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La ley que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el mes pasado refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente.
Trabajadores en todo Florida se ausentaron el jueves de las obras de construcción y de los campos de tomate, mientras que una gran cantidad de restaurantes, tiendas y otros pequeños establecimientos nunca abrieron sus puertas en protesta por una nueva ley estatal que impone restricciones para los inmigrantes que viven en el país sin autorización.
Los organizadores se refirieron a la protesta como «un día sin inmigrantes».
En el área metropolitana de Orlando, decenas de manifestantes, incluidos algunos camiones con pequeñas grúas de construcción, se reunieron en protesta en una importante intersección ubicada afuera de la oficina de un legislador estatal que promovió la medida.
En Immokalee, una zona en el suroeste de Florida conocida por sus cultivos de tomate, cientos de manifestantes, muchos de ellos acompañados de sus familias, marcharon por 3 kilómetros (2 millas) alrededor del poblado con pancartas y gritando consignas.
En Fort Lauderdale, opositores a la medida gritaron consignas y ondearon banderas afuera del comedor latino de Isis Córdova, el cual permaneció cerrado en protesta.
«Logré obtener un estatus legal en este país, y dije que el día que tuviera papeles levantaría la voz. Voy a hablar por aquellas personas que no tienen una voz», dijo Córdova. «Porque sé lo que es estar en sus zapatos, del otro lado, con ese miedo y viviendo en las sombras».
La ley que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el mes pasado refuerza su programa de reubicación de migrantes y limita los servicios sociales para los inmigrantes que no cuenten con estatus legal permanente.
También aumenta los requerimientos para los establecimientos con más de 25 empleados para el uso de E-Verify, un sistema federal que determina si un empleado puede trabajar en Estados Unidos de forma legal.
Otra cláusula obliga a los hospitales que aceptan Medicaid a incluir una pregunta de ciudadanía en sus formatos de admisión, requerimiento que los críticos aseguran que tiene como objetivo disuadir a los migrantes que viven sin autorización en Estados Unidos de buscar atención médica.
El mes pasado, el grupo por los derechos civiles de los latinos LULAC emitió una recomendación para que los hispanos se abstengan de viajar al estado, advirtiendo que la nueva ley margina a las comunidades migrantes y es inmoral. Otros grupos por los derechos civiles, entre ellos la NAACP y Human Rights Campaign, también han recomendado no viajar a Florida, argumentando que las nuevas leyes y políticas de DeSantis y los legisladores republicanos son «abiertamente hostiles hacia los afroestadounidenses, personas de color e individuos LGTBQ+».
DeSantis lanzó la semana pasada su campaña rumbo a la nominación presidencial del Partido Republicano para 2024.
Un portavoz de la oficina del gobernador dijo el jueves que la nueva ley se enfoca en la inmigración ilegal, y no en quienes están en el país de forma legal.
«Los medios de comunicación han sido deliberadamente imprecisos sobre esta distinción entre la inmigración legal e ilegal para crear este tipo de indignación basada en una premisa falsa», afirmó Jeremy Redfern, secretario de prensa de la oficina de DeSantis. «Cualquier negocio que explote esta crisis al emplear a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y no a residentes de Florida tendrá que rendir cuentas. Cada país defiende sus fronteras con un derecho soberano a hacerlo».
Isaac Dubon, dueño de un negocio de construcción en el sur de Florida, dijo que los inmigrantes son importantes para el estado debido a que realizan trabajos que los demás no quieren hacer.
«Trabajamos mucho en este país, 15 o 16 horas seguidas sin parar», declaró. «Pasamos por muchas cosas. También pagamos impuestos, como todos los demás, y sostenemos a la economía del país».
Con información de: Proceso
