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Con la nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, municipios de Veracruz que carecen de policía podrían tener un mando único.
El Congreso del Estado de Veracruz aprobó una nueva Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, propuesta por la gobernadora Rocío Nahle García, con la que se establecen cambios en la forma en que se organiza y opera la seguridad en el estado.
La reforma fue avalada con 47 votos a favor y tres en contra. Su principal objetivo es mejorar la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios, así como garantizar que el servicio de seguridad pública no se interrumpa en ninguna región.
La ley permite que se aplique el mando único en las alcaldías que carecen de policía municipal, cuando así lo determinen los consejos estatal o nacional de seguridad, o cuando el propio ayuntamiento lo solicite. En estos casos, el Estado asumirá la operación policial.
También se incluye el modelo de mando coordinado, en el cual el gobierno estatal se encarga de las tareas operativas, mientras que los municipios conservan las funciones administrativas. Este esquema sólo podrá ponerse en marcha mediante convenios entre ambas partes.
Otro de los puntos centrales es la creación de reglas comunes para supervisar y evaluar el uso de recursos públicos destinados a la seguridad, tanto federales como estatales, además de unificar criterios de control y evaluación de las corporaciones policiales.
La ley establece que el Estado y los municipios deberán integrar y mantener actualizadas las bases de datos del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en coordinación con el Sistema Nacional, para fortalecer la prevención del delito y la toma de decisiones.
Como parte de la nueva estructura, se crea el Consejo Estatal de Seguridad Pública, que será el encargado de coordinar la política de seguridad en Veracruz. Este consejo estará presidido por la gobernadora y contará con la participación de alcaldes y representantes de la sociedad civil.
También se reconoce formalmente a la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz del estado, la cual tendrá funciones de coordinación inmediata entre las instituciones de seguridad. Entre sus tareas estarán el análisis de delitos de alto impacto, el seguimiento a casos relevantes y la evaluación de la estrategia de seguridad.
Además, la ley contempla la creación de una unidad de inteligencia, encargada de analizar información para detectar riesgos y prevenir amenazas al orden y la paz públicos.
Finalmente, se establecen sanciones para quienes incumplan con la entrega de información o hagan uso ilegal de las bases de datos de seguridad. Las penas incluyen multas, prisión, destitución e inhabilitación, según la gravedad de la falta.
Con información de: E-consulta Veracruz
