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Los detenidos están vinculados al desvío de recursos que debían ser destinados para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 y para obra pública que fue facturada, pero no se construyó.
Por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos que debían ser destinados para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 y para obra pública que fue facturada, pero no se construyó, cuatro alcaldes de Hidalgo, Fidel Arce Santander (Epazoyucan), Felipe Juárez Ramírez (Huautla), Elías Sanjuán Sánchez (Yahualica) y Luis Enrique Cadena García (Nopala), fueron detenidos este día en operativos a cargo de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH).
De acuerdo con informes del Registro Nacional de Detenciones (RND), Arce fue aprehendido, tras orden judicial, a las 11:10 de la mañana entre boulevard Santa Catarina y la carretera México-Pachuca, frente a las oficinas de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, mientras que la acción contra Juárez ocurrió a la 1:40 de la tarde en las instalaciones de Palacio de Gobierno, al término de un evento público del mandatario Julio Menchaca Salazar.
Los políticos son acusados de posible malversación de 14 millones 215 mil 780 pesos, y 26 millones 615 mil 780 pesos, respectivamente.
Ambas acciones ocurrieron en Pachuca y estuvieron a cargo de la PGJEH, que investiga una presunta red de corrupción a la que ha denominado “Estafa Siniestra”, que consiste en el presunto desvío de 522 millones 824 mil 955 pesos en la que, presume, participaron 13 ayuntamientos y dos secretarías del estado, durante la administración del priista Omar Fayad Meneses.
Minutos antes, a las 12:05 de la tarde, Sanjuán fue detenido en la carretera Calnali-Atlapexco, a la altura de la comunidad de Tecolotitla. A él, la procuraduría le imputa responsabilidad por el destino de 29 millones 225 mil pesos.
Cadena también fue puesto a disposición del ministerio público. Previo a su detención en las calles del centro de Nopala, el munícipe presidió la entrega del Premio Municipal de la Juventud.
Sin abundar al respecto, el gobernador Menchaca Salazar, emanado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), confirmó los procedimientos judiciales, aunque no mencionó nombres al argumentar el cuidado del debido proceso; no obstante, mencionó que en este caso “no hay sorpresas, sino sorprendidos”, porque se había advertido que actuarían contra quienes no justificaran o reintegraran el dinero, una posibilidad que planteó el propio gobierno y un criterio al que, según declaraciones previas del jefe del Ejecutivo, se acogieron dos de los implicados que regresaron 80 millones de pesos.
“Están involucradas varias personas y se llegará al fondo del asunto”, afirmó a medios tras presidir un acto público esta tarde, sin dar más pormenores. Reiteró que se actuará sin importar el signo partidista y anticipó que la procuraduría, a cargo de las investigaciones, ampliaría la información.
Arce, un constructor a cargo de la empresa Construcciones e inmobiliaria Arce y Asociados, es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) e identificado con el grupo político de Fayad Meneses. En tanto que Juárez, que llegó cargo en Huautla, municipio de la huasteca hidalguense mediante el extinto Partido Encuentro Social (PESH), era vinculado con el senador Miguel Osorio Chong y el exdiputado federal Alejandro González Murillo, sobrino del exprocurador Jesús Murillo Karam.
Sanjuán también es emanado del PRI, mientras que Cadena pertenece al partido en el gobierno, pero ha tenido diferencias con corrientes al interior de este instituto fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Un conflicto interno entre el tesorero municipal de Huautla y el alcalde Felipe Juárez derivó en la indagatoria por posible simulación de servicios y desvíos que el gobierno de Menchaca Salazar llamó la Estafa Siniestra.
Tras discrepar en el ejercicio del gasto, el tesorero presentó una denuncia al temer que la responsabilidad recayera en él. En su declaración dijo que el recurso, que era extraordinario, presuntamente no había llegado a su destino, que era obra pública y acciones de salud, pero que se generaron facturas porque fueron transferidos a empresas simuladoras de operaciones fiscales, conocidas como firmas fachada o factureras.
Aunque la investigación inició por un caso que para las autoridades parecía aislado, encontraron un patrón repetido en tres ayuntamientos, también de recursos extraordinarios, y al rastrear esos movimientos identificaron que había 13 municipios y dos secretarías que repitieron lo que, con estos elementos, consideraron un móvil.
Más tarde, en conferencia de prensa, el encargado del despacho de la Procuraduría, Santiago Nieto Castillo, confirmó que las cuatro detenciones son por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones agravado, que, en estos cuatro municipios, son por un monto de 172 millones 978 mil 67 pesos.
Afirmó que hay “elementos suficientes” en las carpetas sobre la partición de personas de la anterior administración estatal, por lo que consideró estas aprehensiones como “el primer paso del combate a la Estafa Siniestra”, porque, añadió, buscan llevar ante la justicia “a los principales responsables de la cadena delictiva”.
Igualmente mencionó que hay criterios de oportunidad para quien o quienes colaboren en llegar a mandos más altos.
Confirmó que el modus operandi fue, primero, el requerimiento de recursos extraordinarios al gobierno del estado. A partir de ello hay un proceso de autorización de la Secretaría de Finanzas, entonces a cargo de Jessica Blancas Hidalgo, y se hicieron transferencias a través de diversos bancos.
El primer hallazgo fue en Huautla, que para rehabilitar caminos requirió el dinero que facturó como arrendamiento de maquinaria.
El contrato, detalló Nieto, no fue autorizado por el Cabildo, aunque se generaron las facturas y los pagos a personas morales que no estaban ubicadas en Hidalgo, sino con domicilio fiscal en Oaxaca “y que en muchos de los casos no habían sido incluidas en el padrón de proveedores del estado”.
