By No parece que pronto vaya a haber una tregua en la violencia desatada por las bandas criminales en Veracruz. La visita este miércoles del titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, para analizar la creciente incidencia delictiva de alto impacto en la entidad parece corroborar los más negros presagios.
Tan solo comenzar la semana, los medios han dado cuenta de 15 homicidios, cuatro de ellos en Xalapa y tres en Cosamaloapan, mientras los demás estuvieron repartidos en Catemaco, Veracruz, Carlos A. Carrillo, Tres Valles, Tezonapa y Cosoleacaque.
¿Qué es lo que está fallando en la estrategia conjunta del gobierno estatal con las fuerzas federales, que han llegado en número y diversidad de cuerpos de seguridad a unirse a la adelgazada policía estatal?
De entrada, aunque el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se reúna semana tras semana con los representantes de las secretarías de Gobernación, Marina y Defensa Nacional, además de su debilitada Secretaría de Seguridad Pública, lo cierto es que no ha habido trabajo alguno encaminado a fortalecer las líneas operativas de la policía local, tanto en número y capacidad de fuego, como en capacitación y trabajo de inteligencia.
Los cuerpos federales de seguridad, llámense Gendarmería, Policía Militar, Marina o Ejército, recorren el territorio veracruzano en calidad de turistas. Como en la estrategia de Felipe Calderón, pretenden enfrentar a la delincuencia como si fuera una guerra regular, como si los delincuentes estuvieran apertrechados en el campo de batalla a la espera de intercambiar fuego con los federales.
Hasta donde hemos podido observar, son pocas las acciones efectivas que permitan avizorar duros golpes a las bandas criminales. Han sido detenidos algunos líderes de bandas de secuestradores, como en el norte del estado y en la zona de Coatzacoalcos. Pero es que el negocio del secuestro, el tráfico de drogas y de personas, el homicidio y la extorsión se ha extendido masivamente.
Para colmo, la propia estructura burocrática del Gobierno del Estado parece desfallecer en los brazos de la abulia, la falta de recursos para operar cualquier programa, la prohibición para moverse más allá de las tareas básicas y, también, una relajada actitud no solo en la Cámara de Diputados, donde parece que los panistas le están jugando las malas a su propio jefe político, sino en casi todas las secretarías, a excepción de aquellas que en este primero año están jugando las principales tareas del gobierno como, en ese orden, las secretarías de Salud, Infraestructura y Obras Públicas y, claro, Seguridad Pública.
Por desgracia, en los dos años de gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares tendrá su mayor atención puesta en los procesos electorales. La primera prueba la pasó muy bien, con la obtención de 106 alcaldías, justo el 50 por ciento de las que estuvieron en juego.
En 2018, sin embargo, viene la grande, donde no solo buscará colocar y hacer vencer al actual alcalde de Boca del Río, su hijo, sino lograr para él una Legislatura a modo. Adicionalmente, tendrá que rendirle buenas cuentas al PAN en la elección presidencial y permitir un mayor acceso de panistas al Congreso de la Unión, donde se renuevan las cámaras de Diputados y Senadores, y eso representa por supuesto endurecer la campaña contra Andrés Manuel López Obrador y Morena.
Una cosa es cierta: los veracruzanos deseamos fervientemente que le vaya muy bien al gobernador Yunes en su complicadísima tarea de bajar los índices delictivos en la entidad. Y es que en ello se nos va la vida.
Agresiones a periodistas, la piedra en el zapato
Roberto Campa Cifrián lo cataloga como un “gran desafío”. Las palabras del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación respecto a garantizar la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos significan casi una declaración de derrota ante un problema que ya vivimos los veracruzanos y que ha crecido alarmantemente en todo el país.
Chihuahua y Veracruz son los estados que son considerados como los mayores focos rojos, al menos en lo que se refiere a la falta de seguridad para los periodistas frente a agresiones no solo del crimen organizado sino también del aparato burocrático en todos los niveles, desde el federal hasta el municipal.
No solo Campa reconoció ante legisladores el grave problema de asegurar la vida a los periodistas sino también autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), a apenas unos días de que, ante el asesinato del periodista Javier Valdez, del semanario RíoDoce, el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa, el presidente Enrique Peña Nieto anunciara acciones supuestamente contundentes para proteger a periodistas y acabar con la impunidad en los asesinatos de comunicadores. Un acto al que, por cierto, hasta donde sé, no acudió el gobernador veracruzano, quien tiene en deuda el esclarecimiento del homicidio del periodista Ricardo Monlui, ocurrido en Yanga.
A nuestros funcionarios se les llena la boca de cifras insustanciales. Campa Cifrián, por ejemplo, señala que hasta mayo pasado, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas dio protección a 727 personas, ninguna de las cuales, dijo, ha sido privada de la vida.
E informó justo este martes que 556 personas, 40 por ciento de ellas, periodistas, reciben protección del Mecanismo. Pese a ello, en lo que va del año fueron asesinados siete periodistas en el país, presuntamente por motivos relacionados a su labor.
La PGR, por cierto, informó que la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia aprobó nuevos acuerdos. Uno de ellos, impulsar un proyecto integral de atención a los delitos cometidos contra la libertad de expresión para facilitar la cooperación, la coordinación y la comunicación institucional directa a partir de homologar los procesos y las estructuras institucionales de todas las procuradurías y de la PGR, según lo informó Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos de esa dependencia.
También se trabaja en adoptar un plan rector de capacitación y especialización de los operadores de justicia en la materia y la adopción del protocolo único de investigación y atención a víctimas, así como en el diseño y operación de una estrategia de investigación sobre los delitos.
Lo cierto es que todo parece enfocarse en declaraciones para lograr grandes encabezados en los medios de comunicación, propiedad de muchos empresarios a quienes lo menos que les preocupa es que sus reporteros, redactores, analistas y fotógrafos tengan garantizada su integridad física. Comentarios: belin.alvaro@gmail.com | www.alvarobelin.com | Twitter: AlvaroBelinA | Facebook | Google+ | Linkedin | Instagram
