By El menor con 10 años de edad, que escapó de sus captores y fue arrebatado de las manos de autoridades del DIF municipal en Boca del Río debe ser encontrado con urgencia, porque el niño seguramente fue testigo de otros delitos y su vida corre peligro, señaló el integrante de la Red por los Derechos de la Infancia y Adolescencia en Veracruz (Rediv), Arturo Narváez Aguilera.
En el marco de la protección a la integridad del menor de edad, dijo Narváez Aguilera que su búsqueda en las siguientes horas tras la privación ilegal de su libertad, es fundamental, por lo que se debe activar el protocolo de búsqueda en el que participen elementos de la Secretaría de Marina y Armada de México (Semar) y la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP).
«Estamos hablando que su seguridad está en un caso extremo de riesgo, porque de acuerdo a las declaraciones del propio Procurador Municipal de Boca del Río, es que fue sustraído de sus manos, entonces ahí estamos hablando de una acción intencionada», señaló.
El entrevistado urgió al Sistema estatal de Protección a Niños y Niñas Adolescentes, para que articule y genere los mecanismos de búsqueda inmediata. «Porque el caso fue en Boca del Río, ahí hay una Procuraduría Municipal, pero tiene que articular el DIF estatal, y hay una denuncia ante el ministerio público, lo que es urgente es la aparición de este menor edad», expuso.
La desaparición de niño está asociada a los delitos de explotación laboral, abuso sexual y violencia, por lo que es necesario que las autoridades del gobierno estatal intervengan a fin de frenarlos.
Señaló que los niños y niñas trabajadores de la calle son los más expuestos a caer en las redes de trata de personas, por ello la Rediv ha exigido desde hace años que en Veracruz se investigue la posible presencia de bandas dedicadas a llevárselos.
En su momento, recordó Narváez Aguilera denunció casos de explotación económica infantil con niños de Chiapas, en los que intervino el Sistema DIF estatal para rescatarlos. «En esa ocasión se denunciaron a dos personas, por presunta explotación infantil, pero fueron liberadas por las mismas autoridades. Esta es la urgencia de exigir a las autoridades que encuentren al niño, porque el niño fue testigo de otros hechos y es urgente su aparición», finalizó.
En la impunidad casos de trata de personas en la entidad
La mayor parte de los casos que llegan a la Fiscalía General del Estado sobre trata de personas quedan en la impunidad. De acuerdo con la solicitud de información 00605915 del 2010 a noviembre del año pasado se habían iniciado 32 investigaciones relacionadas con este delito.
Sin embargo, según el mismo documento emitido por la Fiscalía del Estado, únicamente una persona fue sentenciada en ese periodo debido a ese delito. Además, otra persona más terminó todo el proceso ante los jueces pero fue absuelta.
La Fiscalía del Estado (en la misma solicitud de información) y la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz (solicitud 00606015) dijeron que a ellos no les corresponde hacer operativos para detectar este delito o rescatar a posibles víctimas.
La Fiscalía remitió a la SSP para este tipo de operativos y viceversa, por lo que no se detectó que nadie los realice. Cabe señalar que en el Código Penal del Estado de Veracruz se enuncia el delito de trata de personas, sin embargo no se encuentra tipificado.
La mención que se realiza es en la ley para prevenir, erradicar y sancionar los delitos en materia de trata de personas, emitida en 2013, misma que fue impugnada por la Federación debido a que no coincide en algunos puntos con la ley general.
Según la solicitud de transparencia a la Fiscalía del Estado en el año 2010 se rescataron 11 personas, en el 2011 fueron 4, en el 2012 a 10, 2013 a 6, 2014 a cinco mientras que el año pasado fue a dos. La edad que más se presentaron casos fueron niños y jóvenes entre 11 y 15 años pues durante el periodo citado se rescataron a 17 personas de esas edades.
El municipio donde más se presentan casos es en Córdoba, seguido de Tierra Blanca pero además se han encontrado en Acayucan, Catemaco, Coatzacoalcos, San Andrés, Veracruz, entre otros.
Según la Fiscalía todas las personas fueron originarias de la entidad menos una de Honduras localizada en el 2014 en Coatzacoalcos.
fuente: la jornada veracruz
