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El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que han venido «a trabajar juntos y sin cesar para llegar a la raíz del problema».
El gobierno argentino desplegó este miércoles los primeros refuerzos policiales para combatir el narcotráfico en la ciudad agroindustrial de Rosario, a 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, en reacción a recientes episodios de violencia que se cobraron la vida de un niño en un tiroteo.
«Todos sabemos lo que sucede, es imperioso que lleguemos hasta el hueso», dijo el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, al hablar a un batallón policial de Rosario.
La tercera ciudad argentina por cantidad de habitantes (1.3 millón) atrajo la atención internacional la semana pasada cuando dos desconocidos en moto balearon un supermercado de la familia de la esposa del astro del fútbol Lionel Messi y dejaron un mensaje de amenaza. La ciudad portuaria del interior del río, que tiene un historial de violencia de pandillas, ha visto alrededor de un asesinato por día este año y ha provocado una gran respuesta nacional.
Por orden del presidente Alberto Fernández, fueron despachadas nuevas fuerzas a Rosario hasta completar unos mil 400 efectivos. Rosario es la ciudad con mayor criminalidad de Argentina, con una tasa de 22 homicidios por cada 100 mil habitantes, cinco veces más que el promedio nacional, pero es debajo de muchas ciudades que en el resto del continente, como Colombia y México.
«Hay gente que está padeciendo y viven con el corazón en la boca», admitió el ministro Aníbal Fernández. «Hemos traído fuerzas federales con la fuerza suficiente para actuar en toda la ciudad», y se comprometió a luchar «hasta los huesos» para enfrentar a las pandillas.
Momentos de zozobra se vivieron el domingo con la muerte de un niño de 11 años en medio de un tiroteo entre narcotraficantes, en un empobrecido barrio de la periferia rosarina. Impactaron en la opinión pública las imágenes de graves incidentes en el barrio, cuando familiares y vecinos del niño saquearon e incendiaron casas de los presuntos responsables del crimen. A raíz del ataque vecinal, las bandas narcos enviaron por redes sociales amenazas de disparar «balas para todos», en represalia.
“Si uno sale tiene que estar pendiente de sus hijos, de la gente mayor”, dijo Roxana, de 47 años, residente de un barrio pobre de Rosario. “Siempre hay miedo por los niños y por nosotros mismos, la gente que trabaja”.
“Aquí hay muertes por todas partes. Eso no puede, no debe pasarnos a la gente aquí en Argentina”, dijo el residente local Oscar Ruiz.
El presidente Fernández dispuso también enviar a miembros de la compañía de ingenieros del ejército para ayudar a la urbanización de los barrios populares donde el narcotráfico se mueve a sus anchas. Los militares actuarán sin armas debido a la estricta prohibición constitucional de intervenir en seguridad interior.
“Estamos hablando de barrios que sufren esta presencia porque las pandillas roban, porque presionan a la gente, porque aprietan a la gente y porque lastiman a la gente”, dijo Aníbal Fernández.
La reacción de organismos defensores de derechos humanos fue rechazar la movilización de militares. «Es un hecho grave que muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana», dijo el humanitario Centro de Estudios Legales y Sociales. En otra reacción al anuncio gubernamental, la fiscal general de Rosario, María Eugenia Iribarren, dijo a la radio LT8 que «hay casos de complicidad policial con el narcotráfico, en una degradación que lleva años».
Con información de: Excelsior
