La Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, informó que han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas.
Verónica Hernández Giadáns, Fiscal General del Estado de Veracruz, se pronunció a través de un video sobre la denuncia que el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos respecto al trato que recibió una familia, cuando les fueron estregados en bolsas de basura los restos de un joven desaparecido 21 de abril de 2020 en la zona sur de la entidad veracruzana.
“Como Fiscal General, quiero informar que derivado de los hechos denunciados, justificadamente por el Colectivo Madres en Búsqueda Coatzacoalcos, he instruido cambios en la Sub Unidad Integral de Procuración de Justicia en Las Choapas, Veracruz, para designar como fiscal encargada, a la licenciada Jessica Lizbeth Orozco Presenda”, señaló mediante el video colocado en la página oficial de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).
Así mismo puntualizó que hace del conocimiento a la opinión pública que se han iniciado las investigaciones para establecer las responsabilidades administrativas, por lo que se ha aperturado la carpeta de investigación FGE/FIN/16/2021, para fincar las probables responsabilidades en contra de los servidores públicos que violentaron la ley general de víctimas y los protocolos homologados de búsqueda e investigación.
Así mismo expresó que “en la fiscalía general nos regimos bajo una actuación objetiva y en defensa de la legalidad y el interés público, no será la excepción en este caso, en donde fueron violados los protocolos avalados por instancias federales y estatales que de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos de la víctimas se deben seguir al momento de la entrega digna de personas fallecidas”, dijo la titular general de la FGE.
La fiscal Verónica Hernández Giadáns, se solidarizó con la familia y reafirmó su compromiso para combatir estas prácticas que violentan los derechos de las víctimas, por lo que refrendó su compromiso de trabajar de la mano con las familias y las víctimas de los delitos, asegurando que se efectúan las diligencias necesarias para imponer sanciones ejemplares que eviten la repetición de tan lamentables hechos.
Reiteró su exigencia hacia las y los servidores públicos de la institución para que se apeguen estrictamente a la ley y la apliquen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos, por lo que no tolerará una sola conducta que se aparte de los principios que rige la institución que representa.
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