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Empresarios de la zona centro de Veracruz rechazaron tajantemente la instalación de nuevas casetas en la autopista Córdoba-Veracruz.
Empresarios de la zona centro manifestaron su total rechazo al proyecto federal que contempla la instalación de dos nuevas casetas de cobro en los tramos Balastrera (Nogales) y Amatlán de los Reyes, dentro del plan de modernización de la autopista Córdoba–Orizaba–Ciudad Mendoza (150D).
El proyecto, impulsado por el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y la empresa Cal y Mayor y Asociados, contempla una inversión cercana a cinco mil millones de pesos bajo la modalidad de inversión mixta y concesión a 10 años para modernización, mantenimiento y operación de un tramo de 45.3 kilómetros.
Los empresarios recordaron que esta propuesta ya había sido presentada en 2022, durante la administración estatal anterior, como una medida para aliviar el tráfico derivado de la caseta de Fortín, retirada tras las constantes quejas de transportistas y usuarios por los altos cobros y la congestión que generaba.
En su momento, estudios técnicos y sociales determinaron que la colocación de nuevas casetas no era viable, por lo que la iniciativa fue suspendida.
“El regreso de esta propuesta revive un problema ya resuelto, pues desde la retirada de la caseta de Fortín el flujo vehicular entre Veracruz y el altiplano se normalizó sin necesidad de nuevos peajes”, señaló un representante del sector privado.
Entre los representantes empresariales que han alzado la voz se encuentran Canaco, Canacintra, Coparmex, Canacar y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quienes advirtieron que la colocación de nuevas plazas de cobro afectaría directamente a transportistas, comercios e industrias de al menos 12 municipios, entre ellos Nogales, Ciudad Mendoza, Río Blanco, Rafael Delgado, Orizaba, Huiloapan, Tlilapan, Ixtaczoquitlán, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo, La Perla y Maltrata.
Además, el tramo donde se pretende realizar la ampliación atraviesa infraestructura crítica, como ductos de Pemex, líneas de CFE y Telmex, acueductos, gasoductos y drenajes pluviales, lo que incrementa los riesgos técnicos durante los trabajos de construcción. Accesos a industrias, puentes ferroviarios y cruces de ríos podrían verse afectados, generando impactos económicos y operativos significativos.
Los empresarios exigieron a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Capufe y Fonadin detener temporalmente el proceso de licitación y convocar a una mesa de diálogo con los municipios afectados y empresas de servicios públicos, con el fin de evaluar el impacto real del proyecto.
“Agregar nuevas casetas no es la solución; solo incrementará costos para los usuarios y generará conflictos viales mayores. La verdadera alternativa es planear un nuevo trazo carretero que responda a las necesidades de movilidad, seguridad y desarrollo regional”, coincidieron los representantes del sector privado.
Con información de: E-consulta Veracruz
