By En los últimos días, la vergonzosa Legislatura saliente ha tenido mucho trabajo. Contra su proverbial inacción, los diputados locales han debido levantar con más frecuencia el dedo para aprobar al vapor cuanta iniciativa le ha mandado el Ejecutivo del Estado, cuyos propósitos son inequívocos: proteger al gobernador Javier Duarte de Ochoa de posibles acciones judiciales en su contra, y maniatar al próximo gobernador Miguel Ángel Yunes Linares para contar con el poder que le permita poner en acción a la Fiscalía General del Estado.
A la dependencia en manos de Luis Ángel Bravo Contreras, el gobernador Duarte le está otorgando tantas facultades y autonomía (con el respaldo absoluto de los diputados) que al próximo Gobernador le será imposible pedirle cuentas sobre la falta de avance en las denuncias (ya presentadas y por presentar) para castigar los actos de corrupción que han sido detectados en la administración actual y en la que le antecedió.
Aunque ha dicho que su tema no es la política e hizo un llamado a que nadie tiñera de tonos políticos su tarea de impartir justicia en la larga gestión de nueve años que Duarte le posibilitó mediante reformas al marco jurídico, lo cierto es que muchos temas él mismo los ha politizado hasta la médula.
Solo hace falta recordar el célebre caso de la persecución y represión contra la periodista Marijose Gamboa Torales, hoy diputada local electa, acusada de homicidio imprudencial de un joven en Boca del Río mientras manejaba en aparente estado de ebriedad. Bravo Contreras tomó el caso como suyo y no descansó hasta verla tras las rejas y recluirla por meses en un penal alejado de Boca del Río, donde no contaba siquiera con protección contra ataques posibles de sus compañeros de celda. Otro caso famoso es el de los Porkys de Costa de Oro, a quienes mediante la falta de acción ministerial por casi un año, pretendía enterrar en los vericuetos jurisdiccionales para que quedaran impunes.
Hoy hemos visto cómo los diputados aprobaron otorgarle terrenos y dos helicópteros del Ejecutivo a la FGE, para evitar que estos aparatos pueda utilizarlos el próximo gobernador, además de candados para que Miguel Ángel Yunes Linares no pueda expulsar de la Fiscalía a quien tendrá como principal tarea proteger las espaldas a todos los funcionarios que el último día de noviembre dejarán de medrar con los recursos públicos de Veracruz.
Para colmo, hace unos días se alabó como una medida sorprendente que Javier Duarte hubiera propuesto una reforma (aprobada por sus dóciles diputados) que despoja del fuero constitucional tanto al Gobernador del Estado como al Fiscal y a los presidentes municipales. El pasado lunes, cuando promulgó la reforma que lo hace posible, Duarte se vanaglorió de estar haciendo historia, porque ahora “todos y todas en Veracruz somos iguales ante la Ley”.
Leyes y reformas, para amarrarle las manos a MAYL
El problema es que esta norma y la aprobación de la ley y de la Fiscalía Anticorrupción no le tocan ni le afectan. En sentido estricto, le ha quitado el fuero al próximo Gobernador y, con ello, una vez en funciones a partir del 1 de diciembre, podría canjear su impunidad a cambio de no proceder desde la Fiscalía General (que tendrá independencia frente al Ejecutivo) contra el próximo gobernante, actualizando las demandas presentadas por diputados federales y locales priistas en contra de quien fuera candidato triunfador a la Gubernatura el pasado 5 de junio.
Los diputados locales, que pasarán a la historia como los más vergonzantes y entregados, han aprobado al vapor leyes e iniciativas de reforma y, en estos días, aprobarán al nuevo ‘Fiscal Anticorrupción’, hecho a la medida del actual Gobernador y quien tendrá también el encargo de ponerle todo tipo de piedras al próximo mandatario. Imagínese que la persona que ocupe ese cargo será aprobado por las dos terceras partes de los diputados, lo que el PRI tiene a la mano con sus diputados y los de sus aliados, y lo que es peor, dicho fiscal estará en el cargo durante cinco años, es decir, lo que dure la gestión de Miguel Ángel Yunes Linares y la mitad del siguiente gobierno estatal.
La frase de Duarte en la promulgación de la reforma constitucional que despoja del fuero de Gobernador para abajo, podría ser puesta en letras de oro en Palacio de Gobierno o en el salón de sesiones del Congreso local: “Los ciudadanos exigen que los cargos públicos no sean espacio para la impunidad, encubrimiento o abuso”, aunque esto sea un propósito a toro pasado o con dedicatoria para el gobernador que durará dos años a partir del 1 de diciembre.
¿Recuerda lo del video-escándalo que protagonizó Javier Duarte cuando, horas después de dar la bienvenida a la alternancia, se le fue a la yugular al candidato triunfante, acusándolo de actuar con balandronadas? Pues hubo reedición en el discurso del pasado lunes.
En efecto, Duarte dijo que gracias a las nuevas herramientas jurídicas contra la corrupción, “será con pruebas, y no con dichos o ataques mediáticos con tintes políticos, que se sancionará la conducta irresponsable de cualquier servidor público que atente contra los intereses de los veracruzanos”.
Los hilos se están moviendo también hacia el Tribunal Superior de Justicia, al que se le ha ‘asegurado’ la autonomía financiera imponiendo que su presupuesto no será menor al 2 por ciento del presupuesto estatal, algo que por supuesto no será retroactivo, sino que se impondrá desde el primer presupuesto de egresos del próximo gobierno.
Por cierto, durante el encuentro con los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, encabezados por su presidente Alberto Sosa Hernández, Miguel Ángel Yunes Linares comenzó su mensaje saludando a sus maestros, compañeros de generación e hijos de grandes amigos, y fue particularmente afectivo con Amadeo Flores Villalba, hijo de Felipe Amadeo Flores Espinosa, presidente del CDE del PRI, con quien le une una gran amistad que seguramente no rompió la reciente contienda electoral.
En fin, regresando al tema que nos ocupa, esa bondad que hoy muestra Javier Duarte para entregar recursos suficientes, nunca la tuvo en los años de su gobierno, cuando el Poder Judicial padeció profundos hoyos financieros que le impidieron, por ejemplo, poner en funciones el nuevo sistema de justicia penal adversarial en la fecha establecida por el gobierno federal.
Hoy se la impone a quien le sustituirá, dejándolo sin posibilidad para establecer las prioridades presupuestales a que le obligará el grave desastre de las finanzas públicas de Veracruz, producto de 12 años de gobiernos depredadores e ineficientes, por decirlo de una manera ciertamente coloquial.
Vamos a ver qué otras ocurrencias llegan al Palacio Legislativo para maniatar al próximo Gobernador de Veracruz, que serán aprobadas sin más por los diputados que, gracias a la Constitución, están a punto de irse al demonio con su estela de actitudes vergonzantes y corruptas.
Ahora hasta dicen que están dispuestos a reunirse con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares, pero yo me pregunto: para qué perdería este su tiempo en reuniones insubstanciales con quienes el próximo 5 de noviembre entregarán la maltrecha nave legislativa a un nuevo Congreso compuesto por 22 diputados de la alianza PAN-PRD, 13 de Morena, 13 del PRI, uno del Panal y uno más del PVEM.
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