By Ciudad de México.- «Los congresos locales en México predican con el mal ejemplo”, puesto que teniendo la obligación de vigilar el ejercicio del gasto de los estados y municipios (2.5 billones de pesos, 42% del gasto público total), incumplen con el presupuesto que se autoasignan cada año.
Así lo estableció el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco)en su Informe Legislativo 2018, en el que señaló que los congresos estatales gastaron 14 mil 687 millones de pesos el año pasado, lo que implicó un incremento de 9.5% respecto al presupuesto que se aprobaron en los respectivos presupuestos de egresos subnacionales.
Realmente no tendría por qué existir una variación presupuestal de los congresos locales porque no está dentro de sus funciones atender eventualidades. La función legislativa permanece constante en el tiempo y sigue con las mismas facultades, por eso no se justifican grandes modificaciones en el gasto. En realidad, los presupuestos terminan siendo de juguete”, informó el Imco.
Oaxaca, con un sobregasto de 86%; Hidalgo, con 29.9; Tamaulipas, con 19.9%; Guanajuato, 18.5% y Guerrero con 17.4%, fueron las entidades con mayor sobrejercicio en el presupuesto de sus congresos locales; en tanto las únicas entidades que registraron menor monto ejercido frente a lo aprobado fueron Tabasco (6.2%), Yucatán (4.5%), Chihuahua (3.8%), Jalisco (2.4%) y Zacatecas (1.5 por ciento).
“Sedesoles” legislativas
En su informe, el Imco también resaltó un rubro de gasto que, en su opinión, no deberían ejercer los congresos de los estados, y se trata de las “ayudas sociales”, en el que 23 parlamentos ejercieron en total mil 442 millones de pesos en 2017.
Más que una tarea parlamentaria, esta función es propia de una Secretaría de Desarrollo Social… No obstante, año con año las legislaturas registran gastos por este concepto sin que se rindan cuentas de ello. No es posible conocer quiénes fueron los beneficiados, quiénes los ejecutores, ni bajo qué reglas de asignación y operación se manejaron”, expresó el reporte del Imco.
La Ciudad de México, con 294.3 millones de pesos y el Estado de México con 281.5 millones de pesos fueron las entidades que más destinaron recursos a “ayudas sociales”, lo que representó el 40% del total del gasto “en funciones que legalmente no les corresponden”.
Ni siquiera con situaciones como una mayor inflación a la esperada se justifica un sobregasto de los congresos, y más si éste es mayor al 5%. Eso habla de una mala planeación y ejecución del gasto por parte de las legislaturas locales”.
Por ello, el Imco afirmó que reducir la corrupción en estados y municipios pasa necesariamente por mejorar el ejercicio del gasto de los congresos locales, además de mejorar sus capacidades de monitoreo y supervisión.
Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad
