By “La expulsión de Duarte se tiene que complementar con una investigación profunda”|
César Camacho Quiroz|
En opinión del médico y político tuxtleco, presidente de la asociación civil De Corazón Podemos con Veracruz, Elías Miguel Moreno Brizuela, en la entidad se cometieron delitos de Lesa Humanidad en la administración anterior que no pueden quedar impunes. Hay evidencia de complicidad de fuerzas policiacas estatales y municipales, no sancionadas; miles de casos en fosas clandestinas y otros más, para los cuales se exigirá justicia para Veracruz ante la Corte Penal Internacional de La Haya.
Durante una conferencia de prensa que ofrecieron el mediodía de este miércoles los integrantes de esta asociación, Moreno Brizuela –quien ha militado en la política dentro de las filas del PRD, fue diputado federal y hoy retorna a Veracruz para cooperar en su rescate– afirmó que nuestra entidad “es hoy tema relevante en las noticias nacionales e internacionales. No es su expresión cultural o sus tradiciones, no son sus resultados económicos, su educación o la difusión de su riqueza natural; en Veracruz lo que hoy trasciende es un grito ahogado, impotente que reclama justicia, no solo para detener la violencia de la delincuencia organizada voraz sino, además, para sancionar la complicidad de las fuerzas de seguridad estatales y municipales que han levantado, desaparecido y asesinado a miles de veracruzanos en los últimos años a lo largo de su vasto territorio”.
Y agregó: “En 2015 y 2016, recorrí́ por motivos electorales el territorio veracruzano y el mayor impacto eran las versiones de personas que habían perdido familiares, levantados muchos de ellos por policías en vehículos oficiales, sin que a la fecha se conozca su paradero. No se puede ser inmune o ausente ante esta desgracia veracruzana”.
“En México se observa una ausencia notable de justicia, sea por omisión, incapacidad o complicidad de las autoridades. Por ello, con un grupo notable de veracruzanos voluntarios, en su mayoría jóvenes, trabajamos en la búsqueda e integración de casos representativos, que no los únicos, que pudieran encuadrar como delitos de Lesa Humanidad para presentar una solicitud al Fiscal de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda, que abra un expediente sobre el caso específico de Veracruz.
“El proceso demanda hacer de conocimiento al Estado Mexicano a través del Presidente de la República, de nuestra petición, para inmediatamente presentar la información que hemos integrado en la sede de la Corte Penal Internacional. De igual manera, daremos a conocer esta petición a los poderes Judicial y Legislativo (en ambas cámaras), además de dar vista a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Procuraduría General de la República”.
Moreno Brizuela adelantó: “Vamos a dar el primer paso ante delitos calificables como de Lesa Humanidad, de desaparición forzada, de explotación a comunidades sujetas al pago de cuotas o de derechos de piso e incluso de extermino, donde se ha comprobado la intervención de elementos policíacos estatales o municipales, no solo en activo sino ejerciendo además niveles de mando.
“Esta situación rebasa cualquier gesto de voluntad política de parte del gobierno federal; demanda una acción integral de recomposición del gobierno de Veracruz, de los cuerpos de seguridad estatales pero, sobre todo, de que se haga justicia. Hoy predomina la impunidad y el miedo, la misma sociedad veracruzana trabajará para que esto se sancione y nunca más vuelva a ocurrir”.
Llenaba su cochinito
Javier Duarte de Ochoa, exgobernador, expriista y hoy prófugo de la justicia, utilizó el poder, entre otras cosas, para realizar la compra-venta de bienes en Miami como una forma de financiamiento y no para vacacionar o radicar en ellas. Eso explica que las 19 casas adquiridas en Miami, entre 2012 y 2013, estuvieran ubicadas en fraccionamientos de clase media y media baja. El objetivo era venderlas rápidamente sin levantar sospechas.
“Era un negocio, estaba construyendo el fondo para su retiro”, confesó ante la PGR Alfonso Ortega López, abogado y uno de los operadores de Duarte que encabezó las gestiones legales en los Estados Unidos para adquirir los bienes, sin que el nombre del entonces gobernador apareciera en los documentos.
