Contraloría del Estado procederá conforme a la ley contra aviadores

Contraloría del Estado procederá conforme a la ley contra aviadores

La Contraloría General del Estado procederá conforme lo que marca la legalidad vigente en Veracruz, respecto a quien resulte con responsabilidad en el caso de los más de dos mil “aviadores” de la nómina estatal ubicados en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).
El contralor Ricardo García Guzmán conformó que la dependencia a su cargo lleva a cabo las revisiones respectivas, para determinar si existe responsabilidad de servidores públicos en este asunto que dio a conocer hace dos semanas el gobernador en la conferencia de prensa matutina de los lunes.
En ese tenor el funcionario estatal adelantó que las sanciones a las que podrían hacerse acreedores quienes resulten con responsabilidad, van desde una amonestación administrativa, hasta las denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado.
“Vamos aplicar todo el peso de la ley. Nosotros vamos a aplicar donde hay transgresión de la ley desde amonestaciones hasta denuncias penales”, advirtió y reiteró que la Contraloría Interna de la SEV continúa con las revisiones.
Confirmó que los “aviadores” fueron cesados y la última quincena no se les pagó, sin embargo, insistió en que continúan las revisiones para detectar si existen funcionarios que tengan responsabilidad por esta situación.
Reconoció que hasta el momento no tiene conocimiento de la existencia de aviadores en otras áreas del gobierno estatal, sin embargo, adelantó que por medio de las Contralorías Internas se llevarán a cabo las revisiones para descartar cualquier irregularidad.
Y es que el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó que derivado del censo que planteó la Reforma Educativa, se ubicaron en la SEV a dos mil 173 “aviadores” en la nómina estatal, los cuales datan desde el año de 1992 y varios ya son jubilados.
Sin embargo, el pasado lunes confirmó que estos más de dos mil fueron destituidos y dejaron de cobrar el salario, que generaba un gasto el erario público superior a los 800 millones de pesos.
 
 
 
Fuente: Versiones

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