By Qué más quisiéramos los veracruzanos sino que pasen rápidamente los siguientes 16 días, el tiempo que falta para que se instaure el próximo gobierno estatal, y acabar ya las medias tintas, las declaraciones de quienes solo ven al discurso como una forma de tratar vanamente de esconder la cruda realidad.
Que de pronto estemos en el día primero de diciembre y podamos ver cómo se comporta de diferente el gobierno de un partido distinto al PRI que, tras 86 años de imposición, en sus últimos estertores puso en el filo de la navaja a un estado que parecía destinado a marchar a la vanguardia y poner el ejemplo de desarrollo a los mexicanos.
Aunque el inoperante gobernador interino Flavino Ríos Alvarado opine que no hay ingobernabilidad en la entidad, lo cierto es que lo único que hemos observado durante su desangelado paso por la primera magistratura es a un político huyendo cotidianamente de una población harta de la mendacidad, sin que pueda dar la cara, sobre todo después de haber reconocido que él ayudó, con recursos públicos, a que escapara un delincuente que ya no tenía cargo alguno en el gobierno.
Su gobierno no ha tenido dinero, ni rumbo y, en sentido estricto, ni razón de existir, de no ser porque el delincuente prófugo ya no encontró el más mínimo respaldo de un gobierno federal que quedará como el cómplice de su rapiña, y decidió huir lo más vergonzosamente posible, como un vulgar delincuente, para evitar frialdad de una prisión que es el mejor sitio en que debe esperar hasta su muerte.
Si bien es cierto que la debacle económica no le correspondió operarla, no hay duda de que Flavino Ríos fue cómplice del peor periodo de la historia de Veracruz, la más negra; fue negligente al no denunciarla desde su puesto como Secretario de Gobierno; por ello, hoy carga no solo con el descrédito de Duarte y su pandilla sino, además, con la imposibilidad de ordenar aún las operaciones básicas de todo gobierno, como el pago de la nómina y el cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Desde la toma del Palacio de Gobierno por parte de alcaldes del PRD y del PAN, muchos de los cuales han protegido con la aureola de una lucha justa sus funestas actuaciones al frente de los ayuntamientos, su abierta corrupción y su impericia; hasta lo más grave, la quema del Palacio Municipal de Catemaco, por parte de grupos radicalizados que pedían la aparición de su párroco, José Luis Sánchez Ruiz, desaparecido días antes, sin que un solo elemento de la Secretaría de Seguridad Pública estuviera presente para evitar los actos vandálicos, Flavino Ríos ha mostrado que su gobierno ya no tiene sentido, no opera, no hace maldita la cosa por mejorar la situación.
La violencia ha ocupado el sitio de la negociación
Colateralmente, en sitios antaño seguros como el Puerto de Tuxpan se han suscitado actos de una violencia encarnizada que han puesto en grave riesgo a la población, lo que entraña un cuestionamiento severo a los cuerpos policiacos de Veracruz, por lo demás imposibilitados durante días para realizar siquiera sus rondines por falta de dinero en las arcas públicas para echarle gasolina a las patrullas.
El caso de Catemaco es especial porque se une a protestas similares en que la población repudia la violencia y la acción de grupos delictivos en contra de la población en general o de actores sociales y políticos en particular.
El lunes 15 de junio de 2015, una parte de la población de Tamiahua se manifestó violentamente con su alcalde porque presuntamente dejó escapar a policías que cobardemente golpearon a un joven de 19 años hasta matarlo, por lo que le prendieron fuego a una parte del Palacio Municipal. Ello se une a la conflagración de que fue objeto el Palacio Municipal del Puerto de Veracruz, un edificio testigo de muchos hechos históricos que durante la madrugada del 17 de marzo pasado sufrió los efectos de un incendio provocado desde la parte exterior.
¿Qué respuesta está dando el gobierno estatal a esos actos reivindicativos ciertamente fuera de control, tomados por una población como la del municipio de Catemaco, gobernado por un priista prestado a Alternativa Veracruzana (AVE), en que se le había secuestrado a un sacerdote que ha luchado por la justicia y contra la corrupción? Investigar a fondo e ir por los culpables.
En ese coro ‘justiciero’ se han unido el alcalde, el gobernador y, ¡vaya paradoja!, el Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, que sigue calentando bajo su trasero el amplio expediente entregado por el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares cuando presentó denuncia contra Javier Duarte de Ochoa, por los delitos que la Procuraduría General de la República está persiguiendo al exgobernador y por los cuales hasta ha ofrecido una recompensa de 15 millones de pesos a quien o quienes den datos que permitan su localización y presentación a la justicia.
El problema para Flavino Ríos Alvarado es que la rebelión social provocada por el desfalco histórico a las arcas estatales, que está afectando no solo a los 212 ayuntamientos sino particularmente a decenas de miles de trabajadores de la educación y de la salud, a empleados públicos, pensionados, jubilados, pobladores a quienes se les cortaron los programas sociales y empresarios, está creciendo y está adoptando estrategias más radicales que afectan tanto la movilidad de los habitantes como las economías locales.
Todos han visto en la toma de calles y carreteras, en la ocupación de edificios públicos, en la paralización de actividades laborales (como la que amenazaba para este lunes a los centros de salud de la entidad) la única vía para ser atendidos, aunque no necesariamente satisfechos porque no hay dinero.
Nunca como en esta ocasión se ha visto necesaria una reforma constitucional que permita acortar el tiempo entre la elección de Gobernador del Estado y su toma de protesta. Los días de Flavino han sido, son y serán inservibles, no abonan a mejorar la situación problemática prácticamente sin salidas heredada por los pillos Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa. Ni tiene un programa de gobierno de mediano plazo y, mucho menos, liderazgo político que permita atemperar los ánimos caldeados por una población defraudada.
De manera que habría que esperar que el tiempo corra, que la quincena que falta se vuelva un suspiro, y veamos a un gobierno encaminado a establecer nuevas pautas de crecimiento, medidas drásticas de austeridad en el gasto corriente (el más alto en la historia de un gobierno estatal), el adelgazamiento del aparato burocrático, una real reestructuración de la deuda pública, un dura batalla por obtener del gobierno federal los recursos que permitan el rescate de Veracruz y una mano firme que permita la resolución de problemas que ni Duarte ni Flavino querían o podían atender.
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