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Miembros del Comité recomendaron al nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que garantice la realización de los derechos de los niños de acuerdo con la Convención, el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados.
El Comité de la ONU para los Derechos del Niño externó su preocupación por la impunidad que impera en el país con el alto número de homicidios, con al menos 14 niños víctimas de desaparición forzada cada día, violencia sexual, privación de la libertad, reclutamiento de niños y niñas mexicanos por el crimen organizado, así como falta de recursos para la niñez en México y serias violaciones de derechos humanos contra los niños migrantes.
Miembros del Comité recomendaron al nuevo gobierno de la presidenta electa Claudia Sheinbaum que garantice la realización de los derechos de los niños de acuerdo con la Convención, el Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en conflictos armados y el Protocolo Facultativo sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía infantil, durante todo el proceso de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El Comité expresó su profunda preocupación por “el desmantelamiento del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), al colocar a su Secretaría Ejecutiva bajo el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia’’.
Por lo que el Comité recomienda (a) Detener el proceso de desmantelamiento del Sistema Integral de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) y fortalecer el enfoque de protección integral en las políticas públicas sobre los derechos de los niños, incluyendo la asignación de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros a nivel federal, estatal y municipal;
b) Además pide asegurar la coordinación efectiva entre la Administración Pública Federal, los SIPINNA estatales y municipales, y otras instituciones públicas, privadas y sociales; (c) Consolidar la capacidad institucional de las Autoridades de Protección Infantil para su funcionamiento efectivo; (d) Implementar las medidas especiales de protección emitidas por las Autoridades de Protección Infantil, incluyendo el establecimiento de un sistema de información y datos.
En rueda de promesa en Ginebra lamentó la disminución significativa en las asignaciones presupuestarias para los niños, en particular en las áreas de educación, salud y primera infancia, y recordando su observación (2016) sobre el presupuesto público para la realización de los derechos de los niños,
Es por ello que el Comité recomienda al nuevo gobierno: (a) Asegurar que todos los estados cuenten con una clasificación presupuestaria específica para los niños, mejorando el gasto público en áreas críticas para la realización de los derechos de los niños, particularmente en salud, educación, protección social, protección contra la violencia, así como garantizar la participación de los niños.
(b) Asegure que los objetivos relacionados con los niños estén adecuadamente reflejados en las directrices presupuestarias federales y estatales, y en los criterios para catalogar programas y acciones con suficientes recursos. (c) Tome medidas para desagregar la información sobre el gasto público por edad y dominio de derechos para determinar de manera más efectiva los impactos del gasto por categorías desglosadas.
“El Comité está profundamente preocupado por los: (a) Altos niveles de homicidios y feminicidios infantiles, incluso por parte de la policía; (b) Altas tasas de desaparición forzada de niños; (c) Violencia armada, narcotráfico y la lucha contra el crimen organizado que causan la muerte de numerosos niños; (d) Falta de información sobre las posibles muertes de niños durante el incidente de incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez en 2023.
El Comité insta al gobierno de Sheinbaum: (a) Declarar la lucha contra los homicidios y feminicidios infantiles como una causa nacional y desarrollar urgentemente medidas para prevenir y erradicar este fenómeno, en particular identificando y abordando sus causas fundamentales y dedicando los recursos financieros y humanos adecuados a ello.
(b) Investigar sistemática y rápidamente, procesar y sancionar los casos de asesinatos de niños, incluidos los cometidos por la policía, y fortalecer las medidas para supervisar el desempeño de las instituciones policiales y judiciales
(c) Priorizar al máximo nivel y tomar medidas inmediatas y efectivas para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones de niños, incluidas las desapariciones forzadas, asegurando la búsqueda inmediata, en particular eliminando el requisito de esperar 72 horas en las leyes procesales, acusa.
(d) Asimismo, abordar las causas fundamentales de las desapariciones de niños, diseñar e implementar procedimientos, y dar seguimiento a los casos de niños desaparecidos por parte de la Policía y la Fiscalía General, garantizando la capacitación adecuada y la sensibilización del personal sobre la naturaleza de estos casos.
(e) Investigar y hacer públicos los hallazgos del incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez en 2023, especialmente en lo que respecta a su impacto en los niños, asegurar la rendición de cuentas de los responsables y proporcionar reparación a las víctimas, incluidas las familias.
Sobre los derechos de los niños en el sistema de justicia juvenil, el Comité insta al Estado parte a que alinee plenamente su sistema de justicia juvenil con la Convención y otras normas relevantes. En particular, el Comité insta al gobierno entrante:
(a) Elevar la edad mínima de responsabilidad penal al menos a 14 años.
(b) Garantizar que la asistencia jurídica gratuita, tal como lo estipulan las leyes estatales y nacionales, esté disponible desde una etapa temprana y durante todo el proceso legal en todos los estados
(c) Asegurar la implementación efectiva de la Ley de Justicia Juvenil para ampliar el uso de medidas no judiciales, como la desviación y la mediación, para niños presuntamente, acusados o reconocidos de haber infringido la ley penal y, siempre que sea posible, el uso de sentencias no privativas de libertad para los menores, como la libertad condicional o el servicio comunitario
(d) En los casos en que se considere necesario el internamiento como último recurso y por el menor tiempo posible, garantizar que las condiciones de detención estén en conformidad con las normas internacionales, incluida la provisión de acceso a la educación y otros programas de reintegración social, y asegurar que las instalaciones de detención cuenten con los recursos adecuados.
El Comité instó a México adoptar estrategias locales para implementar el Protocolo Facultativo sobre la participación de niños en conflictos armados, particularmente dirigiéndose a los niños más vulnerables y recomienda: (a) Realice una evaluación profunda, basada en evidencia, de las causas estructurales que conducen al reclutamiento y participación de niños en la violencia armada, especialmente por parte de grupos armados no estatales
(b) Fortalezca los esfuerzos para garantizar que los niños reclutados y que participan en hostilidades sean reconocidos y tratados como víctimas, y asegurar que su protección y derechos sean salvaguardados, especialmente en el caso de niñas, en el contexto de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad pública y prevenir la violencia armada por parte de grupos no estatales
(c) Establezca programas de reintegración para los niños anteriormente asociados con la violencia armada o grupos armados, proporcionando apoyo psicológico, educativo y social para su reintegración en la sociedad.
Estas recomendaciones destacan la necesidad de reformas estructurales y subrayan la importancia de abordar los desafíos sistémicos que enfrentan los niños en México. Resaltan un enfoque holístico, pidiendo la participación de varios sectores para garantizar la protección y la realización de los derechos de los niños, de acuerdo con las normas internacionales, añade el informe.
El Comité de expertos exhortó al gobierno asegurar que los niños tengan acceso a mecanismos de denuncia confidenciales y adecuados para su edad, incluyendo asistencia legal gratuita y apropiada, para la denuncia de casos en centros de detención y refugios para niños solicitantes de asilo, refugiados y migrantes. Además llama a la ratificación de la Convención de 1961 sobre la Reducción de la Apatridia.
El Comité pide que el Estado: (a) Acelere la aprobación del proyecto de Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno y asegure su implementación efectiva con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros y su armonización con la legislación pertinente .
(b) Le urge a la adopción e implementación de una respuesta integral para las personas desplazadas internamente, incluyendo una estrategia nacional de prevención y medidas de protección, especialmente contra el trabajo infantil, y la atención a los niños desplazados internamente.
(c) La ONU pide tomar medidas rápidas y efectivas para garantizar que ningún niño participe en actividades consideradas como las peores formas de trabajo infantil, especialmente en las zonas rurales y en el trabajo doméstico, y asegure su reintegración en los sistemas educativos y de protección social.
(d) Asegure que se cumplan todas las condiciones laborales seguras para los adolescentes en edad legal para trabajar.
Justicia juvenil y niños en situación de calle
Al llamar la atención sobre los niños en situación de calle, el Comité recuerda su observación final anterior y recomienda que el Estado:
(a) Establezca un sistema de protección integral para los niños en situación de calle o en riesgo, que funcione tanto a nivel federal como estatal;
(b) Realice estudios regulares y en profundidad sobre el alcance y las causas profundas del fenómeno de los niños en situación de calle.
Recordando su observación general de 2019 sobre los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil, el Comité insta al Estado a que haga que su sistema de justicia juvenil esté completamente en línea con la Convención y otras normas relevantes.
En particular, el Comité insta al gobierno entrante a:
(a) Elevar la edad mínima de responsabilidad penal a al menos 14 años;
(b) Asegurar que la asistencia legal gratuita, como lo establecen las leyes estatales y nacionales, esté disponible desde las primeras etapas y durante todo el proceso legal en todos los estados;
(c) Asegurar la implementación efectiva de la Ley de Justicia para Adolescentes para expandir el uso de medidas no judiciales, como la mediación y la desviación para los niños acusados o declarados culpables de haber infringido la ley penal, y, siempre que sea posible, el uso de sentencias no privativas de libertad para los niños, como la libertad condicional o el servicio comunitario.
El Comité de expertos insta al Estado a que:
(a) Adopte estrategias locales para implementar el Protocolo Facultativo, incluyendo alcanzar a los niños más vulnerables, basándose en una evaluación basada en evidencia de las causas estructurales del reclutamiento infantil y la participación en la violencia armada.
(b) Asegure que los niños reclutados y que participan en hostilidades sean reconocidos y tratados como víctimas para garantizar su protección y sus derechos, especialmente las niñas, en el contexto de medidas para garantizar la seguridad pública, así como la protección frente a la violencia armada por grupos no estatales.
El Comité insta al nuevo gobierno liderado por Sheinbaum a que:
(a) Implemente programas a largo plazo para abordar las causas fundamentales de la violencia, el abuso y la explotación sexual de niños, incluyendo la asignación de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros al Sistema Nacional para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
(b) Aumente la sensibilización sobre las directrices del Ministerio de Educación Pública para la prevención del abuso sexual infantil en las escuelas o instituciones educativas, y proporcione apoyo a los maestros, profesionales de la salud y trabajadores sociales para identificar diversas formas de violaciones y referir a las víctimas.
(c) Establezca una investigación formal independiente liderada por el Estado sobre el abuso sexual infantil en la Iglesia Católica Romana, con plenos poderes de investigación, con el objetivo de identificar las fallas de las instituciones estatales, identificar a las víctimas, incluyendo los abusos pasados, y establecer un mecanismo para compensarlas.
(d) Proporcione canales de denuncia accesibles, confidenciales, amigables para los niños y efectivos, y brinde apoyo a los grupos vulnerables de niños indígenas y niños con discapacidades para denunciar la violencia.
(e) Promueva la denuncia obligatoria de los casos de abuso sexual infantil, y asegure que todos esos casos sean debidamente investigados, que los perpetradores sean enjuiciados y sancionados.
(f) Asegure que los niños víctimas de abuso y explotación sexual tengan acceso a apoyo multidisciplinario, incluyendo centros de atención integral o refugios, con evaluación médica y servicios de terapia centrada en el trauma;
g) Refuerce los programas de sensibilización y capacitación, dirigidos a maestros, profesionales de la salud, actores religiosos o basados en la fe, policías, fiscales y jueces sobre la violencia contra los niños y sus aspectos relacionados con el género.
El Comité urge al gobierno de la 4T a que:
(a) Asegure que el castigo corporal de los niños esté prohibido en todos los entornos, incluidos el hogar, las escuelas o instituciones educativas, guarderías, instalaciones penales y de cuidado alternativo.
(b) Agilice las enmiendas relacionadas con la prohibición del castigo corporal y humillante en todos los estados para que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes entre en vigor.
Observando la persistencia del matrimonio infantil, particularmente en las áreas rurales y comunidades indígenas, y las altas tasas de adolescentes en uniones informales, el Comité recuerda la recomendación general conjunta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y la observación general del Comité sobre los Derechos del Niño (2019) sobre prácticas nocivas, y urge al Estado a que adopte medidas inmediatas para eliminar estas prácticas.
El Comité acusó su seria preocupación por:
(a) Los informes que indican que la policía, fiscales y soldados comúnmente utilizan la violencia y la tortura para obtener confesiones y participan en otros abusos contra los acusados de delitos, incluidos los niños, y que el sistema de justicia regularmente no garantiza el debido proceso.
(b) El aumento de casos de maltrato o tratos crueles o degradantes de niños en centros de detención o situaciones de privación de libertad.
(c) La falta de transparencia y el desprecio por el enjuiciamiento y la rendición de cuentas de los responsables de tales abusos.
(d) Las víctimas infantiles que no reciben remedios adecuados o atención especializada, y la capacidad limitada de la Agencia Nacional para el Desarrollo de la Familia.
(e) El aumento de la inseguridad y el impacto negativo en la vida y el desarrollo de los niños debido al crimen organizado, la violencia armada y los cárteles de drogas.
