By Tanto en la Ciudad de México como en Veracruz, analistas políticos prevén que, antes de que el presidente Enrique Peña Nieto entregue su IV Informe de Gobierno y ofrezca un mensaje a la nación, en septiembre próximo, podrían caer varios gobernadores y exgobernadores investigados por desfalcos, y mencionan a Javier Duarte de Ochoa, gobernador priista en funciones, y a Guillermo Padrés, exgobernador panista de Sonora, como los primeros en ser tocados por la ley anticorrupción.
Sin embargo, la cosa no es tan sencilla como se dice desde el púlpito mediático, pese a que Peña Nieto lo dijo con todas sus letras al periodista Joaquín López-Dóriga (aquí lo comentamos el martes pasado) y pese a que quienes nos dedicamos a tentarle el agua a los camotes lo consideremos urgente para la credibilidad del Presidente de la República.
Por desgracia, el castigo a gobernadores como el veracruzano, que no solo tiene fama de haber desviado miles de millones de pesos sino que –pecado mayor– se ha confrontado al sistema priista que reconoce al Presidente como el máximo jerarca, no tiene fecha de caducidad.
Ha sido tan estropeado el tema de la salida de Duarte, antes, durante y después de los comicios de junio pasado, que en Xalapa hay un columnista que ha hecho de este tema, una semana sí y la otra también, un verdadero ejercicio de periodismo ficción.
El colega ha dado fechas fatales de la caída del cordobés y prácticamente ha descrito los pasos que seguiría rumbo al cadalso, ofreciendo la transcripción de supuestas conversaciones de sus jueces y verdugos. Sus predicciones, empero, no pasan de ejercicios de periodismo ficción, para desgracia de los veracruzanos, que hace tiempo aspiran a quitarse ese lastre de encima.
Lo que sí es cierto es que Peña Nieto no tiene más en su ánimo al gobernador jarocho. Tales han sido las evidencias y los comentarios en ese sentido, que este jueves su área de comunicación dio mucho relieve a la presencia de Javier Duarte en Los Pinos.
En efecto, en el Salón Adolfo López Mateos de la residencia presidencial se celebró la Segunda Sesión Ordinaria del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), presidida por Peña Nieto. En las fotos giradas localmente se ve a Duarte muy animado ante un Peña Nieto adusto y diplomático. Sin embargo, de nueva cuenta, de las 88 fotografías publicadas por Presidencia, no hay una en que aparezca el gobernador veracruzano.
Y es que a Peña Nieto le urge dar testimonio fehaciente de las intenciones que lo llevaron a promulgar la ley contra la corrupción y crear el sistema nacional contra este cáncer que impide el desarrollo del país, y hacerlo antes de que ofrezca su informe de gobierno. Por lo pronto, evita que se le presente públicamente al lado de los gobernadores señalados con dedo flamígero como los más corruptos, y en ese tema no solo está el Duarte veracruzano sino también el chihuahuense, César, y los mandatarios de Quintana Roo, Roberto Borge, además del exgobernador Rodrigo Medina, quien este jueves logró la suspensión provisional para no ser detenido por el juicio que se le sigue por corrupción, aunque se le impuso como condición la exhibición de una garantía por 50 mil pesos y la prohibición de salir del país.
Será difícil que los manden a la cárcel
El caso de Rodrigo Medina y la dificultad para sustentar una acción judicial en su contra para hacerlo pisar la cárcel puede ser un precedente tanto para quienes están en el tobogán de salida como para quienes pensamos (y queremos) que las cosas se resuelvan rápidamente en su contra.
La empresa FTI Consulting, Inc., que a través de su área de Cosultoría Forense y de Litigio asiste a clientes que se enfrentan a litigios de alto riesgo, arbitrajes e investigaciones sobre cumplimiento legislativo y de normas regulatorias, analiza el caso del exgobernador neoleonés Rodrigo Medina por su presunta acusación del delito de ejercicio indebido de funciones, por la entrega de estímulos supuestamente irregulares a una armadora coreana, y advierte tres elementos por lo que el juez rechazó vincular a proceso al exgobernador por dos de los tres delitos de los que se le acusan.
“Aunque la Fiscalía Anti-Corrupción de Nuevo León califica como éxito el que se haya vinculado a proceso al ex gobernador neoleonés Rodrigo Medina por sólo uno de los tres cargos que presentó contra éste, en realidad seria lo contrario. Las dos acusaciones que fueron desestimadas por el juez son precisamente aquéllas en torno a las cuales se generó una mayor expectativa en la ciudadanía, y por los cuales, de haberse acreditado la responsabilidad del ex gobernador, se hubiesen logrado penalizaciones más severas”.
Sergio Díaz, Senior Managing Director de esa empresa, explicó al respecto que tal resultado era previsible porque “el proceso de investigación e integración de pruebas estaba siendo presionado en tiempo y forma para satisfacer el deseo y expectativa de un amplio sector de la ciudadanía neolonesa de castigar las actividades de corrupción presuntamente cometidas por el ex gobernador y algunos de sus colaboradores y familiares. Para el éxito del caso se requiere la obtención de evidencia sólida e integración adecuada de las carpetas de investigación para mitigar al máximo posible el riesgo de que se “caigan”, como ha sucedido tantas veces en el pasado”.
La empresa señala, como elementos decisivos, en primer lugar, la presión de tiempo y forma: “Una buena investigación de un caso de potencial corrupción no puede guiarse por presiones mediáticas ni tiempos políticos, por entendibles y justificables que éstos sean, pues ello va en detrimento de la calidad y pulcritud del trabajo investigativo y las consecuencias son muy serias: se integran los expedientes con información y elementos de prueba deficientes y/o insuficientes y los casos se “caen” en los juzgados, con el correspondiente impacto negativo en la sociedad, cuya frustración y desconfianza en la justicia aumenta, particularmente en un país como México”.
Y advierte: “Lo sucedido en el caso neoleonés es un anticipo grave de lo que puede suceder en otros casos donde se han anunciado eventuales procesos de investigación sobre presumibles actos de corrupción de gobernadores, sus colaboradores y familiares”.
En segundo lugar, “por difícil y complejo que sea, los procesos de investigación e integración de evidencia deben apegarse a rigurosas metodologías para que se integren adecuadamente los expedientes y se conduzcan al alcance y ritmo adecuado, para que los casos no se ‘caigan’.
Como tercer elemento considera el desarrollo de capacidades y habilidades suficientes para la obtención, preservación, procesamiento y presentación de los elementos de evidencia. “Los errores en el manejo de la evidencia han generado sonoros fracasos en el sistema judicial mexicano que han fortalecido la percepción pública de incompetencia y de desconfianza en el mismo. Hoy, como nunca antes, el disponer de esas capacidades y habilidades será crucial para el éxito del sistema acusatorio mismo y para la causa de los individuos, empresas y autoridades que se vean involucrados en litigios, disputas y casos criminales.
Y advierte: “No hacer esto irá en contra del prestigio y credibilidad de las propias autoridades que promovieron esas investigaciones y, lo más grave, se generará una aún mayor desconfianza de los ciudadanos en el aparato judicial y en la observancia del Estado de derecho”.
Y esto puede ocurrir en los casos restantes. No se pueden apresurar los procesos judiciales para lograr éxitos políticos porque la parte acusatoria puede caer en fracasos que la pongan en una situación de duda.
Llega al TSJ una magistrada de hierro
En esta coyuntura político-electoral todo parece estar sujeto a cuestionamientos, y con mucha razón cuando el Poder Legislativo respalda al Ejecutivo en los más complicados escenarios. Cuando todo parecía imposible para Francisco Portilla Bonilla, este jueves rindió protesta como magistrado del Tribunal Superior de Justicia, junto con otras dos nuevas magistradas.
En esta truculenta transición de gobierno, hay un nuevo magistrado con un objetivo específico (ya todos lo saben), pero hay dos nuevas magistradas más, y tendrán que demostrar que saben de leyes, que sí saben derecho y que están en condiciones de aplicar la justicia.
Dice la máxima popular que el trabajo mata grilla, así que ya veremos su desempeño y las evaluaciones de profesionales bastante exigentes, como la magistrada Yolanda Cecilia Castañeda, la misma que protestó cuando llegó Fernando Charleston y declaró a la prensa que cualquier pendejo puede ser magistrado.
Allá en el Poder Judicial, donde los varones tienen el control, bien podría caerles la llegada de dos mujeres, una de ellas especialista en temas de género y familia. Según los recuentos curriculares, la nueva magistrada Lizbeth Hernández tiene una trayectoria para desahogar el impresionante rezago de asuntos familiares (llueven las demandas de pensión alimenticia).
En Veracruz, por alguna extraña razón, se pusieron de moda las solicitudes de divorcio y no siempre en los mejores términos: pelear un hijo en los tribunales debe ser difícil y, más, decidir con quién se queda, si con la madre o con el padre.
Según las estadísticas que dejó el exdirector del Registro Civil, Rafael Valverde, la capital veracruzana está hasta el tope en el número de divorcios y demandas de pensión alimenticia, y ahora corresponderá la nueva magistrada Lizbeth Hernández aplicar la justicia en estos casos tan delicados.
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