By Este lunes 18, al mediodía, el presidente Enrique Peña Nieto promulgará el paquete de leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, y lo hará en un contexto sumamente negativo tanto para su gobierno como para su partido que, en la deshonestidad de sus alcaldes, gobernadores y funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, encuentran la principal causa de sus derrotas electorales y del rechazo a la gestión del político que llegó al poder poniendo como principal pendón la capacidad de gobernar y administrar.
A estas alturas del partido, no parece que haya una red que pueda soportar la estrepitosa caída del PRI rumbo a la elección presidencial de 2018.
El próximo año, el partido del presidente Enrique Peña Nieto enfrentará otra de sus pruebas más duras y que puede ser la definitiva para sus aspiraciones partidistas: perder la tercera entidad con el mayor número de votos, el Estado de México, de donde es oriundo y del que siendo gobernador se catapultó hacia la candidatura presidencial del PRI.
Si eso sucede, la debacle será cosa de tiempo: siendo tercera o cuarta fuerza en la Ciudad de México (que tiene predominio de Morena y PRD), y casi tercera fuerza en Veracruz (ganado por el PAN, en alianza con el PRD), que se sume la derrota en la entidad con el mayor padrón electoral del país, decidiría la elección presidencial un año antes de que se celebre.
Las circunstancias locales están jugando fuertemente en contra del PRI y puede echar por la borda el objetivo de conservar Los Pinos por un sexenio más. A la corrupción abierta y solapada de gobiernos estatales como Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, que permitió el triunfo de la oposición el pasado 5 de junio, Peña Nieto es observado críticamente por la población por haber tenido un pésimo desempeño en indicadores económicos, combate a la delincuencia, aplicación de las reformas estructurales, creciente corrupción y, en los últimos meses, manejo de conflictos sociales como el del movimiento magisterial.
Enrique Peña Nieto cosecha en las encuestas el rechazo de cerca del 70 por ciento de la población, con un respaldo de apenas 3 de cada 10 ciudadanos, según encuesta levantada por el diario Reforma. Ello significa la peor caída sufrida por cualquier Presidente de la República, desde que se aplican mecanismos que permiten medir la opinión de la población. ¿Qué le puede levantar?
La corrupción desenfrenada y cínica de los gobernadores que el propio Presidente denominó como la nueva camada del PRI (Javier Duarte de Ochoa, en Veracruz; Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo, y César Duarte Járquez, en Chihuahua) fue este año la principal causa de la derrota priista en esos estados (por primera vez en los dos primeros, además de Tamaulipas y Durango).
En un artículo publicado en el sitio Expansión, se señala: “Durante su campaña como candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto puso como ejemplo de «la nueva generación política» a los gobernadores Roberto Borge, Javier Duarte y César Duarte… Ya como mandatario federal, impugna las acciones de ‘blindaje’ contra posibles investigaciones sobre corrupción de sus compañeros de partido.”
También contribuye a esas derrotas una percepción generalizada de deshonestidad en el ejercicio del poder por parte de funcionarios salidos del PRI en todo el país, comenzando por el presidente Peña Nieto.
El mensaje enviado por su gobierno, a través de los dos últimos dirigentes nacionales del PRI (Carolina Monroy y Enrique Ochoa Reza) y de la Procuraduría General de la República, que inició acción de inconstitucionalidad contra el burdo intento de blindar sus salidas con leyes y organismos a modo por parte de “los tres cochinitos”, como ya se les conoce, se ha considerado tardío, al menos para las aspiraciones del PRI de mantener el poder, particularmente en Veracruz, con un padrón superior a los 5 millones de electores.
Pero, qué más. Los veracruzanos no vemos que ese anuncio de la PGR haya contenido la soberbia infantil de nuestro gobernante, quien sigue viendo de qué manera hace más daño a Veracruz y a los veracruzanos.
¿Actuará Peña para detener y castigar la corrupción?
La oposición legal, contundente, marcada por la PGR contra los intentos de imponer leyes y nombrar fiscales y magistrados anticorrupción a modo, anclados hasta por 10 años, por los tres gobernadores cuya ambición desenfrenada los tiene en un tris de pisar la cárcel, puede ser el inicio de una estrategia de salvamento del presidente Enrique Peña Nieto (también bajo la sombra de la corrupción) para extender el poder priista más allá de seis años.
En su editorial del 14 de julio, el periódico español El País señala que “la derrota del PRI en las elecciones de junio justo en los estados encabezados por gobernadores que se habían convertido en epítomes de la deshonestidad deja claro que los electores están dispuestos a cobrar la factura”.
Aunque los mexicanos abrigamos fuertes dudas sobre un real interés del gobierno federal por combatir la corrupción y castigar a sus propios engendros, esos que han caído gozosamente en el pecado de meter la mano al cajón, el diario señala que puede ser posible, al menos como una forma de mantener el poder: “La clase política puede tener un apego hormonal al patrimonio público, que considera como suyo, pero su obsesión por mantenerse en el poder es aún mayor”.
El propio Peña Nieto se ha encargado de ofrecer testimonios de que la lucha contra la corrupción es un mero discurso, sin embargo, el mensaje enviado por los mexicanos el 5 de junio (cuando lo bajaron del mayor número de gubernaturas en juego) puede ser un ineludible acicate para aplicar acciones reales.
“La diferencia entre las promesas de honestidad de parte del presidente en febrero de 2015 y en julio de 2016 –señala el editorial del diario madrileño– es que hace año y medio la lectura que se hacía del “problema de la corrupción” era otra; un molesto incordio, pero nada más (…) pero elecciones y encuestas muestran inequívocamente que eso ha cambiado. Sea porque los excesos de los políticos superaron la tolerancia convencional o porque la sociedad se ha vuelto más crítica y exigente (o una combinación de ambas razones), lo cierto es que la deshonestidad, por fin, se ha convertido en razón suficiente para echarlos del poder.”
Y añade: “¿Hasta dónde puede llegar el presidente en este acto de contrición de cara a la comunidad (y desde luego que poner en capilla a tres de sus gobernadores lo es)? Obvia decir que no se trata de una súbita conversión franciscana sino esencialmente de un acto político por así convenir a sus intereses. Pero eso no significa que los alcances sean menores”.
Y plantea un escenario más allá de un lavado de rostro: “Que el PRI entienda que la única posibilidad que tiene de sobrevivir al 2018 es darse una especie de auto golpe de Estado en materia de transparencia. Es decir, aprovechar los meses que le quedan en el poder para quitar a la oposición las banderas del combate a la corrupción (que todo indica que será el tema central en las próximas elecciones)”.
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