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Vecinos de El Alto encontraron el cuerpo de Esther el domingo.
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Al menos 32 menores más han sido asesinados en el país este año. Varias organizaciones advierten de los riesgos del confinamiento.
Esther tenía nueve años y soñaba con ser maestra. A su madre le decía que quería estudiar y ser profesional para que ella no tuviera que trabajar más. Pero, en su cuarto año de primaria, la pandemia de coronavirus se interpuso en su camino y el que debía ser un lugar seguro, su casa, se convirtió en un infierno para ella. El pasado domingo, el cuerpo de la niña apareció botado en una calle de El Alto, la segunda mayor ciudad de Bolivia, con signos de violencia.
Poco después del hallazgo, la Policía confirmó que la niña había muerto asfixiada en un estrangulamiento y, citando un informe preliminar médico, indicó que tenía signos de una agresión sexual “con data anterior”. El martes, mientras la madre de Esther enterraba a su hija rodeada de vecinos que pedían justicia, la Fiscalía de La Paz anunció la detención de un hombre de 42 años como presunto autor del infanticidio, además de otras tres personas que sospecha que también estuvieron involucradas o fueron cómplices de los hechos.
La muerte de la niña, el caso de infanticidio número 33 en el país sudamericano este año, ha provocado una fuerte conmoción. A los llamados para que se haga justicia se le están sumando voces de quienes exigen que se atajen las causas de un problema invisibilizado: la violencia que sufren los niños, que se ha incrementado durante una cuarentena que en Bolivia ha sido muy estricta, y que está resultando especialmente complicada para madres solteras y de escasos recursos como la de Esther.
El domingo que la mataron, Esther se había quedado en casa cuidando de su hermana de tres años, mientras su madre salía a vender fruta en un mercado para mantenerlas a ellas dos y a un bebé de nueve meses, al que se llevaba a trabajar. Los cuatro vivían en una habitación sin baño alquilada en un complejo de viviendas que compartían con otras familias de bajos recursos en El Alto, una ciudad construida principalmente por migrantes pobres del occidente de Bolivia que hicieron de esa ciudad-dormitorio de La Paz la segunda urbe más poblada del país.
Según la versión de la Fiscalía, al principal sospechoso, un vecino de esa casa, se le vio la mañana del domingo en la habitación de la niña junto a otro hombre, un conductor del taxi donde supuestamente se la llevaron y desde donde tiraron su cuerpo en una calle de la zona Luis Espinal de El Alto. Hay un tercer detenido que es un vendedor de CDs que, según un comunicado del Ministerio Público, “constantemente abordaba a la niña con regalos de su mercadería y que presentaba una actitud sospechosa”.
“Esther simboliza y representa a muchas niñas en Bolivia que viven en la pobreza y cuyas madres tienen que salir a trabajar”, afirma Jessica Echevarría, directora de la Red Ciudadana contra el Infanticidio y el Abuso Sexual. “El ver ese cuerpecito abandonado, vejado, ha hecho que todo un país despierte porque la sociedad venía siendo muy indiferente con la situación de violencia y maltrato hacia los niños”. Además, ese organismo registró al menos 400 casos de violaciones y 12.605 casos de violencia intrafamiliar en los que las víctimas fueron menores.
Por eso, Virginia Pérez, jefa de Protección de la Niñez y Adolescencia de Unicef en Bolivia, cree que el caso de Esther es solo la punta del iceberg. “Bolivia es uno de los países de Sudamérica con mayores índices de violencia intrafamiliar, contra la mujer y contra la niñez”, dice al advertir que las estadísticas oficiales presentan un subregistro, según los datos de su organización, porque muchos casos nunca se llegan a reportar o se quedan en el camino.
Y, como la mayoría de las situaciones de violencia y abuso infantil se registran en los propios hogares o en entornos cercanos, Pérez cree que la estricta cuarentena que se vive en Bolivia está poniendo a los niños en una situación muy complicada en la que se ven encerrados con sus agresores y alejados de sus escuelas y redes de apoyos, en un momento en el que los sistemas de protección de la niñez están debilitados por falta de recursos.
La situación, dice, ha sido agravada por la pandemia, ya que los programas de atención a la infancia no han sido considerados esenciales, pese a que “los casos de violencia contra la niñez y violencia sexual se multiplican más rápido que los contagios de coronavirus”. Hasta junio, la covid-19 ha dejado 1.300 niños contagiados y ocho fallecidos.
“Hay un lavado de manos de parte del Estado que declara la cuarentena, luego declara la flexibilización de la cuarentena, pero no otorga ningún tipo de solución para los niños y las niñas que no están en el colegio ni para las madres”, lamenta María Galindo, líder del movimiento feminista Mujeres Creando. Según sus cálculos, en los cuatro meses de emergencia por el coronavirus, Yola Cavillo, la madre de Esther, pudo haber recibido como máximo un bono de 500 bolivianos (72 dólares), una ayuda bastante inferior a los más de 2.100 bolivianos del salario mínimo vital.
La titular de la Defensoría del Pueblo, Nadia Cruz, también criticó que el Gobierno interino de Jeanine Áñez no haya generado “una política efectiva para proteger a la niñez y adolescencia” durante la cuarentena. Tras hacerse público el caso, la presidenta dijo que no toleraría “ningún tipo de violencia” y su ministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, adelantó que fortalecerían las políticas de prevención de la violencia hacia mujeres y menores, pero no se ha detallado ningún plan hasta el momento.
