By La violencia criminal no puede combatirse con anuncios duros e imperativos; tampoco, con banderazos de inicio de operaciones de fuerzas federales en desfiles de patrullas con sus luces estroboscópicas prendidas y las sirenas a todo lo que dan, y aunque serán muy útiles en el futuro, tampoco con drones sobrevolando mientras miles de cámaras de videovigilancia registran cada paso de los transeúntes por miles de esquinas de las zonas urbanas de Veracruz.
Detrás de cada acción estratégica debe haber una base sustancial que permita traducir miles de imágenes y operaciones de vigilancia en hechos concretos de combate al crimen organizado y espontáneo, en la prevención de delitos, en la detención de los criminales y la liberación de las víctimas.
Y todo ello solo será posible con elementos policíacos suficientes, confiables y bien entrenados, de los que hoy carece Veracruz.
No era necesario acudir al documento dado a conocer el pasado martes 26 de diciembre, cuatro días después de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior (que eleva las potestades de las fuerzas castrenses en labores de vigilancia y persecución delictiva en el país), para considerar que la policía mexicana es escasa y poco fiable.
El documento Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, señala que México cuenta con la mitad de los agentes policiacos que necesita y, para colmo, los que laboran en las corporaciones policiacas estatales tienen un perfil dudoso: solo uno de cada cuatro posee una formación para ejercer labores de seguridad y trabajan en condiciones laborales precarias.
¿Dejar la responsabilidad a las fuerzas castrenses?
¿Por qué los gobernadores de todos los partidos políticos apoyaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior que generó el rechazo interno y el de organizaciones internacionales, entre ellas la ONU y la OEA?
La respuesta la podemos ver claramente en el caso de Veracruz, donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares se ha preocupado más por demandar la presencia de más fuerzas policiacas federales y de elementos de la Marina y el Ejército, en lugar de fortalecer la formación y contratación de nuevos elementos policiacos.
En anterior comentario señalamos cómo el presupuesto estatal para 2018 no incluye la contratación de un policía más y, en cambio, incrementa en más del 200 por ciento el presupuesto a la Secretaría de Desarrollo Social estatal y le permite la contratación de más de mil empleados transitorios, con vistas a influir en los comicios del próximo 1 de julio en que irá como candidato oficialista el hijo del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares.
En apariencia, depender de la fuerza de tarea del gobierno federal, fuerzas armadas incluidas, le evita al mandatario veracruzano la carga política que significa el crecimiento de la violencia criminal, atribuyéndola al gobierno federal (y a los gobiernos municipales), al mismo tiempo que le significa un ahorro sustancial en capacitación, avituallamiento y sostenimiento de la nómina de nuevos elementos policiacos. Una razón más de política electoral que de resolución del problema, como lo hemos padecido los veracruzanos en el primer año del “gobierno del cambio”.
Policías escasos y poco confiables
Según el documento presentado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, “el estado de fuerza a nivel nacional de las policías estatales preventivas es de 128,922 policías que dan una cobertura de 1.1 policías por cada mil habitantes. De éstos, 127,379 han sido evaluados y 8,921 (6.9%) cuentan con resultado no aprobatorio en la evaluación de control de confianza para ejercer la función de seguridad pública, por lo que (…) el estado de fuerza real operativo es de 120,001.”
¿Qué reto significa esto para los gobiernos estatales? “Las entidades federativas requieren formar a 115,943 nuevos elementos para alcanzar el estándar mínimo de 1.8 policías por cada mil habitantes, que significan 235,944 elementos”. Esta tasa ideal, por cierto, está muy por debajo de lo recomendado por la ONU, de 2.8.
Veracruz: reprobado uno de cada 5 policías
Veracruz se ubica en el nada decoroso cuarto lugar nacional en porcentaje de policías que no aprobaron su evaluación y que por lo tanto no deberían estar trabajando (20.6 por ciento), solo rebasado por Sinaloa (40.3 por ciento de reprobados), Nayarit (30.2%) y Baja California Sur (30.1%).
Según los datos aportados por el SNSP, solo el 70.4 por ciento aprobó el control de confianza y el 9 por ciento restante ni siquiera se ha presentado a evaluación. Si nos atenemos al hecho de que solo uno de cada tres policías obtendría el aval para ejercer, el Certificado Único Policial (CUP), ya podremos imaginar el nivel de efectividad de un cuerpo policiaco al que no se le está metiendo dinero suficiente para su capacitación y entrenamiento, y a la incorporación de nuevos elementos.
En cuanto a operaciones especiales y policía cibernética, la policía estatal de Veracruz está en proceso de validación, pero no cumple con el modelo nacional de policía procesal.
En cambio, supera el promedio nacional de referencia salarial (9,993 pesos mensuales), al otorgar salarios promedio de 10,820 pesos al mes, y sus elementos cuentan con seguro de vida, servicio médico, crédito para vivienda, apoyo para policías caídos en cumplimiento del deber, fondo de ahorro y becas escolares para hijos de policías.
Las academias de policía de los estados están en condiciones pésimas. El estudio señala que, aunque el país cuenta con 39 academias, sólo seis son realmente viables: Baja California, Chihuahua, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Sonora.
La gran mayoría carece de las instalaciones básicas: aulas de trabajo, computadoras, comedores, dormitorios suficientes para los alumnos, servicio médico o incluso áreas de entrenamiento y stand de tiro. Pero, sobre todo, lo que es prácticamente inexistente es la capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Penal: sólo 12 centros cuentan con el equipamiento necesario, entre los que no se cuenta Veracruz.
Coja y tuerta, la estrategia de seguridad
En resumidas cuentas, el gobierno estatal que concluye sus escasos meses de operaciones a finales de noviembre próximo, difícilmente logrará pacificar un estado que ha sido definido en 2017 como foco rojo en materia de seguridad.
Escuchar del gobernador Yunes estar emocionado y alegre porque en el reporte del 2 de enero hay cero homicidios y atribuir la cifra a que “van rindiendo frutos los grandes esfuerzos que hemos hecho con el Grupo de Coordinación”, es verdaderamente preocupante si, como todo lo indica, su gobierno no ha hecho nada por fortalecer la cantidad y calidad de la policía estatal y, para colmo, urge a 23 ayuntamientos a crear corporaciones policiacas municipales, cuyos componentes no se sabe de dónde serán reclutados. Y hablamos de municipios que figuran entre los más violentos de la entidad como Poza Rica, Veracruz, Boca del Río, Xalapa, Córdoba, Minatitlán y Coatzacoalcos.
No es con buena voluntad de las autoridades estatales como va a funcionar efectivamente la seguridad pública en Veracruz. Si bien en la operación para localizar al hermano de Ricardo Ahued, secuestrado en diciembre, participó el mismísimo Gobernador, muy difícilmente participará en el esclarecimiento de los cientos o miles de expedientes que se acumulan en la Fiscalía General por homicidio, robo, secuestro y demás delitos, y menos para prevenirlos, una labor destinada a los policías preventivos y de investigación.