Ortega López es, actualmente, testigo de la PGR en el juicio penal que se le sigue al exgobernador, y en sus declaraciones ha dicho que para comprar esas propiedades se crearon 3 empresas de “papel” (que existen legalmente en documentos) en Miami, donde él, el empresario Moisés Mansur Cysneiros y su hermano Zury Mansur, así como un cuarto socio, eran los dueños y operadores de todo.
Corren a todos los Duarte-Macías
El primer alcalde que dio un paso adelante al deshacerse de los compromisos que le impuso Javier Duarte en la comuna, fue Joaquín Caballero Rosiñol, presidente municipal de Coatzacoalcos, quien tomó la sabia decisión de cesar a todos los parientes de Karime Macías, esposa del exgobernador. La dirección de Recursos Humanos informó a diversos directores de área que como empleados de confianza se les rescindía el contrato por órdenes del alcalde.
Esta “limpia edilicia” ocurrió un día antes de que Javier Duarte fuera expulsado del PRI, y seis días después de que la Procuraduría General de la República (PGR) liberara una orden de aprehensión en su contra, por los presuntos delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos.
Entre las personas cesadas destacan: el secretario de Economía, José Tubilla Letayf, tío de Karime Macías, y el subsecretario de Obras Públicas, Guillermo Ibarra Macías, primo de la esposa del exmandatario. También, el jefe de Supervisión y Control de Obras de Coatzacoalcos, Armando Rodríguez, suegro de Mónica Macías Tubilla, cuñada de Javier Duarte, quien el pasado viernes 21 fue interrogada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y señalada como parte de la red de prestanombres en los inmuebles del exmandatario en Estados Unidos.
También corrieron a Armando Rodríguez junior, funcionario menor del Ayuntamiento; le fue rescindido el contrato por ser cuñado de la esposa de Javier Duarte. En el caso de Jaime Ruiz Macías, secretario de Turismo y primo de Karime Macías, fue cesado ayer sin explicación alguna.
El municipio de Coatzacoalcos era el feudo político y económico de la familia Macías Tubilla, liderada por Tony Macías, padre de la esposa de Javier Duarte, quien recientemente tramitó un amparo para evitar que la justicia local o federal lo detenga.
¿Y los inocentes que purgan condenas?
Entre las atrocidades que se cometieron en la administración del prófugo Javier Duarte se nos ha olvidado mencionar a quienes están encerrados en alguna cárcel del estado, purgando condenas por delitos que no cometieron, chivos expiatorios que usaron las autoridades para tapar sus delitos. Una lectora nos hace la observación a través de un correo de la siguiente manera:
“Gracias por sus recientes artículos:
“A todo lo que usted dice, que por muy doloroso y repugnante que sea, es cierto, hay que agregarle:
“La forma tan cínica, cruel, perversa y despiadada en como «sembraron» culpables, los que sin consideración alguna hoy se encuentran encarcelados en CEFERESOS de la más alta seguridad del país. Todos ellos aislados, incomunicados y con todo el peso condenatorio que otorgan las estructuras del poder de estado.
“Nuestra tierra veracruzana ensangrentada y mancillada clama justicia por sus hijos, nuestros hijos, parientes, vecinos, amigos, conocidos, paisanos, etc., que hoy están muertos o en calidad de desaparecidos, pero también pide y pedimos justicia, real y verdadera, por aquellos que, siendo inocentes, han sido no solo señalados y exhibidos como criminales, sino que están injusta e inhumanamente encarcelados, privados de su libertad”.
Reflexión
La señora Ma. Elsie D’Arcangelis T. nos envía el siguiente comunicado: “Me dirijo a usted con respeto, para informarle que a partir de mañana Jueves 27 de octubre de 2016, a partir de las 7:00 hrs. se cerrara el acceso a las oficinas de Catastro del Estado de Veracruz, ubicado en Av. Clavijero No.1 Esq. Av. Manuel Avila Camacho Piso 4. Ya que desde el mes de marzo del presente año, el Gobierno del Estado no me han pagado la Renta y estoy desesperada, de igual manera iniciaré el proceso legal correspondiente”. Servida doña Elsi, ojalá le paguen.
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