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La Ley General de Operación de los Registros Civiles pretende la creación de un Sistema Nacional de Registro de Identidad, que estaría bajo el control del Poder Ejecutivo
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en la sesión del 14 de marzo, el dictamen que expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles, la cual le otorga al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Gobernación (Segob), la facultad de crear y administrar un Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) con los datos de la población incluidos en el Registro Civil.
Esto quiere decir que, en caso de que esta ley entre en vigor, la Segob sería la encargada de administrar información de la ciudadanía tal como el nombre, apellidos, sexo y género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad (o nacionalidades), Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos biométricos.
Según información del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), los datos biométricos son “las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de la personalidad, atribuibles a una sola persona”. Son legibles mediante rasgos como la huella dactilar o la retina.
En este sentido, también le correspondería a dicha dependencia establecer los lineamientos para que las entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar la información y los registros del SID.
Es decir, con el argumento de acreditar la información de las personas, las dependencias e instancias mencionadas podrán consultar la Base de Datos Nacional del Registro Civil bajo los mecanismos y requisitos que establezca la Segob.
Aunque el principal argumento a favor de dicho dictamen fue la persecución de hacer efectivo el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios del Registro Civil, el proyecto no contempla ninguna estrategia para la protección de datos de la población.
El decreto fue aprobado con un total de 311 votos a favor, de los cuales 187 fueron emitidos por legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), 54 del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 40 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), 29 del Partido del Trabajo (PT) y uno del Partido Acción Nacional (PAN).
Los 131 sufragios en contra del dictamen estuvieron repartidos entre el partido blanquiazul (106), Movimiento Ciudadano (23) y dos del Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Uno de los puntos más relevantes del proyecto aprobado en San Lázaro es la creación de un Consejo Nacional del Registro Civil, el cual funcionaría como un órgano adscrito a la Segob para coordinar la organización, funcionamiento y los procedimientos de los Registros Civiles a lo largo del país.
Este Consejo, según establece el artículo 28 de la iniciativa, sería conformado por:
– Un representante de la Segob, con un nivel mínimo de Director General, que asumirá la Presidencia del Consejo y será nombrado Coordinador Nacional.
– Un integrante de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), también con un nivel mínimo de Director General.
– Los titulares de las Direcciones Generales del Registro Civil de las entidades federativas.
Entre las atribuciones que se le otorgarían a este organismo está la emisión de una normativa para regular la operación y el funcionamiento del Registro Civil, así como definir las directrices para reclutar, seleccionar, capacitar, actualizar y profesionalizar al personal del Registro Civil, incluyendo a las y los titulares de la Oficialías.
Sumado a ello, el titular del Consejo designará a una persona para encabezar la Secretaría Técnica de dicho organismo, la cual estará a cargo de coordinar labores como el diseño de las estrategias de difusión y comunicación, convocar a reuniones del Consejo, computar los votos de los integrantes y establecer las políticas de trabajo.
Aunque el decreto fue avalado por las y los legisladores en San Lázaro, su discusión en el Congreso no ha terminado, pues queda pendiente su discusión en la Cámara de Senadores, en donde podría modificar cambios y ser devuelta a las y los diputados, o bien, ratificada.
Durante la sesión, integrantes de los partidos opositores a Morena externaron su preocupación por los lineamientos que establece la Ley General de Operación de los Registros Civiles.
María Elena Pérez-Jaén Zermeño, del PAN, acusó que no existían las condiciones necesarias para votar el dictamen, pues “no hubo ni los espacios suficientes para la reflexión ni la disposición para escuchar a todas las voces en parlamento abierto”. Sumado a ello, manifestó su preocupación ante la falta de “medidas de protección de la información que podría ser susceptible de ser sustraída”.
Por su parte, el legislador Braulio López Ochoa Mijares, de MC, mencionó que no existe justificación alguna para que se le entreguen los datos del Registro Civil a la Segob, además de que no garantiza la protección de los mismos.
“Debemos de estar conscientes de los riesgos que tiene el uso indebido de información personal y que se garantice el derecho a la identidad sin que se divulguen nuestros datos personales”, sostuvo durante su participación.
Adicionalmente, consideró necesario establecer cuáles serían los datos que la Segob recopilaría y para qué fines, pues al no quedar especificado se abre el margen para el uso indebido de los mismos.
“No se pone límite alguno para su obtención ni para su uso […] Este dictamen no hace una evaluación de impacto en la protección de los datos personales, si no hay límites, ¿cómo sancionaremos a quienes lo rebasen?”, añadió el emecista.
En defensa del dictamen, el diputado morenista Julio César Moreno Rivera señaló que los partidos opositores al oficialismo habrían emitido pronunciamientos con “verdades a medias” y explicó que la intención de esta ley es que el gobierno sea el único en posesión de la información de la población “y no como actualmente sucede, que cualquier particular los tiene, es decir, se pone orden y protege los datos biométricos de las y los ciudadanos”.
Pablo Amílcar Sandoval, también del partido guinda, externó que “no se viola en ningún momento la protección de los datos personales y estamos haciéndolo muy puntual en la reserva en un transitorio”.
La única referencia a la divulgación de información sensible contenida en el documento del dictamen está en el artículo 70, dentro del título de responsabilidades y sanciones. En él se indica que se castigará administrativamente como infracción grave a las y los funcionarios que “sin estar autorizados, den a conocer información de carácter confidencial”, aunque no detalla cómo podría un servidor público estar facultado para dicho procedimiento.
Con información de: Crónica de Xalapa
