para nadie es un secreto que en el interior de los cuadros de Morena hay una lucha fraticida. Unos contra otros se lanzan acusaciones o se establecen extrañas alianzas con quienes aparecen claramente como evidentes enemigos de Morena.
Hace tiempo que se ha observado a Manuel Huerta basar su trabajo en guiños a personajes identificados claramente con Miguel Ángel Yunes Linares. Por ejemplo, el martes, al responder a una entrevista de un noticiero radiofónico en Coatzacoalcos, no solo mostró su extrañeza por la reacción del alcalde local sino que ponderó el apoyo que, en contraste, ha mostrado el alcalde panista de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, quien ha respaldado las acciones para incorporar a la lista de beneficiarios a los habitantes de su municipio.
Y algo preocupante para los propósitos del gobierno de Cuitláhuac es la constante comunicación del delegado federal con el fiscal Jorge Winckler Ortiz durante las reuniones para analizar la situación de violencia e incidencia delictiva en Veracruz, donde el oaxaqueño pasa como el hombre invisible, aunque no para Manuel Huerta.
La tarde de este jueves, cuando se discuta en el Congreso local, en la primera sesión del periodo extraordinario de sesiones (que tendrá carácter de privada), los dictámenes presentados por la Comisión Instructora para someter a Jorge Winckler Ortiz a dos posibles juicios políticos, veremos qué tanta lealtad institucional y partidaria muestra el súper delegado con sus aliados en el Congreso a la hora de aprobar ambos dictámenes.
El primer dictamen con proyecto de acuerdo declararía procedente la denuncia de Juicio Político presentada por el abogado José Jorge Reyes Peralta en contra de Jorge Winckler Ortiz, en su calidad de Fiscal General, mientras que el secundo dictamen con proyecto de acuerdo declararía procedente la denuncia de Juicio Político presentada por Francisco Zárate Aviña, también contra Winckler.
Ya veremos si el nivel de grilla llega incluso a impedir que el Fiscal General pase al proceso de juicio político que se dirimiría en el Tribunal Superior de Justicia.
