By Esta semana podría quedar resuelta la designación del titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas del Delito (CEAIVD) en Veracruz por parte del Congreso local.
Ello sucederá en un momento álgido para la población, por el crecimiento inusitado de los delitos de alto impacto y, por ende, el engrosamiento de la lista de víctimas, sin que el gobierno estatal se preocupe más allá de contar con un responsable, a quien no le darán ni las mínimas herramientas ni los recursos necesarios para desarrollar su trabajo.
Hay que reconocer que no se ha hecho mayor cosa a favor de las víctimas en Veracruz. Con Fidel Herrera y Javier Duarte, el tema prácticamente ocupó una de las zonas más oscuras de la estructura administrativa.
El haber puesto al frente de esa comisión a Mireya Toto Gutiérrez, sin demandarle un trabajo efectivo, puso en mayor riesgo y vulnerabilidad a las víctimas, en particular a quienes formaron grupos ciudadanos de búsqueda de desaparecidos, las que fueron (y siguen siendo) desoídas en su justo reclamo de justicia.
Fue justamente el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares quien, tras reunirse con grupos de familiares de desaparecidos, pidió a la perezosa funcionaria que dimitiera para dar paso a personas que sí tuvieran ganas de servir a quienes han sufrido la pérdida de familiares o el trauma de haber sido atacadas en su integridad física y en su libertad.
Independientemente de la decisión que tomen los diputados en torno a cuál de los personajes integrados por el mandatario veracruzano en la terna (Arturo Márquez Murrieta, Lorena Mendoza y Rosa Hilda Rojas) para dirigir a la CEAIVD en los próximos tres años, lo cierto es que es una dependencia prácticamente desmantelada, con un presupuesto de 7 millones de pesos que no alcanza ni para pagar su estructura burocrática y con obligaciones marcadas por la ley que le será imposible cumplir.
Para colmo, el número de víctimas crece con desmesura
Y es que la misión ya es titánica pero se antoja descomunal en el futuro. Aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares señaló este domingo que se ha registrado una disminución de 25 por ciento en los 10 delitos de alto impacto en la entidad respecto de la semana previa, que fue particularmente nefasta, hay organismos como Pacto Ciudadano, cuyo presidente Edmundo Rodríguez Yeladaqui, que señalan un incremento del 43.85 por ciento en los primeros seis meses del año.
Yunes dijo que en la última semana (hasta el pasado 4 de julio) disminuyeron los delitos de homicidio, secuestro, extorsión, robo, robo a bancos (con cero casos), robo de vehículos, a casas-habitación y a transeúntes, aunque no ocurre eso en todas las regiones. Xalapa, que nos toca, subió de 4 a 6 homicidios de una semana a otra, mientras que las ejecuciones pasaron de 1 a 3.
Es la única región que no registró disminución, porque incluso la zona conurbada de Veracruz y la región sur tuvieron un respiro. Según Yunes Linares, ello ocurrió debido “a que se lograron golpes muy eficientes a la delincuencia, tanto en la región de Veracruz-Boca del Río, con el abatimiento del líder de uno de los grupos delincuenciales más activos y más peligrosos en la zona y la detención de una banda importante de sicarios que asesinó al Comisario Camilo Castagné; y en el caso de Coatzacoalcos, a la detención del líder de la célula delictiva más peligrosa y más importante que venía operando en esa zona”.
El análisis, si se puede decir, es microscópico y no podemos decir que haga tendencia. Según Rodríguez Yeladaqui, de enero a julio se abrieron 16 mil 312 carpetas de investigación, mientras que en igual lapso de 2016 se iniciaron 11 mil 339.
