By Si la bancada del PRI y sus aliados políticos en el Congreso del Estado hoy aprueban utilizar el Impuesto a la Nómina para el pago a contratistas y proveedores, no sólo transferirán a los empresarios veracruzanos una deuda de 12 mil millones de pesos, sino que además encubrirán el pago «millonario» a empresas inexistentes e igual taparán el desfalco por varios miles de millones de pesos que el gobierno estatal hizo del dinero que envío la Federación y que nunca fue entregado.
Alejandro Zairick Morante, diputado por Orizaba, anticipó que en la sesión del Congreso del Estado de este jueves, la bancada del PRI y sus aliados pretende aprobar y heredar otra deuda más, en este caso a los empresarios del estado, por ello el legislador convocó a los diputados a no aprobar «el segundo anexo único» que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) hace apenas tres días entregó a los congresistas «para su análisis fast track».
Entre las empresas acreedoras del gobierno, algunas de ellas son de dudosa credibilidad debido a inconsistencias detectadas, «por ejemplo una de ellas presenta un domicilio fiscal que en la realidad corresponde a un taller mecánico en el municipio de Minatitlán».
La iniciativa, dijo el diputado local, «para utilizar el Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal, al pago del pasivo circulante proveniente de los adeudos que generó el gobierno del estado durante varios años y que crea dos fideicomisos por el incumplimiento de ese objetivo», es inconsistente.
Este anexo antecede a otro entregado el pasado 7 de julio y ese documento presentó un listado de proveedores y contratistas que carecía de firmas que avalaran el contenido y que incluía además a varias empresas vinculadas a la investigación de empresas fantasmas que realizó el portal electrónico Animal Político.
Las empresas que hace apenas 13 días se rechazaron y que son investigadas por el SAT son: AD911 S.A de C.V., Bloques 2DM S.A de C.V., Comercializadora Alifresh S.A de C.V, e Importadora Denylk S.A. de C.V.
Ante esta situación, precisa, «el secretario de Finanzas, presentó un nuevo Anexo Único, el 14 de junio, reconociendo que se depuró y supuestamente se retiraron a las empresas fantasmas, esto quiere decir, apunta que si los diputados del PAN no hubiéramos detectado que estaban infiltrando empresas falsas bajo investigación del SAT, nadie más lo hubiera advertido, es decir, actuaron con dolo y con la intención de sorprender a todos los diputados de la legislatura y con ello aprobáramos un pago ilegítimo».
Tras el primer rechazo legislativo, la Sefiplan tuvo que reajustar el monto a pagar y ese reacomodo superó los 2 mil millones de pesos, aun así el pago a proveedores y contratistas desde 2011, y posiblemente anterior, alcanza 11 mil 577 millones 344 mil 119 pesos con 73 centavos y si se compara con los ingresos que genera el Impuesto a la Nómina, que es del orden de 3 mil 182 millones 031 mil 130 pesos anuales, se necesitarían por lo menos cuatro años a partir de esta fecha para pagar esta deuda, dañando una vez más a las finanzas del estado de Veracruz».
En un documento que el legislador facilitó a La Jornada Veracruz se muestra que más de 30 por ciento de los pagos que ahí se presentan, «corresponden a los ejercicios 2015 y 2016, mismos que en el caso de la cuenta 2015, aún no concluye su proceso de revisión, estando a la espera de que el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) presente su informe de resultados respectivo y por su parte la cuenta pública de este año, aún está en curso y se aprobará hasta 2017, por lo que no deben incluirse contratistas y proveedores de estos ejercicios», puntualiza.
El diputado además señala que en la revisión realizada se encontraron: contratistas y proveedores duplicados, en los casos concretos de la SIOP, SEV y otras dependencias; pagos de estimaciones triplicadas y pagos duplicados en la SIOP; pagos a empresas cuyos contratos fueron rescindidos por haber sido inhabilitadas en otros estados, como el caso de Expectras, que dejó abandonadas obras de los Juegos Centroamericanos.
Del mismo modo, continúa, «se pretende realizar pagos a la empresa Autotraffic, encargada de las fotomultas; empresas cuyos socios está vinculados con funcionarios de gobierno, como es el caso del conflicto de intereses que se presenta con Roberto Esquivel Hernández, quien aparece como acreedor de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), pero a la vez es socio del titular de la misma dependencia».
Entre otros acreedores se encuentra: «Cruz Roja y la Fundación Teletón, a la que se presume no le entregaron 66 millones de pesos que aún faltan por cotejar; hay adeudos con Comisión Federal de Electricidad; se reconocen adeudos por retenciones realizadas al IMSS a cuotas patronales; existen adeudos con empresas que bajo convenio, dieron créditos a empleados para posterior descuento en nómina y reconoce que las retenciones se realizaron oportunamente, específicamente en la SEV».
También, explica, encontraron pagos a empresas aseguradoras de vehículos que no proceden, pues desde el inicio de la falta de pago se entiende que los vehículos estuvieron sin cobertura en todas las dependencias; en varias de las secretarías del gobierno del estado.
