By Es realmente desalentador lo que para el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ha resultado esperanzador. El sábado, en Boca del Río, reconoció que tras 56 semanas de estar al frente de la administración estatal, por fin una semana, la del 3 al 9 de febrero, ha mostrado la incidencia delictiva más baja.
Lo ha dicho al término de una semana en que su gobierno ha buscado ganar reflectores con una acción de la Fiscalía General que, siendo un avance importante en favor de la justicia para familiares de desaparecidos, se alinea en la estrategia electoral que ha seguido su administración de usar la justicia para amedrentar a sus adversarios políticos y mantener la imagen de justiciero y efectivo luchador contra la corrupción.
Con la detención de 16 elementos policiacos, que habrían sido responsables de la detención arbitraria, confinamiento y posterior desaparición de 15 personas, la mayoría jóvenes e, incluso, menores de edad, que habrían sido levantados con el único argumento de actuar sospechosamente y a quienes se les habría detectado (o inventado) vínculos con el grupo delictivo de los Zetas, muchos han visto una luz en el camino de romper con el círculo de la impunidad absoluta reinante en Veracruz.
Sin embargo, han sido detenidos y se ha buscado someter a juicio a estos elementos, luego de ser expuestos mediáticamente, justo en la última semana de la etapa de precampañas electorales que tiene al candidato oficialista a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, en una situación de clara desventaja frente a los aspirantes de Morena, Cuitláhuac García Jiménez, y del PRI, José Yunes Zorrilla.
Esto último no tendría la menor importancia. Ya sabemos que con la investigación de la Fiscalía sobre los lamentables hechos que habrían llevado a la desaparición de 15 veracruzanos se avanza en lograr justicia para sus familiares que los han estado buscando infructuosamente.
Estos elementos detenidos han sido relacionados en la cadena de mando con tres jefes policiacos que, por cierto, hasta el sábado, eran los únicos que habían sido legalizados en el juicio: Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Pública; Roberto González Meza, exdirector de la Fuerza Civil, y Oscar Sánchez Tirado, exdirector de Prevención y Reinserción Social. Todos ellos, por supuesto, ligados al exgobernador Javier Duarte y al PRI.
Justicia y ganancias electorales
Con lo benéfico para la justicia de Veracruz de esta acción, no puede señalarse como un hecho definitivo el fin de la impunidad en un estado donde se habla de más de 20 mil desaparecidos en los últimos tres gobiernos, desde Fidel Herrera y Javier Duarte hasta Miguel Ángel Yunes, por lo que se fortalece más la hipótesis de que las instancias de procuración de justicia actúan cuando los resultados de las investigaciones tienen un impacto político-electoral.
La Fiscalía ha informado que tiene abiertas 124 carpetas de investigación por la desaparición forzada de 202 personas en 52 municipios del estado que, presume, fueron cometidas por policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del exgobernador Javier Duarte.
De hecho, el precandidato priista a Gobernador, José Francisco Yunes Zorrilla, pidió al Gobierno Estatal no usar política y electoralmente la detención de los expolicías y altos mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que habrían participado en la desaparición forzada de jóvenes, niños y mujeres.
“Es una situación dramática que tiene que ver con la desaparición de personas y cualquier acción para esclarecerlo es bienvenida, esto es intolerante y ojala se pueda llegar a resultados concretos. Lo otro es que se sesgue política y mediáticamente (…) es un tema muy delicado que no puede usarse electoralmente”. El senador con licencia auguró que el PAN seguirá usando la figura de Javier Duarte de Ochoa, quien hoy está recluido en el Reclusorio Norte, como un tema para pegarle al PRI y poder ganar adeptos en la elección federal y local.
Colectivos de familiares de desaparecidos, molestos
De ahí la suspicacia de los grupos de búsqueda de desaparecidos. De centro a sur, los organismos de familiares de desaparecidos han levantado la voz para que sean buscados sus hijos y, sobre todo, que terminen las desapariciones, que han continuado en el actual gobierno panista.
Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito, salió de inmediato a señalar que las desapariciones continúan, que no solo se dieron en los gobierno de Fidel Herrera y Javier Duarte. Son 10 años de desapariciones y la mayoría siguen impunes porque no se concluyen las investigaciones. Y critica al gobernador por elogiarse tras la detención de 19 expolicías. “La gran mayoría de desapariciones están impunes, son centenas. Yunes dice que nadie queda impune, pero están quedando todos impunes prácticamente. Se elogia mucho, debe de bajarle un poco y ponerse a trabajar en serio”.
Con esta investigación, en efecto, el gobierno estatal ha tratado de justificar todo una administración sin atender los reclamos de los grupos de búsqueda de desaparecidos, como si el hecho de no pelarlos hubiera sido porque estaban ocupados en esta investigación.
Lo cierto es que el resultado, la detención de policías que originalmente estarían involucrados en la desaparición de 15 personas, es verdaderamente marginal frente a un cúmulo de expedientes (20 mil, según colectivos) que no se estarían tocando. Es más, parece que el gobierno no le quiere hincar el diente a los casos de desaparecidos por parte de grupos criminales porque son más redituables aquellos en que participaron elementos identificados con gobiernos priistas.
