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El subsecretario de Seguridad aseguró que “todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada”.
Las ocho mujeres de origen colombiano reportadas como secuestradas por un grupo delincuencial en Tabasco, “todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada”, además de que “negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad”.
Así justificó el gobierno federal, en voz del subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, la denuncia que se hizo por parte de algunas mujeres víctimas de trata.
El funcionario exhibió que “una de ellas editó un video ahí en la fiscalía donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia. Y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas”.
También hablaron de la situación migratoria de las ocho mujeres, pero no de los que fueron señalados como los delincuentes que están detrás del traslado de mujeres para fines de trata.
“Una de ellas editó un video ahí en la Fiscalía donde manifestó haber estado bajo los influjos del alcohol y sentimental cuando se comunicó con su familiar en Colombia. Y se mostró incluso sorprendida al saber que estaban siendo buscadas por las autoridades mexicanas”, dijo el militar.
En torno a la información de las mujeres mostraron su estatus migratorio, entre ellos datos personales como su fecha de nacimiento y destacó:
“Dos tienen vigente su estadía en México, seis se les venció el permiso para estar en México. Siete sí tuvieron un ingreso legal, está registrado su ingreso a México de una no hay registro”.
También expuso que el Instituto Nacional de Migración (INM) inició el proceso de retorno asistido a su país de origen, “aquí es por falsear su declaración de ingreso a México como turistas y realizar actividades remuneradas”.
Solo una de ellas permanecerá en el país en calidad de refugiada reconocida por la Comar. Las mujeres están en las instalaciones del INM en Villahermosa y se continúa con la investigación por parte de la Fiscalía de Tabasco.
Puntualizó que “en entrevistas realizadas por Fiscalía todas manifestaron ingresar al país de manera legal, todas se dedican al servicio de acompañamiento y fueron contratadas para una fiesta privada mediante un chat de estos de WhatsApp, que por su voluntad permanecieron en el lugar de la fiesta hasta el día de su localización, es decir el 13 de enero. Negaron haber sido secuestradas o retenidas en contra de su voluntad”.
El antecedente que dio fue desde el 12 de enero cuando Consulado General de Colombia en Cancún que presentó una denuncia ante Fiscalía General de Tabasco por presunta desaparición de las ocho mujeres que “habían acudido a una fiesta el 5 de enero en Cárdenas, Tabasco. La Fiscalía abrió carpeta de investigación e inició diligencias para lograr su ubicación”.
La autoridad obtuvo información de llamadas telefónicas hechas por las víctimas a familiares en Colombia y destacó que “en medios de comunicación circuló un audio donde se escucha a una de las desaparecidas comunicándose con un familiar y pidiéndole rezar por ella y sus acompañantes, menciona que han sido despojadas de sus celulares por un problema entre líderes de un grupo delincuencial y menciona disponer de un seguro que puede ser utilizado por sus familiares en caso de que algo le pasara”.
Dijo que el 13 de enero comenzaron operativos interinstitucionales de búsqueda en los que participaron la Fiscalía de Tabasco, el Ejército, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase).
“En la tarde se ubicaron sanas y salvas a las 8 mujeres colombianas en el motel plaza Tabasco en la carretera de Cárdenas a Villahermosa, trasladadas a la Fiscalía de Tabasco para valoración médica y declaración. Se les brindó asistencia jurídica y psicológica”, indicó.
Rodríguez Bucio concluyó que “al manifestar no haber sido víctimas de delito la Fiscalía de Tabasco recabó solamente una entrevista y después las puso a disposición del Instituto Nacional de Migración. El Ministerio Público ordenó medidas de protección y resguardo en tanto se realizan las diligencias”.
Con información de: Proceso