Se realizaron obras que no guardan congruencia con su objeto. El mejor ejemplo es la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), que según el reporte de Sefiplan construyó carreteras y aulas además de donaciones sin sentido a fundaciones de equinoterapia, que igual fueron contratadas por la Secretaría de Salud.
Existe el caso, sostiene el documento de la persona física María Guadalupe López Aguilar, «a quien pretenden pagar casi 65 millones de pesos, siendo que el domicilio fiscal corresponde a un taller mecánico en la ciudad de Minatitlán, además de que esta persona fue denunciada por el ex presidente nacional del PAN Gustavo Madero por la compra de 270 millones de pesos en cemento, que fue distribuido en tiempos electorales, es decir se pretende pagar a un mapache electoral».
Zairick Morante además expuso que existe el caso del Jefe de la Unidad Administrativa de la Secretaría de Desarrollo Social del estado (Sedesol), «quien firma el documento y que después de ser investigado resultó ser socio de las empresas Constructora e Inmobiliaria Rodríguez Landa, S.A de C.V y que fuera contratado por la misma Sedesol; la empresa pretende un autopago por casi 3 millones de pesos, además es socio de Heyka S.A de C.V, a quien la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas le pagara más de 16 millones y medio de pesos».
Lo que el gobierno del estado, a través de la bancada del PRI y sus aliados en el Congreso local pretenden es realizar pagos ilegítimos e ilegales, «y no tenemos más certeza, pues los nombres ahí plasmados pueden corresponder a personas físicas o a representantes legales de personas morales, con lo cual se obstaculiza la labor de identificar conflictos de interés que evidentemente se irán evidenciando con el tiempo.
En estas transacciones, señala, hay otras irregularidades, porque según la reglamentación debe existir un expediente de la adquisición del bien o servicio que vincula a la dependencia y a cada persona física o moral que se encuentra en la lista de proveedores y contratistas y que además, según sea el tipo de adquisición que puede ser por licitación, invitación o adjudicación directa; igual deben existir dictámenes o actas de subcomités avalados por contralorías internas que garantizaron la existencia de recursos para cubrir la obligación, «de ahí la pregunta ¿dónde está el dinero?», cuestiona el diputado.
El gobierno de Javier Duarte igual afectó a contratistas de obra a quienes de plano les despojó su dinero, pues se detectó que hay proveedores y contratistas, cuyos contratos marcaban como fuente de financiamiento recursos federales, mismos que oportunamente la Federación envió a Veracruz, pero que no fueron pagados a los empresarios.
«No se puede pretender que los diputados locales aprueben y comprometan a la siguiente administración estatal el pago de adeudos por contrataciones, que en su momento contaron con el dinero para cubrirlos y que este gobierno no pagó, pero que además no se aclara que pasó con ese dinero, por qué no se pagó a tiempo».
El Impuesto a la Nómina ha tenido múltiples señalamientos de opacidad, dentro de los cuales se encuentra la falta de transferencia al Fideicomiso del 2 por ciento a la Nómina de los recursos recaudados por Sefiplan desde 2009 a la fecha y que ascienden a más de 6 mil millones de pesos, de los que nadie dice dónde están.
Desde la Secretaría de Finanzas, revela, «se está elaborando un tercer anexo único y si existe, exigimos que se nos entregue y que no se presente para aprobarlo en la sesión de este jueves; no se trata de continuar con una depuración que contrarreste el dolo y mala fe con la que actúa la actual administración estatal, porque se trata de un tema que dañará las finanzas públicas y en consecuencia la economía de Veracruz».
Para aprobar el pago de esta deuda y conforme a la nueva normatividad en materia disciplinaria financiera, la votación requerida es de las dos terceras partes de los diputados presentes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 Constitucional y 23 de la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios.
En caso de que este jueves los diputados locales aprueben el uso del Impuesto a la Nómina para pagar deuda pública, incurrirán en violaciones a la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas y Municipios, la que en su artículo 62 señala quienes pueden ser sancionados por aprobar pagos como estos.
En el citado artículo se lee: «la responsabilidad se fincará en primer término a quienes directamente hayan ejecutado los actos o incurran en las omisiones que las originaron y subsidiariamente; a los que por la naturaleza de sus funcionen hayan omitido la revisión o autorizado tales actos por causas que impliquen dolo, culpa o negligencia por parte de los mismos».
Acciones legales
Los trabajos a seguir, si este jueves los diputados priístas y aliados aprueban el uso de los recursos del Impuesto a la Nómina, «es denunciarlos por la vía penal, de acuerdo con el Código Nacional y Procedimientos Penales y con base en la Ley de Disciplina Financiera, esto nos obliga, –a los diputados de oposición– a dar parte a las autoridades».
Asimismo, advierte, «de juntar 17 firmas de diputados locales, procederemos a la interposición de una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y además de las denuncias penales federal y local, ya que el anexo único firmado es una confesión por escrito; los delitos que se denunciarían serían: peculado, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, incumplimiento de un deber legal y las que resulten por el daño patrimonial».
FUENTE : LA JORNADA VERACRUZ
