By No es posible dejar de reconocer la decisión del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares de dialogar directamente con los colectivos de familiares de desaparecidos, encabezados por el padre Alejandro Solalinde, el miércoles pasado, en el Puerto de Veracruz. Es un tema al que gobernadores anteriores siempre le dieron la vuelta, en parte porque eran cómplices del enorme cementerio en que se convirtió la entidad, y que ha abierto uno de los mayores retos en materia de justicia y combate a la impunidad.
Aunque con ello dejó de manifiesto que su Fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, no tiene la capacidad para abordar ese tema, acostumbrado más bien a actuar en barandilla como abogado penalista pero sin ningún conocimiento en materia de justicia y derechos humanos, lo cierto es que a Yunes no le importó enfrentarse a mujeres y hombres desesperados por tanto tiempo de desatención gubernamental (que viene de muchos años) y fue muy abierto al escuchar los reclamos y las propuestas, compartiendo mesa con un firme defensor de los derechos humanos como el padre Solalinde.
Pero si su presencia acentuaba la bisoñez de su Fiscal en asuntos tan delicados como el que mantiene a Veracruz en el sitio más deshonroso en la defensa de los derechos humanos, la prevención del delito y la impunidad, su disposición al diálogo ha permitido presuponer que al menos habrá una atención del más alto nivel sobre un tema dramático. Y, de entrada, va a poner orden en casa.
Yunes Linares pudo percatarse de la ineptitud y absoluta negligencia de la titular de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, Mireya Toto Gutiérrez, quien ha disfrutado de las mieles del puesto desde que Gerardo Buganza la impuso en esa oficina, por órdenes de Javier Duarte de Ochoa, en julio de 2012, y el año pasado fuera ratificada.
Ya el jueves 16 de febrero, colectivos de familias en busca de personas desaparecidas se manifestaron en las afueras de esta Comisión Ejecutiva para denunciar omisiones y pedir la renuncia de su directora, Mireya Toto. Durante todo su tiempo al frente de la oficina, Toto Gutiérrez no hizo absolutamente nada, ni siquiera tuvo el ánimo, la energía, la gana de aparentar trabajo creando las instancias municipales y prácticamente despachaba desde su domicilio particular, a donde llevaba a su personal para encargarle tareas eminentemente domésticos.
Su proverbial negligencia (que no su ignorancia de la ley y de sus atribuciones) han hecho de la comisión estatal un organismo inoperante e inservible; por ejemplo, no da acompañamiento y representación jurídica a las víctimas porque se esconde detrás de la mera gestión.
Será despedida de inmediato
Durante la reunión que sostuvo con el padre Alejandro Solalinde y los grupos de familiares de desaparecidos, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares propuso a los colectivos que eligieran a una persona para que se haga cargo de la dirección de la Comisión Estatal para la Atención Integral a Víctimas del Delito, permitiendo que Mireya Toto sea reemplazada por alguien “que sea sensible al tema”.
“A mí me parece que la doctora Mireya Toto ya cumplió un ciclo, ese ciclo debe terminar, ella debe ir a la vida académica, a cualquier otro lugar y debe dejar el espacio a alguien que sienta muy personalmente, muy íntimamente lo que sienten las víctimas; no puede ser un burócrata quien presida la Comisión Estatal de Víctimas, debe ser alguien que vibre con el tema, que sienta el tema, que haya sufrido el tema para que lo entienda, que sea sensible al tema”.
Por ello, solicitó a los colectivos a que se pongan de acuerdo y que elijan a la persona que mejor podría representar a los familiares de desaparecidos, es decir, una mujer u hombre emanado de las mismas agrupaciones que buscan a sus seres queridos. “Y propongamos al Congreso del Estado a esa persona, para que el Congreso la elija y presida la Comisión Estatal de Víctimas, a quien ustedes me digan”. Y añadió de manera contundente que esa propuesta que le entreguen será presentada ante los diputados locales de Veracruz para que la voten.
Esta actitud mostrada por el mandatario veracruzano debe valorarse en su justa dimensión, porque no solo no rehuyó el tema dejándolo en las manos de su Fiscal General y tampoco propuso, ante la ineptitud de la aviadora Mireya Toto, colocar en ese lugar a uno de su equipo. Esperamos que, independientemente de que busque financiamiento federal para la realización de las tareas de identificación de los restos humanos que están regados casi en todo el territorio veracruzano, Yunes Linares pueda empezar a resolver este enorme drama que viven cientos de familias veracruzanas.
Fiscalía y Seguridad Pública, en la lupa de la CEDH
Por lo pronto, la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, señaló este jueves que en la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) hay un patrón de deficiencias y omisiones graves en las investigaciones por desaparición, según lo sustentan 103 casos que analiza ese organismo, y añadió que por estas anomalías, en próximos meses se emitirá la primera recomendación general por desaparición y desaparición forzada en contra de ambas dependencias.
Dijo que las quejas de las familias son similares: pareciera que las carpetas se archivan en un cajón, no hay diligencias de investigación, no se obtienen sábanas de llamadas de teléfonos celulares, no se llama a declarar a testigos claves, no se toman perfiles genéticos, lo que finalmente entorpece la investigación, negando el derecho de las familias a la verdad, la justicia y la reparación del daño.
El patrón podría extenderse a los más de 2 mil 400 casos de desaparición en Veracruz documentados por la propia FGE. Anomalías que los propios colectivos de familiares en búsqueda han hecho públicas.
La presidenta de la CEDH afirmó que la autoridad, por acciones u omisiones, vulneró los derechos de las familias y hubo fallas graves en los procesos, por lo en esta recomendación también ordenará a las dependencias involucradas sanciones administrativas o penales en contra de los funcionarios involucrados en estos hechos. Se esperaría que esta recomendación permita a la actual Fiscalía no solo reconocer lo que está haciendo mal sino llamar a cuenta a los funcionarios que en los años anteriores incurrieron en dichos comportamientos.
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