Recordando su observación general (2011) sobre el derecho del niño a ser protegido contra todas las formas de violencia, el Comité insta al Estado a que:
(a) Haga cumplir la prohibición de la tortura y asegure que todas las denuncias de violencia y tortura, cometidas por la policía, fiscales o soldados, incluidas en instituciones donde los niños están privados de libertad, sean debidamente investigadas y sancionadas, y que los niños que sean víctimas reciban remedios efectivos.
(b) Mejore la supervisión de los centros de detención para niños, garantizando el acceso a instituciones independientes y organizaciones de la sociedad civil, y asegure que todas las recomendaciones del mecanismo nacional de prevención de la tortura se implementen;
(c) Asegure que las políticas de paz y seguridad, como la Estrategia Nacional de Paz y Seguridad (2018-2024), sean evaluadas, actualizadas e implementadas en pleno cumplimiento con la Convención y sus Protocolos;
d) Asegure justicia y reparación para los niños a través de un programa de desmovilización para los adolescentes reclutados, y garantice una coordinación efectiva entre las instituciones, así como la provisión de recursos humanos, técnicos y financieros para dicho programa.
Salud y acceso a servicios de salud
Sobre el derecho del niño a disfrutar del más alto nivel posible de salud, el Comité recomienda que el Estado:
(a) Adopte un enfoque basado en los derechos humanos en la implementación del Nuevo Modelo de Atención Integral en Salud, y garantice aún más el acceso universal de los niños a servicios de salud de calidad, asequibles e inclusivos a nivel federal y estatal.
(b) Preste especial atención a la prestación de servicios de salud culturalmente sensibles para los niños indígenas y aquellos que viven en áreas rurales remotas.
(c) Asegure la disponibilidad de todas las vacunas necesarias y la vacunación oportuna de todos los niños, con prioridad para los niños menores de 5 años, a fin de reducir la mortalidad infantil fortaleciendo el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, con suficientes recursos humanos, técnicos y financieros.
(d) Acelere urgentemente la reducción de la desnutrición crónica en los niños de 0 a 5 años.
(e) Implemente efectivamente las medidas adoptadas para reducir la obesidad y el sobrepeso en los niños y refuerce las estrategias que permitan a los hogares pobres acceder a alimentos saludables.
El Comité recomienda que el Estado mexicano (a) Mejore con prontitud su sistema de recolección de datos y asegure que cubra todas las áreas de la Convención y los Protocolos Facultativos, con datos desagregados por edad, sexo, discapacidad, ubicación geográfica, origen indígena, étnico, nacional, afrodescendiente, estatus migratorio, en cuidado alternativo y nivel socioeconómico.
(b) Priorice el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información sobre Niñas, Niños y Adolescentes (INFOSIPINNA) para informar la formulación de políticas y asegure que todas las entidades federales establezcan sistemas de información en línea con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
El Comité insta al Estado a: (a) Tomar todas las medidas necesarias para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos desempeñe eficazmente y de manera independiente su mandato de promover, proteger y cumplir con los derechos de los niños, incluyendo su capacidad para recibir, investigar y abordar quejas de niños sobre la violación de sus derechos
(b) Garantizar que la Unidad de Derechos de los Niños de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumpla efectivamente con su mandato de proteger los derechos de los niños, de acuerdo con la Convención y sus Protocolos.
El Comité de expertos de la ONU, observó con preocupación la disminución del gasto social destinado a los niños, en particular para el grupo de edad de la primera infancia en el período 2018-2023, que ha llevado a mayores privaciones sociales, especialmente en los estados del sur y en áreas rurales y le recomienda:
(a) Que adopte un programa de protección social universal, incluidos transferencias financieras a los niños, y lo integre efectivamente en las políticas y programas públicos en materia de salud, nutrición, educación y cuidado infantil.
(b) Adopte medidas complementarias a nivel federal, estatal y local necesarias para erradicar la pobreza extrema infantil para 2030, priorizando la provisión de agua potable, así como la accesibilidad, disponibilidad y asequibilidad de alimentos.
(c) Considere la ampliación de programas exitosos como «Mi Beca para Empezar», que demuestran el valor de la protección social para los niños que viven en situaciones de múltiples privaciones.
Finalmente, el Comité de la ONU insta al gobierno entrante a garantizar la participación significativa de los niños en el diseño e implementación de políticas y programas destinados a alcanzar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en la medida en que estos conciernen a los niños.
Con información de: Proceso
