By El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no solo es uno de los peor evaluados en materia de seguridad pública; en procuración de justicia, en el ataque a la impunidad, la situación es incluso más grave, pese a que son temas que fueron parte de promesas incumplidas de quien en noviembre dejará el encargo sin haber logrado dejar en el poder a su primogénito.
Un estudio elaborado por la organización Impunidad Cero (el Índice Estatal de Desempeño de las Procuradurías y Fiscalías 2018) ubica a la Fiscalía General de Veracruz, que encabeza Jorge Winckler Ortiz, entre las cinco más malas del país.
Con una calificación de 38.9, la de Veracruz está muy lejos de las de Chihuahua, Colima, Yucatán, Guanajuato y Nuevo León, que ocupan los cinco primeros lugares, con calificaciones que van de 74 a 61.
Factores como el bajo presupuesto, el insuficiente número de agentes del ministerio público y de policías ministeriales, el largo tiempo usado para la recepción de denuncias, el bajísimo promedio de los delitos atendidos y, todavía más, el espectro tan bajo de delitos que logran ser esclarecidos y sobre los cuales se toma una determinación, colocan a los veracruzanos en una situación de enorme vulnerabilidad: no solo están cada vez más expuestos a ser víctimas de la delincuencia, sino a que los delitos que cometan sobre sus personas o bienes queden en la total impunidad.
Baste observar el presupuesto que se destina al rubro de procuración de justicia. Mientras que en la Ciudad de México se destinan casi 700 pesos por persona, en Veracruz solo se etiqueta el equivalente a 136 pesos per cápita, apenas por encima de Puebla (127 pesos) y Tlaxcala (93 pesos), con los que conforma la triada de los gobiernos más pichicates a la hora de pensar en cuánto gastar en procuración de justicia. Esto sin contar que buena parte de estos recursos se ha destinado, durante el presente gobierno, a perseguir a exfuncionarios duartistas, lista en mano, olvidando la investigación, esclarecimiento y castigo de los miles de delitos que se cometen en nuestro territorio.
Las benditas redes sociales
“Los suplentes, muy cotizados, y con AMLO, más. Se quedó atrás la frase: ‘¿suplente?, ni de Dios’…”. Inocencio Valdés Vázquez. Periodista local.
Un alto nivel de impunidad
Aunque en el país la situación es sobrecogedora por el bajísimo porcentaje de delitos que logran ser esclarecidos, con apenas el 1.14 por ciento, en Veracruz la situación es terrible: solo se esclarece el 0.55 por ciento de los casos con carpeta de investigación.
Para tener una idea: a nivel nacional, el 94 por ciento de los casos ni siquiera se denuncian, lo que quiere decir que las fiscalías solo inician una investigación en 6 de cada 100 delitos que se cometen, y en solo 18 por ciento de estos casos se toma una determinación.
Por ello, según el estudio, Veracruz cuenta con una de las proporciones más altas de impunidad en homicidios intencionales. El 85.23 por ciento de esos casos se quedan sin esclarecer, lo que constituye el mejor aliciente para que tanto bandas criminales como individuos realicen ejecuciones a diestra y siniestra, a sabiendas de que la Fiscalía nunca los va a llevar ante la justicia.
En materia de recursos humanos orientados a la persecución de delincuentes, la situación en Veracruz es grave: la cantidad de agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes es de apenas 7.6, cuando en Chihuahua es de 24.8. Por ello, en este tema, Veracruz está ubicado en el lugar 24, solo por arriba de Guerrero, Tlaxcala, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Edomex, Puebla y Sonora.
Pero donde estamos de la patada es en el número de policías ministeriales por cada 100 mil habitantes: solo 10.3 elementos, lo que significa un policía ministerial por cada 9 mil 700 veracruzanos. Por eso estamos en el último lugar, mientras que la Ciudad de México encabeza la lista con 34, seguido por Chihuahua, Baja California y Baja California Sur (33).
En tiempo requerido por los agentes del Ministerio Público locales para atender una denuncia (factor que afecta gravemente la posibilidad de que haya justicia), en Veracruz se llevan en promedio 127.72, es decir, más de dos horas, mientras que en Chihuahua es de apenas 85 minutos.
El estudio también revela que la media nacional en cumplimiento de órdenes de aprehensión por parte de los policías ministeriales de las procuradurías o fiscalías en 2017 fue del 49.7 por ciento, es decir, menos de una de cada dos órdenes de arresto en el país no se cumplimentan.
Aunque el mayor foco rojo es Nayarit, donde solo se ejecutan con éxito el 12.7 por ciento de las órdenes de arresto, en Veracruz tenemos un peor desempeño que en el promedio nacional; solo el 41.5 por ciento de las órdenes de aprehensión se cumplimentan.
