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Al darle la razón a la quejosa, ordenaron también pagar los salarios caídos y prestaciones desde el siete de julio del 2020 a la fecha
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, fue multada con 10 mil 347 pesos por desacatar la reinstalación de la magistrada, Gladys de Lourdes Pérez Maldonado.
En el amparo 433/2020-l-A, el cual tuvo su ultima resolución el 4 de julio indica que la presidenta de Poder Judicial incumplió esta decisión por lo que fue multada económicamente.
Tras la votación a favor de la ratificación de la magistrada el pasado 31 de mayo en el Congreso del Estado de Veracruz, la presidenta de Poder Judicial tenía que realizar una sesión para la reinstalación de Pérez Maldonado, pero no fue así.
Por ello “Se impone una multa a Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, consistente en cien Unidades de Medida y Actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que resultan de multiplicar dichas unidades de medida y actualización, por la cantidad de $103.74 pesos que es el valor vigente a la fecha de la emisión del citado acuerdo, de tal unidad de medida”.
De nueva cuenta se le fijó un plazo de dos días hábiles a la magistrada presidenta para realizar la reinstalación, de lo contrario le será impuesta una nueva multa de 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) las que equivales a 15 mil 561 pesos.
Lourdes Pérez Maldonado fue nombrada magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por el término de 10 años, periodo que concluyó el 29 de julio de 2020, el cual se puede extender por un término de cinco años más conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como requisito principal que el magistrado a ratificar no haya cometido faltas graves durante el desempeño de su encargo, que se encuentren previstas en la Ley, advierte.
Posteriormente, se le negó la ratificación, misma que discutió en tribunales y ganó, por lo que ahora deberá ser reinstalada.
Por ello, de acuerdo al amparo en 200/2022, los magistrados federales, última instancia para revisar el tema, determinaron que el Congreso local decidió de manera arbitraria sobre la no ratificación de la magistrada, quien tenía derecho a ser ratificada por un segundo periodo de cinco años.
Al darle la razón a la quejosa, ordenaron también pagar los salarios caídos y prestaciones desde el siete de julio del 2020 a la fecha. La reinstalación de la magistrada será por un segundo periodo de cinco años.
El procedimiento de ratificación de los magistrados se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el Capítulo VIII, de los artículos 209 al 213, estableciéndose un período no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, para que el Consejo de la judicatura analice su actuación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.
La magistrada solicitó al Consejo de la Judicatura de la entidad, se iniciara el procedimiento de ratificación de su nombramiento como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, conforme lo previsto en la Ley Orgánica.
Con información de: E-consulta Veracruz
