By El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, fue señalado por el gobernador electo, Miguel Ángel Yunes Linares, por tráfico de influencias tras presentar una serie de documentos de una red de empresas del funcionario y su familia.
Yunes Linares indicó que algunas de estas empresas fueron contratadas por la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, específicamente por la SSP a cargo de Bermúdez Zurita, y actualmente se les pretende incluir en el listado de acreedores a los que buscan pagar sus adeudos con el impuesto al tres por ciento a la nómina, cuya aprobación aún está en análisis en el Congreso del Estado.
Los hermanos del titular de la SSP –único funcionario del Gabinete que ha permanecido todo el sexenio en su cargo– son los que fungen como socios o propietarios de estas empresas; Miguel, Jesús Gabriel, María Guadalupe y Carolina Bermúdez Zurita; también la madre del funcionario, María Guadalupe Zurita García, aparece en los documentos, y otros dos familiares, Jesús Bermúdez González y Gerardo Bermúdez González.
Roberto Esquivel Hernández es un nombre que, de acuerdo con Yunes Linares, aparece una y otra vez vinculado en estas empresas, y que a su vez, está en la lista de acreedores a los que se pretende pagar 71 millones 747 mil 852 pesos con 20 centavos con dinero del Impuesto al 3% a la nómina.
Por estos hechos indicó que esta semana iniciarán un proceso de denuncia contra el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Antonio Gómez Pelegrín, el subsecretario egresos, Jorge Fernando Ramírez Tubilla, y a todos los responsables que firmen esta lista de acreedores.
Las compañías que mencionó el gobernador electo como parte de esta red son las siguientes: Grupo Profesional de Resguardo, Seguridad Privada GPR, Grupo Profesional de Alarmas, Profesionales de Seguridad privada Integral, Profesionales Privados en Custodia y Resguardo empresariales, Guardias Empresariales de Seguridad Privada, Brigada E 511, Grupo Berck, Administradora Veracruzana de Inmuebles, Acever, Desarrolladora hotelera 12G SAPI, Naturalia Operadora Gourmet, Operadora Cabagoti, Historial Maya Tours, Operadora de Servicios Turísticos GSM, SR&Friends Veracruz, Pressto Max Sociedad cooperativa de Responsabilidad Limitada, Corporativo Nacional de Transportes Berzua, Círculo Coba del Sureste, MAGC Ejecutiva de Aviación.
El secretario de Seguridad Pública aparece como socio en varias de estas empresas, una de ellas el Grupo Profesional de Resguardo.
Además, Yunes Linares especificó que de acuerdo con la averiguación que realizaron ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, se determinó que estas empresas son propietarias de bienes con un valor millonario.
Entre los que se dieron a conocer se encuentran cuatro oficinas del World Trade Center en la Ciudad de México propiedad de Grupo Berck en conjunto con administradora veracruzana de inmuebles así como locales 22 y seis de condominio vía 38 con valor de un millón de dólares También propietaria de 30 por ciento de un inmueble con valor de 13 millones de pesos en el puerto de Veracruz.
Icaza Development Group posee edificio denominado «Ahorro postal» en México adquirido en 2011, otro residencial así como los lotes 97 y 99 de la calle Popocatepetl. En Xalapa tienen dos edificios en fraccionamiento El Vergel.
Estas empresas además brindan servicios de bares y discotecas en Quintana Roo y otras más son para otorgar préstamos monetarios.
10 de los contratos de compraventa que se relacionan con estas empresas fueron hechos por el Notario Público Armando Gálvez de Aragón, asesinado en el 2013 en la colonia Polanco de la Ciudad de México.
«Las preguntas son: sabía el secretario de Seguridad que estaba contratando a uno de sus socios y que estaba cometiendo delitos. Sabía Duarte de la cantidad de empresas adquiridos por el único colaborador que ha permanecido casi seis años en su cargo», afirmó.
El gobernador electo aseguró que realizaba esta serie de declaraciones aunque su vida estuviese en riesgo, pues sabe que se trata de «una banda riesgosa».
Aseguró que han encontrado otra serie de irregularidades en el listado de acreedores a los que pretende pagárseles con el dinero del impuesto del tres por ciento a la nómina, siempre y cuando lo apruebe el Congreso, como una empresa ubicada en colonia popular que facturó 325 mil mochilas por 55 millones de pesos.
«No existe empresa ni empresario y está validado ya por Secretaría Educación y de Finanzas que se le pague. La pregunta es a quién se les va a pagar», afirmó.
Añadió que también hay bienes inmuebles que fueron adquiridos por el ex secretario de Educación en Veracruz –actual diputado federal– Adolfo Mota Hernández.
El legislador local panista, Julen Rementería del Puerto, denunció que en el legajo que se les entregó con la información de las empresas que hicieron obra y a las que se les adeudan recursos y que también pretenden pagar con dinero del impuesto al tres por ciento a la nómina, encontraron cantidades duplicadas.
«Llama la atención que a partir de aparición de tomos, la mayoría de los adeudos son anteriores a último dato de Cuenta Pública del 2014. Se traería incumplimiento se secretario de Finanzas a no registrar operaciones en el momento. También hay omisión grave porque titular de Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que ‘no se dio cuenta’ que en los estados financieros no hay ninguna de estas cantidades. El 80 por ciento de estas cantidades no estaban ahí», afirmó.
Rementería del Puerto señaló que hay 100 millones de pesos de compañías que aparecen en dos listas distintas y son estrictamente las mismas cantidades; además de que se han detectado que existen algunas «empresas fantasmas» como un taller en Minatitlán al que se le adeudan 60 millones de pesos, sin embargo en una fotografía de la fachada, no se percibe un negocio tan próspero.
