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El subsecretario de Gobernación dijo que lo importante en este caso es que no exista impunidad; «si alguien cometió alguna omisión o alteró pruebas debe ser castigado».
El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que no habrá distingos en el caso de altos mandos del Ejército que, presuntamente, están vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En entrevista, señaló que aunque el proceso penal está en manos de la Fiscalía General de la República como responsable de cumplimentar las 83 órdenes de aprehensión que un juez federal libró, 20 de ellas correspondientes a mandos y tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, lo importante es que no exista impunidad en estos hechos.
“No puede haber ninguna distinción y si alguien cometió alguna omisión, una acción o alteró deliberadamente pruebas o intervino en la desaparición debe ser castigado y esperemos que la Fiscalía vaya fondo”.
¿Aún siendo manos militares?
“Yo creo que aquí no hay distingo y el presidente ha sido muy claro en esto. Por el contrario, cuando una institución identifica elementos que han actuado ilegalmente y se procede en su contra dignifica a las instituciones”, sostuvo.
Encinas dijo desconocer la lista de estas 83 personas que informó la FGR, que también incluyen a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; 26 policías de Huitzuco; 6 de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
“Espero que los jueces desahoguen la solicitud de las 83 órdenes y lo importante es que aquí no haya impunidad.
¿El Informe de la Comisión de Ayotzinapa no representa una venganza contra la anterior administración?
“Para que haya justicia no puede haber venganza tiene que haber plena objetividad”.
Entre los mandos militares involucrados y con órdenes de aprehensión se encuentra el general Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 Zona Militar de la IX Región, con sede en Chilpancigo y fuera hasta marzo de 2021 director del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas.
También, el entonces coronel, hoy general José Rodríguez Pérez a cargo del 27 Batallón de Infantería en Iguala.
Luego de este Informe sobre el caso Iguala, presentado el jueves 18 de agosto, solo hay un detenido: el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, como parte del paquete de 83 nuevas órdenes de aprehensión que libro el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca.
Con información de: Proceso