“No se encontraban en domicilios fiscales, correspondían a casas particulares, en abandono o no usadas para actividades empresariales”, añadió; además, que al menos dos de estas firmas tenían al mismo responsable legal.
Epazoyucan, mencionó, recibió dos fondos de recursos extraordinarios para rehabilitación de espacios recreativos e insumos para Covid-19.
En el procedimiento, añadió, no hubo autorización por parte de la asamblea, pero el alcalde se amparó en un criterio no válido de ser la máxima responsabilidad municipal y tener facultad para tomar esta decisión.
En Nopala, indicó, fueron 22 millones de pesos para rehabilitación de caminos, mediante el arrendamiento de maquinaria, y 49 millones por servicios de mantenimiento y fumigación –como había dicho Cadena, quien aseguró en días previos que los contratos fueron legales–. No obstante, sin hacer referencia al edil, Nieto Castillo sostuvo que del análisis pericial contable, entrevistas e inspecciones de la Agencia de Investigación Criminal determinaron que no se realizaron estos servicios.
De los 29.2 millones recibidos por Yahualica, refirió, 15 fueron para un sistema integral de apoyo para el buen uso de recursos, en tanto el resto para fumigación y arcos sanitizantes.
Reiteró que fue el mismo modus operandi: adjudicación directa que no pasa por el ayuntamiento, se recibe el recurso extraordinario y va a empresas fachada.
Aunque Nieto, acompañado por el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, no proporcionó los datos del resto de ediles implicados por la secrecía del caso, además de Epazoyucan, Huautla, Yahualica y Nopala, Acaxochitlán, Atotonilco el Grande, Huazalingo, Mineral del Monte, Pisaflores, Singuilucan, Tepeji del Río, Tlahuelilpan y Zacualtipán integran la presunta red de corrupción detectada durante la etapa de transición gubernamental, iniciada en julio pasado, más denuncias presentadas por funcionarios de estas demarcaciones que conocieron acerca de las transferencias por recursos extraordinarios y su posible desvío.
En Acaxochitlán, a cargo del morenista Erik Carbajal Romo, el presunto desvío asciende a 32.9 millones; en Atotonilco el Grande, gobernado por Hugo Ramírez López, del extinto Podemos, 19 millones 920 mil 400 pesos; en Huazalingo, con el priista Julio César González García, el monto imputado es 18.5 millones, y en Mineral del Monte, con el también tricolor Alejandro Sierra Tello, alcanza los 17.5 millones de pesos.
Del PRI hay tres ediles más: Luis Francisco González Garay, de Pisaflores, que, según las carpetas de investigación abiertas, posiblemente malversó 30 millones 960 mil 890 pesos; Salvador Jiménez Calzadilla, de Tepeji del Río, a quien demandan 98 millones, y Edgar Josué Moreno Gayosso, de Zacualtipan, que recibió 14 millones de recursos extraordinarios ligados a este caso.
El resto de alcaldes son Marcos Miguel Taboada Vargas, de Singuilucan, nominado por Nueva Alianza y al que la PGJEH reclama esclarecer el destino de 109 millones 645 mil 325 pesos, el mayor monto de este esquema, y José Alfredo Díaz Moreno, de Movimiento Ciudadano, con 29 millones 225 mil pesos por aclarar.
El peculado, de acuerdo con el Código penal del estado, se sanciona de 4 a 14 años de prisión, que puede extenderse a un tercio más si es agravado, en tanto que el uso indebido de atribuciones se penaliza con uno a 8 años de cárcel.
Nieto Castillo especificó que aunque estos posibles ilícitos no ameritan prisión preventiva oficiosa pedirán la prisión preventiva justificada porque los alcaldes tienen un ámbito de influencia en sus espacio de gobierno y podrían evadirse de la justicia; de igual forma, pedirán que los procesos se sigan en Pachuca
El planteamiento del gobernador es muy claro: “hasta las últimas consecuencias”, expuso.
En tanto, el secretario de Gobierno sumó: “Habrá quién diga que (las detenciones) son llamaradas de petate o acciones de distracción (pero) al ver los hechos estas palabras mal intencionadas caerán y se desvanecerán por sí mismas. A lo menos que tenemos responsabilidad los servidores públicos es cuidar el dinero del pueblo (…) y por eso a todas y a todos no asiste el legítimo derecho que quienes lo tomaron indebidamente lo devuelvan”.
Sobre este punto, hizo énfasis reiteradamente en que se “regrese” el recurso por el cual se originaron estas investigaciones, para necesidades sociales en la entidad.
Unas horas después de su detención, el edil de Nopala recuperó su libertad por un recurso legal presentado por su defensa.
A diferencia de los alcaldes de Huautla, Yahualica y Epazoyucan, contra Luis Enrique Cadena (Morena) no hubo audiencia inicial por los delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones. Por un amparo, libró la prisión preventiva justificada que obtuvieron los otros tres alcaldes a quienes la PGJEH vincula con la Estafa Siniestra.
Como medida cautelar, el morenista, que esta madrugada dejó de estar bajo la custodia de la policía ministerial, que lo había detenido en su municipio, debe separarse del cargo y no salir del país.
La procuraduría había insistido en la permanecía en reclusión por el capital político y económico de los posibles implicados.
Los otros tres ediles, que permanecen en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca se acogieron a la duplicidad del término constitucional de 144 horas para que se determine si son o no vinculados a proceso.
Con información de: Proceso
