By En la búsqueda de posiciones políticas en esta era de elecciones, no solo los funcionarios estatales están moviendo sus hilos para brincar a un puesto de elección popular que les permita mayor seguridad y una mejor estrella en el firmamento presupuestal. También lo hacen funcionarios federales que sienten el fuego del desempleo cerca de los aparejos.
El caso más notable y citable es el del Delegado del ISSSTE, Renato Alarcón Guevara, quien a la muerte del exdirector general de la dependencia, Sebastián Lerdo de Tejada, en mayo pasado, camina en la cuerda floja, sin padrino que lo cobije.
No solo ese hecho fortuito le ha dejado con la búsqueda de la candidatura priista a la diputación local por Xalapa como una cruzada inaplazable; su gris gestión al frente de la delegación federal ha ido dejando huellas que pueden ser esgrimidas a la hora de que el actual director general, el exgobernador de Chihuahua José Reyes Baeza Terrazas (quien tomó las riendas del instituto en agosto), analice sus piezas en los diferentes estados del país.
Apenas en abril pasado, Alarcón Guevara enfrentó un escándalo que se ahogó en la indiferencia mediática, pero que no se ha aclarado con base en una investigación definitiva por parte del Órgano Interno y de Control a nivel regional: la acusación de tráfico de influencias y corrupción para la obtención de plazas laborales, hecha por el médico internista Alejandro Cuervo Vera, quien denunció públicamente haber sido presionado para dar dinero al delegado (vía terceras personas) para obtener una plaza.
En sus declaraciones a la prensa respecto a estas denuncias, Alarcón Guevara calificó de falsos y absurdos los señalamientos, puesto que hay procedimientos muy bien definidos para estos trámites. Prometió al facultativo hacer una investigación sobre quiénes habrían invocado su nombre para obtener ganancia de un proceso administrativo, pero los resultados no se han hecho públicos. Es más, puede estar seguro que no hubo tal investigación.
Sin embargo, en los pasillos de las clínicas y hospitales del ISSSTE en la entidad es un secreto a voces que el dinero es elemento indispensable para lograr una plaza y no la hoja de servicio del trabajador. Cada plaza se otorga a cambio de una contraprestación, es decir, un moche mensual del salario del trabajador, según denunció Cuervo Vera, quien puso nombres y apellidos de los enviados de Alarcón para hacer el trabajo sucio: el subdelegado estatal Adrián Luis Bueno Bello, y el subdelegado administrativo Arturo Francisco Gutiérrez Góngora.
A raíz de esos dos hechos, la carrera de quien en su cuenta de Facebook se define como “xalapeño de arraigo y de corazón, político, hijo, padre, amigo”, por cualquiera de las candidaturas que estarán disponibles en 2016 y 2017, se ha intensificado, mediante reuniones con periodistas, columnistas, cuadros políticos, grupos sociales, padrinos y demás figuras que le ayuden en su misión. Él mismo ha admitido a la prensa que aspira “a la alcaldía de Xalapa, a una diputación local y a ser feliz”.
No necesita fuero, a la luz de la impune corrupción que campea en los ámbitos federal y estatal; lo que sí necesita es un trabajo seguro de al menos tres años que le asegure buenos ingresos y una plataforma para ir saltando de puesto en puesto.
Como él, varios funcionarios estatales y federales distraen su tiempo de trabajo y recursos institucionales para saciar sus ambiciones políticas. Los hay que disponen de esos recursos para colarse ya no como candidatos a la gubernatura sino para ser obligados partícipes al lado de quien lo sea; también, aquellos que distraen recursos públicos para armar fiestas de cumpleaños ostentosas para darse a conocer (como el sonado caso del alcalde de San Andrés Tuxtla, Manuel Rosendo, o la de quien fuera secretaria del PRI estatal, Corintia Cruz Oregón), y quienes es más fácil verlos en mentideros políticos que en sus oficinas, donde no se paran a no ser porque necesiten renovar sus abultados fondos revolventes o conseguir recursos por vía de viáticos generosos.
La lucha por la capital
Aunque la guapa Corintia Cruz Oregón, una especie de invento sexenal, ha picado piedra desde su participación como regidora en el ayuntamiento xalapeño y luego como secretaria de Organización del CDE del PRI, busca colarse como diputada local, se sabe que en los comicios de 2016 prefiere ubicarse en los primeros sitios de la lista de candidatos plurinominales de la alianza que encabezará el PRI. La exquisitez de la figura de esta chica de apenas 28 años, se dice que esculpida por cirujanos plásticos, difícilmente lograría obtener los votos como candidata por mayoría relativa para lograr el cargo.
Por eso, en la brega por colocarse como candidatos a diputados locales por Xalapa el próximo año son mencionados el delegado estatal del ISSSTE, Renato Alarcón Guevara, del que ya hemos hablado, y el actual director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), Carlos Aceves Amezcua, con fuertes vínculos con la esposa del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, con quien trabajó como subdirector y director de Asuntos Jurídicos en el DIF estatal entre 2005 y 2010.
Ambos también estarían picando piedra para obtener ese cargo legislativo, cuya duración sería (como la del próximo Gobernador) de dos años, pero con la mira puesta en la alcaldía capitalina, que estaría en juego en 2017. Hay que apuntar que Carlos Aceves Amezcua ya fue diputado local en la LXII Legislatura y su incursión en los comicios del próximo año sería para él un mero trampolín para, un año después, dejar la curul a su suplente para ir con todo por la silla municipal.
Sin embargo, ninguno de los tres más visibles protagonistas (incluida Corintia) de las elecciones locales de 2016 (para el Congreso local) y de 2017 (para la alcaldía) ha considerado seriamente la enorme dificultad que enfrentarán para vencer a una oposición que ha mostrado su enorme músculo, en particular el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que en los pasados comicios ganó sobradamente la elección a la diputación federal con la figura de un desconocido profesor universitario, Cuitláhuac García, quien por cierto relevó al diputado federal Uriel Flores Aguayo, ganador con las siglas del PRD.
El hecho de que el PRI se haya hecho con la alcaldía y la diputación local no significa que pueda mantener su predominio. En efecto, el PRI tiene hoy la diputación local gracias a que postuló a un empresario con un fuerte arrastre popular, Ricardo Ahued Bardahuil, quien ya fue alcalde y diputado federal, y que ha ganado adeptos por su actitud crítica hacia muchas de las medidas surgidas del gobierno estatal del partido que lo ha postulado aunque no esté afiliado a él.
En el caso de la presidencia municipal, el PRI ha logrado recuperarlo (luego de un largo periodo de dominio del PRD), primero con la incursión de la mediática Elizabeth Morales y, luego (a pesar del desprestigio legado por el gobierno de la exconductora de televisión), con la postulación de Américo Zúñiga Martínez, joven político que abrevó de las enseñanzas de su padre, Guillermo de los mismos apellidos, cuyo gobierno ha dado muestras de un enorme dinamismo y fortaleza que puede ser aprovechado por quien, desde su partido, busque sucederlo.
El problema en ambos casos es que los visibles del PRI para ambos cargos de elección popular (diputación local y presidencia municipal) están en un nivel tan embrionario que podrían hacer un papel desastroso para el partido en el poder.
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