Con estos números, o nos cuidamos en extremo o emigramos de Veracruz, ante la inutilidad de las autoridades estatales para prevenir los delitos, perseguirlos y castigarlos. Vivimos en un estado en que se crean las mejores condiciones para la labor de las bandas criminales.
Los opinadores emergentes piden pan y no les dan
Arturo Mattielo Canales, un expanista que hoy preside la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, ha sido crítico de Miguel Ángel Yunes Linares en el tema de la seguridad pública. Por ejemplo, en febrero criticó que el gobernador siga basando sus análisis de la inseguridad en las cifras oficiales que, por cierto, elabora su propia Fiscalía General de Justicia, con base en las carpetas de investigación abiertas, lo que le ha llevado a asegurar que Veracruz tiene paz social y seguridad.
“Cuando se tiene una camioneta blindada, cuatro vehículos blindados a su alrededor, llenos de guardaespaldas y su casa blindada, pues seguramente usted pensará que está muy seguro, pero eso no ocurre con el ciudadano, sólo con usted”, le dijo a través de la prensa.
Y añadió: “Cuando te vas con los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública vives una fantasía, porque la gente a la que secuestran no denuncia, porque su familia se encuentra amenazada de muerte, y tampoco denuncian quienes están extorsionados. Las autoridades no tienen el panorama completo si se alimentan nada más de las fuentes oficiales”.
Por eso, la recomendación que ayer hizo este empresario en el Puerto de Veracruz debe ser atendida por el próximo gobernador, el morenista Cuitláhuac García: que el próximo secretario de Seguridad Pública cuente con conocimientos y experiencia en la materia. No puede ser una persona que llegue a aprender sobre estos temas ante la situación que vive Veracruz. “Lo que necesitamos es una persona bien intencionada, eso es lo que requerimos, que una persona bien intencionada se haga cargo de la seguridad del estado de Veracruz, sí con conocimientos, a lo mejor no con mucha experiencia, pero sí con conocimiento”.
Es necesario, dijo, que el próximo gobernador se enfoque en trabajar temas de prevención del delito y aquellos ilícitos que se generan alrededor del tráfico y consumo de drogas, además de trabajar muy cercanamente con el siguiente gobierno federal y su gabinete para que pueda mejorar la situación en la que se encuentra en Veracruz.
Ya veremos si Cuitláhuac le hace caso. Ha dicho que hasta el mes de agosto dará a conocer a su equipo de transición, y ahí podrá conocerse quien estaría encaminado a trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública
Preparan reforma para hacer magistradas a las barbies
En los días recientes hablamos de las maniobras realizadas por el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña, para colocar a su gente, en particular, las mujeres que le quitan el sueño, en puestos que antaño eran la aspiración de abogados con décadas de experiencia en el trabajo de barandilla, en el conocimiento de la labor de un juez, desde los más humildes puestos, porque además la ley obliga a cubrir con ciertos requisitos de elegibilidad como el cumplir con una edad biológica que asegure un comportamiento equilibrado y serio, con un tiempo perentorio en el ejercicio de la abogacía a partir de la obtención del título.
Ya ha prescindido de estos obstáculos logrando con su influencia la dispensa de la edad a varias jóvenes mujeres que hoy detentan puestos de altísima responsabilidad dentro del Poder Judicial.
Pero quiere más. A muchos abogados de experiencia y renombre, aunque de no buenos bigotes, les ha saltado y preocupado la propuesta presentada por Juan Ángel Rojano Arcos, presidente de la asociación Uniendo Conceptos, quien propone una reforma al artículo 58 de la Constitución Política de Veracruz, a fin de que se disminuya la edad para acceder al cargo de magistrado y se permita a jóvenes de 29 años ser nombrados como tal.
En caso de que esto fructifique, pronto estaremos observando a muchas de las chicas del Edén en puestos de magistratura sin mediar capacidades exigidas para ello. Y es que este abogado se ha aventado la puntada de señalar, en conferencia de prensa, que tal como actualmente está la ley discrimina a los jóvenes al “poner un candado” para que sólo aquellos que sean mayores a 35 años puedan ser nombrados como magistrados. Por ello, dijo que presentará esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales en el Congreso local, a fin de que pueda ser analizada para su presentación ante los diputados locales.
¿Estará ya listo el diputado Sergio Hernández Hernández para darle entrada y aprobarla de inmediato? En una de esas añade que con tener pasantía es suficiente, y hasta busca ser magistrado, pese a no haber terminado la carrera de Derecho.
