By Que la declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres por agravio comparado, emitida por la Conavim el 13 de diciembre, la haya publicado el gobierno estatal en la Gaceta Oficial más de 7 meses después, el pasado miércoles 25 de julio, no hace sino echar una señal ominosa sobre el absoluto desinterés de los panistas y perredistas (y sus aliados priistas) en la creciente vulnerabilidad de las mujeres en Veracruz.
La obstinación del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en mantener la penalización del aborto, negándose a través de sus diputados a establecer las normas que permitan la interrupción legal del embarazo y garantizar con ello los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no solo proviene de una postura ideológica y una afinidad con las Iglesias y los grupos pro-vida.
A la luz de la imparable violencia contra las mujeres, que la Fiscalía General del Estado no solo se niega a hacer visible sino incluso a atender como una verdadera y demostrada escalada grave de crímenes de odio, ha quedado claro que al aún vigente minigobierno panista le importa un bledo más de la mitad de la población, el de las mujeres, en una entidad que hasta mayo pasado era considerada como la segunda con más feminicidios en el país, pese a que muchos homicidios no se reconocen como tales.
Baste señalar que la Fiscalía General del Estado prácticamente ha desmantelado la Fiscalía Especializada en Investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas en Veracruz, para mostrar el nulo interés del gobierno yunista en este tema, y la enorme responsabilidad que deberá asumir el próximo gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no solo en la contención de la violencia criminal en general, sino en particular la violencia ejercida contra mujeres, niñas y niños en Veracruz.
Veracruz, con más feminicidios
Cinco son las entidades del país que, en el periodo de 2015 a mayo de 2018, encabezaron el nada honroso medallero de los territorios con mayor número de feminicidios reconocidos. Entre los cinco sumaron 899 casos, que representan el 44.54 por ciento de los registrados en el país. Sin embargo, dos de ellos son los que más destacaron: el Estado de México, con 207 casos, y Veracruz, con 206. Ambos representan más del 20 por ciento de los crímenes de odio contra mujeres reconocidos en el país en ese periodo.
En números absolutos, el Estado de México, la entidad más poblada del país, aparece como el primer lugar nacional en el número de casos, con 207. En segundo lugar se encuentra Veracruz, con 206 casos, sólo 1 caso menos que el Estado de México, pero con una población casi 50% menor que aquella, por lo que la tasa de feminicidios debe asumirse como exponencialmente más alta en esa entidad, en los últimos tres años. Los estados que completan los cinco más peligrosos para las mujeres son Oaxaca (167 casos), Ciudad de México (162) y Sinaloa (157).
Los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública también señalan los métodos usados por los homicidas para acabar con la vida de las mujeres, y de nueva cuenta Veracruz está en el lado más oscuro y denigrante. De los 2018 feminicidios perpetrados entre enero del 2015 y mayo del 2018, en 479 casos (23.73%) la lesión mortal fue cometida con arma de fuego; en otros 383 casos (18.97%), el feminicidio fue cometido con arma blanca; mientras que en 1 mil 008 casos, la lesión o lesiones fueron cometidas “con otro elemento”; de acuerdo con especialistas en el tema, en ese capítulo se encuentran: “golpes”, “golpes con objetos pesados”, “ahorcamiento”, y otros métodos y formas de agresión que evidencian la saña con que son asesinadas las mujeres.
En el apartado relativo a “otro elemento” como “agente causante” del feminicidio, Veracruz ocupa el primer lugar, con 200 casos; en segundo lugar está el Estado de México, con 130; en tercer sitio se ubica la Ciudad de México con 123 casos, en cuarto aparece Jalisco con 66 y en quinto Chiapas, con 58 casos.
Desmantelan fiscalía en delitos contra la mujer
Según un reportaje de la periodista Andrea Vega, aparecido la semana pasada en el portal Animal Político, la Fiscalía veracruzana ha desmantelado la Fiscalía especializada en investigación de delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres Niñas, Niños y Trata de Personas en Veracruz. En febrero de 2017 nombraron a Samyra del Carmen Khouri Colorado como fiscal coordinadora, pero solo duró en el cargo diez meses. En diciembre de 2017 falleció a causa de cáncer. Es la fecha en que no nombran a nadie en su lugar.
No solo eso. Según Estela Casados González, coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres, de la Universidad Veracruzana, “desde entonces han despedido a otras 10 fiscalas y a más personal de la fiscalía”. La falta de personal, se apunta en el texto periodístico, hace más complicado el acceso a la justicia para las veracruzanas y deja en la impunidad delitos como los feminicidios.
Tan solo de enero a junio de este año, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) contempla para Veracruz 38 casos de feminicidios; pero los datos, remitidos por la Fiscalía veracruzana, se quedan cortos con los registros del observatorio universitario, que en el mismo periodo data 90 asesinatos de mujeres, 58 de los cuales tienen características de feminicidios.
Estela Casados dice, respecto del desmantelamiento de la fiscalía especializada, que las autoridades del estado no les dan una explicación. “Parece que el plan es quitarla, lo cual es muy grave puesto que Veracruz tiene dos alertas de género”: la primera, por violencia feminicida, decretada para 11 municipios, el 23 de noviembre de 2016; la segunda, el 13 de diciembre pasado, por agravio comparado, es decir, por existir en la entidad un marco normativo o una política pública que violenta los derechos de las mujeres, especialmente los sexuales, reproductivos y de salud.
Marijose Gamboa: de rea a carcelera
Quien no parece darse cuenta de que en cosa de meses se le va el padrino y quedará a merced de una nueva mayoría en la Legislatura local es la diputada Marijose Gamboa, quien ha pasado, en cosa de tres años, de mártir a villana, y mire que cuando fue mártir puso los ingredientes para pasar unos días en prisión, y si no lo recuerda habrá que pedirle a la familia del joven José Luis Burela López, a quien mató en el bulevar de Boca del Río, manejando ebria, una noche de julio de 2014.
Alardeando de quien fuera su abogado durante el juicio que le fincó el gobierno de Javier Duarte, y quien no es otro que el actual Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, la diputada Gamboa Torales no tiene empacho en amenazar a diestra y siniestra, como ya lo hizo contra los directivos de la CEAPP solo porque no se prestaron a su juego carnestolendo.
Su enemigo hoy es la diputada Chintya Lobato Calderón, quien le ha mostrado mayor capacidad intelectual y de discernimiento, y a quien ha amenazado con denunciar penalmente, solo porque la xalapeña hizo públicas las amenazas que le hicieron tanto Marijose como la desorientada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Marieli Manterola.
Según la diputada Gamboa Torales, la ahora diputada de Morena Cinthya Lobato “ya perdió la razón, pero aun así el que acusa tiene la obligación de probar, así que espero que lo pruebe o la que la denunciará soy yo”. La nívea diputada jarocha, ya lo sabemos, de lengua se come un plato; alguien debió enseñarle a litigar con la bravuconería. Poco le servirá más allá de tratar de zafarse de las amenazas que le formuló a quien fuera su compañera de bancada.
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