By En el tema de los incendios de pastizales en una zona de Alvarado, la Riviera Veracruzana, en que se busca a toda costa abrir fraccionamientos de lujo (lo que a más de mil ha hecho pensar seriamente en que las conflagraciones fueron intencionales para romper con la protección ambiental que impide su cambio de uso de suelo), la autoridad ministerial que debe actuar, con apoyo de la Profepa, es la Procuraduría General de la República (PGR).
Suena sospechoso que la Fiscalía General del Estado, a cargo de Jorge Winckler Ortiz (abogado personal del gobernador), se haya apresurado a citar al alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, para que compareciera en calidad de ¿testigo?, a partir de que, en un comunicado, el ayuntamiento a su cargo lanzó la hipótesis de que los incendios habían sido provocados.
La FGE no tiene la menor incumbencia pues es un asunto federal, pero Yunes Linares, quien en realidad dio la orden, tenía que amedrentar al alcalde del PVEM para que no siguiera con el tema pues, según las versiones que corren como verdaderas parvadas de tordos en la zona conurbada, hay en el área siniestrada proyectos inmobiliarios que tienen como inversores principales a los hijos del señor gobernador. Digo esto, con la reserva del caso: es una versión que hemos tomado de comentarios de veracruzanos; no sea que me vaya a citar el susodicho Fiscal General.
Apenas el 20 de febrero pasado, la fuerza del Gobierno del Estado se hizo presente para reprimir con exceso en el uso de la violencia policiaca, una manifestación de vecinos del Fraccionamiento Lomas Residencial, quienes se apersonaron en el bulevar Riviera Veracruzana para bloquear el acceso a un reciente fraccionamiento vecino, para cuya habilitación abusivamente quitaron las plumas de acceso y las bardas perimetrales, dejando en vulnerabilidad a los vecinos en una de las zonas (conformada por Boca del Río y Alvarado) más asoladas por la violencia criminal.
Ese día, por cierto, Rogerio Pano, quien fuera gerente de noticias de Telever y conductor del noticiario estelar durante muchos años, fue aprehendido ilegalmente por elementos de la Fuerza Civil y Seguridad Pública, que arribaron al sitio para desalojar a los manifestantes; por cierto, junto con el empresario Marcos Orduña, expresidente del consejo empresarial veracruzano. Fueron liberados, pero Rogerio Pano fue reaprehendido cuando se reincorporó a la protesta.
En la anterior entrega nos referimos a la actitud de la Fiscalía de intimidar a quienes hacen declaraciones públicas en temas que afectan directamente al gobernador Yunes o a su familia; según la Fiscalía, este miércoles el alcalde de Alvarado, Bogar Ruiz Rosas, se presentó a declarar ante la Fiscalía Regional de la zona Centro-Veracruz, pero no aportó una sola prueba que sostenga la afirmación previa emitida sobre que los incendios ocurridos fueron intencionados o de mala fe. Lo extraño es que la Fiscalía no menciona un solo renglón sobre si ha hecho sus propias indagatorias en campo o solo se ha ocupado de buscar intimidar al alcalde.
El norte de Alvarado, un filón de oro para los Yunes
Hace ya tiempo que los Yunes azules, en particular quien ha ocupado en dos ocasiones la alcaldía de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, ha insistido para que los terrenos de Alvarado colindante con el municipio conurbado pasen a formar parte de territorio boqueño.
Y no es cosa menor. En su primera intentona, Yunes Márquez, siendo diputado local, tenía a tiro la adhesión de la franja más rica de Alvarado al municipio que ha gobernador en dos ocasiones. Solo era cosa de votar el tema en el Congreso local pero, según él, el entonces gobernador Fidel Herrera Beltrán lo echó atrás.
Lo cierto es que la creación de enormes y lujosos fraccionamientos, en donde estaría la mano de la familia Yunes (cuya lujosa casa paterna se sitúa en esa zona), significaría no solo grandes dividendos para los inversionistas inmobiliarios sino una enorme aportación en materia de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos para un ayuntamiento tradicionalmente en manos de los panistas.
Para nadie es un secreto que Boca del Río es la joya de la corona en materia de desarrollo urbano y turístico. Se ha comido al Puerto de Veracruz, hoy en manos de Fernando Yunes Márquez, desde que el entonces gobernador Dante Delgado transformó radicalmente la infraestructura urbana. Ha sido en ese municipio donde se cuentan las mayores inversiones en construcción de hoteles de cinco estrellas y edificios de lujo para departamentos, además de la instalación de las principales franquicias y plazas comerciales.
Pero los Yunes quieren más. Lo ideal (y ese sería uno de los propósitos de los Yunes en caso de ganar con el mayor de los Yunes Márquez) es quitarle esa franja del norte del municipio de Alvarado (que podría contar con egresos importantes) y pasarla a Boca del Río. El candidato a gobernador, Miguel Ángel Yunes Márquez, ha dicho que esa franja territorial de Alvarado necesita atención, “porque mucha gente se queja de la falta de servicios”.
Según Al Calor Político, el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Antonio Hanna Grayeb, ha solicitado que ese espacio se independice como un municipio o sea adjuntado a Boca del Río, por lo problemas de inseguridad, los pocos elementos policiales en las zonas residenciales y las complicaciones para hacer trámites y pagos al estar muy retirada la cabecera municipal.
Los argumentos son válidos en cuanto a la inexplicable indiferencia de los alcaldes alvaradeños, quienes han visto con miopía solo los problemas de las cabecera municipal, cuando deberían colocar al menos una delegación municipal en Riviera Veracruzana a la que los vecinos puedan acudir para pagar su impuesto predial, realizar diversos trámites municipales y disponer de una fuerza policiaca de tarea que permita atender problemas de seguridad pública que se han profundizado ante la incapacidad mostrada por los cuerpos policiacos estatales, los organismos de protección civil y la carencia de un suficiente y cercano cuerpo de bomberos.
Por lo visto, los Yunes quieren resolver el tema de la disponibilidad de los terrenos lo más pronto posible. No sea que vayan a perder la elección y el negocio inmobiliario se vaya por las cañerías.