“Claramente se puede apreciar la falta de un verdadero plan para combatir la inseguridad en Veracruz; el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares cree que con llenar de policías a las ciudades el crimen se acabará. No hay un verdadero interés por erradicar el flagelo en la entidad”, comentó el dirigente de la organización no gubernamental, quien puso en el tapete el hecho de que las denuncias por homicidio pasaron de 518 en 2016 a 1 mil 022 en 2017, lo que representa un aumento de 197 por ciento, un porcentaje similar en materia de secuestro, que pasó de 50 a 72 denuncias.
Estos datos los destaco, aunque se refieran en particular a una semana y a un semestre, respectivamente, porque señalan un crecimiento en el número de víctimas que deberían ser atendidos tanto por el gobierno estatal como federal, a través de sus respectivas comisiones.
¿En qué condiciones actuará la CEAIVD?
La Ley General de Víctimas, promulgada en 2013 y reformada en enero pasado, obliga a las entidades federativas a incorporar como parte de la estructura de la comisión de apoyo a víctimas, tres áreas fundamentales: una Asesoría Jurídica Estatal, conformada con expertos jurídicos que orienten y representen a las víctimas en sus derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral; un Registro Estatal de Víctimas, que a su vez alimente al Registro Nacional de Víctimas, y un Fondo Estatal de Apoyo, Asistencia y Reparación Integral.
Ese ordenamiento establece que los estados deberán calcular los recursos para sus fondos estatales en una proporción igual a su porcentaje poblacional con respecto al total nacional, tomando en cuenta que la sumatoria de todos los estados equivalga al 50% del presupuesto total del Fondo Nacional.
Luego entonces, si el Fondo Nacional recibe aproximadamente 500 millones de pesos del Presupuesto de Egresos Federal, el Estado de Veracruz debería calcular dentro de su Presupuesto de Egresos una cantidad de entre 17 y 20 millones de pesos, en cada ejercicio fiscal.
La Ley de Víctimas del Estado de Veracruz entró en vigor el pasado 4 de abril y está ya completamente armonizada con la Ley General y, por lo tanto, contiene las medidas de apoyo y reparación a favor de las víctimas que se deben pagar con el Fondo Estatal. También introduce las figuras de la Asesoría Jurídica Estatal, los asesores jurídicos, el Registro Estatal y el Fondo Estatal, que deben ser encabezados por un director experto en cada uno de esos temas.
Los diputados aprobaron la Ley de Víctimas del Estado, que tiene cosas de vanguardia, entre las que destaca la legalidad de la interrupción del embarazo, pero no contemplaron recursos adicionales ni para la operación de la ley, ni para el Fondo Estatal.
El presupuesto aprobado para la CEAIVD es de apenas 7 millones de pesos, y actualmente tiene únicamente 17 servidores públicos que no están capacitados ni especializados, para cubrir un estado que tiene índices de incidencia delictiva tan altos que se ubica en los primeros lugares nacionales en materia de violencia.
No es posible imaginar que con apenas 7 millones de pesos, que mal alcanza para hacer funcionar a esta comisión, y sin un solo centavo para crear el fondo para la atención, ayuda y reparación del daño que exige la ley (que debería ser de 17 millones como mínimo), podamos pensar en que hay un interés genuino del actual gobierno en resarcir a miles de víctimas del delito.
Para dar una idea de lo raquítico de los recursos con que cuenta esta comisión, baste invocar los montos que tienen otras comisiones (que tampoco tienen presupuesto suficiente) como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), que tiene un presupuesto de 50 millones; o el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), de 40 millones, o la Comisión Estatal de Apoyo y Protección de Periodistas (CEAPP), con 20 millones o, incluso, la Comisión de Arbitraje Médico, que tiene un presupuesto mayor de 17 millones de pesos.
La institución que por mandato de ley debe atender a las víctimas en Veracruz en un territorio inmenso, sólo cuenta con 7 millones de presupuesto y, lo que es peor, no tiene recursos en el Fondo, cuyo monto es y debe ser independiente del presupuesto ordinario. Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | www.alvarobelin.com | Twitter: AlvaroBelinA | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram
