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El Gobierno entrega un dosier a las madres y padres de los 43, con papeles rescatados de su propio acervo, seleccionados años atrás del archivo del Ejército. Algunos no tienen nada que ver con el ataque, otros plantean nuevas dudas
Silenciada por la resaca electoral, la última reunión por el caso Ayotzinapa entre Gobierno y familias, mantenida el pasado lunes, se saldó con la entrega de 15 documentos de espionaje militar, parte de los más de 800 que los padres y madres de los 43 han exigido este último año y medio. En esos documentos, defienden, esperan encontrar pistas del destino de los muchachos. Un medio nacional ha tenido acceso a este nuevo paquete de información, encontrado, según el Gobierno, después de rebuscar en su propio archivo. El Ejecutivo da así por zanjado uno de los principales reclamos de las familias. El resto de documentos, les dijeron en la reunión, o no tienen relevancia para el caso, o se reservan por seguridad nacional.
Los 15 documentos presentados ahora fueron elaborados en su día por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del centro del país, con sede en Iguala, en el Estado de Guerrero, lugar del ataque contra los estudiantes normalistas, del que se cumplen 10 años en septiembre. Seis personas murieron durante la embestida, entre ellos tres estudiantes. Otros 43 siguen desaparecidos, aunque a lo largo de los años han aparecido restos de tres, en diferentes parajes cercanos a Iguala. A día de hoy, poco se sabe del destino de los muchachos, víctimas de un monstruo mafioso que conspiró para desaparecer cualquier rastro que lleve a su paradero.
La entrega de estos 15 documentos se suma a los 18 que divulgó la comisión presidencial que investiga el caso a finales del año pasado; a los que analizó el grupo de investigadores independientes que la CIDH comisionó a México para ayudar en las pesquisas, el GIEI, en su sexto y último informe, presentado a mediados de 2023, y a los dos que presentó en 2021 la misma comisión, estos verdaderamente relevantes, ya que abordan el destino de los muchachos. Todos juntos dibujan el alcance del aparato de inteligencia del Ejército en la región, que espió decenas de conversaciones de personajes relevantes del mundo criminal en la zona, en la época del ataque.
La primera noticia de la actividad del CRFI de Iguala en el contexto del caso Ayotzinapa se tuvo precisamente en 2021, cuando la comisión presidencial divulgó dos documentos castrenses, que recogían la comunicación de cuatro de estos actores criminales, el día después del ataque, el 27 de septiembre de 2014, y una semana más tarde, el 4 de octubre. En el primero, los criminales hablan del traslado de 17 estudiantes, horas después de la embestida. Las familias asumen que en ese paquete de más de 800 documentos debía existir más información sobre este movimiento. Nunca les ha parecido lógico que el Ejército solo monitorease esas dos conversaciones de los sujetos implicados. Lo normal, defienden, es que haya más. Mucho más.
Pero, de momento, la búsqueda ha sido infructuosa. En esta nueva entrega, apenas hay referencias al ataque y el destino posterior de los muchachos. Cada uno de los 15 documentos nuevos constan de una página inicial, oficio elaborado por el CRFI de Iguala, en que se consigna información, bien recogida por los OBIS del Ejército en la región, esto es, agentes de inteligencia sobre el terreno, u obtenida mediante la intervención de las comunicaciones de presuntos integrantes de las redes criminales de la zona. Documentos con órdenes de jefes castrenses sobre cómo actuar a partir de esa información o el resultado de esas órdenes complementan la página inicial.
De los 15, uno sobresale. Se trata del CRFI 1253, remitido por el centro a la comandancia de la IX Región Militar, con sede en Acapulco, Guerrero, el 4 de octubre de 2014. Dice así: “Se obtuvo información técnica del área de Iguala, Guerrero, [de] que en la colonia Jardines del Sol, por Pueblo Viejo, encontraron una fosa clandestina con 14 cuerpos, al parecer de los estudiantes normalistas; asimismo, una persona le pregunta a su interlocutor si ya encontraron los cuerpos en La Laguna”. La primera parte refiere el hallazgo de las fosas de Pueblo Viejo, un ejido de Iguala del que las autoridades acabaron por rescatar 28 cuerpos. Ninguno era de los normalistas. Pero es la segunda parte la que sorprende.
La mención a la Laguna resulta misteriosa. Aunque la falta de contexto impide saber con exactitud a qué lugar se refiere la persona cuya comunicación está siendo intervenida, hay tres opciones razonables. La primera, una comunidad del mismo nombre, en el municipio Eduardo Neri, entre Iguala y Chilpancingo, cerca de las minas de Carrizalillo, lugar donde la comisión presidencial y la fiscalía han realizado varias búsquedas estos años, con resultados negativos. De hecho, la comisión realizó varias búsquedas en la misma comunidad de La Laguna, entre junio y agosto de 2021, sin encontrar nada.
La segunda opción es la Laguna de Tuxpan, un cuerpo de agua a cinco kilómetros de la cabecera municipal de Iguala. Y la tercera, la presa Valerio Trujano, en el municipio cercano de Tepecoacuilco. En los dos informes que ha presentado la comisión estos años solo hay una mención a una intervención en un cuerpo de agua. Fue entre el 19 y el 25 de mayo de 2022. La ficha de búsqueda se titula “Intervención en presa, Iguala, Guerrero”, sin dar mayor detalle. Los investigadores no encontraron nada en las jornadas de búsqueda.
En cuanto al resto de documentos, hay otro un tanto extraño, el CRFI 1227, remitido por el centro a la comandancia de la IX Región Militar el 30 de septiembre de 2014, que refiere información que enviaron varios OBIS ese día, sobre protestas de estudiantes, apenas unos días después del ataque. En concreto, menciona un bloqueo en la comunidad de El Tomatal, cerca de Iguala, otro en Chilpancingo, la capital, y un conato de enfrentamiento con la policía de Tepecoacuilco. Luego, añade: “Por último, que en el municipio de Teloloapan fue encontrado un autobús de estudiantes los cuales se encontraban decapitados”.
Aunque parezca mentira, este documento no incluye otros complementarios que permitan observar las medidas que tomó el Ejército ante tal hallazgo. En la hemeroteca no aparece ninguna mención a una situación así en aquellos días. Teloloapan está en la ruta de Iguala a la región de Tierra Caliente, a hora y media en coche del municipio. El misterio persiste, porque no hay más menciones al tema en los documentos entregados esta semana. El resto de papeles apenas tienen interés. Unos consignan la presencia de personas armadas en Iguala días antes del ataque, otros, decomisos de armas, secuestros, accidentes viales… De los que tienen que ver con el caso, solo los dos referidos arriba tienen algo de importancia.
Con esta entrega de documentos, agendada en medio de la vorágine postelectoral, el Gobierno trata de pasar página. Las partes se verán de nuevo el 3 de julio, sin la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Pero antes, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, les dijo a las familias que publicaría una relatoría de los intentos de torpedear el caso durante su mandato, y de señalar al Ejército como responsable de lo sucedido. Durante la reunión, dijo a las familias que tiene dos hipótesis. “Una, que se ha señalado al Ejército por ideología, porque hay gente que es antiejército”, explica una persona que estuvo en la reunión. “Y dos, que los intentos de desestabilizar provinieron de la OEA y la CIDH, además de la DEA”, la agencia antidrogas de Estados Unidos, que entregó información a la fiscalía mexicana, que comprometía a mandos militares de Iguala en la época.
Con información de: Crónica de Xalapa
