By El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción llevará a cabo este martes su sesión de instalación, pero sin la figura del Fiscal|
Sin la figura del Fiscal Anticorrupción, el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción llevará a cabo este martes su sesión de instalación y comenzará con la prevención y persecución de este tipo de delitos.
En este arranque, el Comité Coordinador deberá iniciar sus labores sin todos los engranes que desde la Constitución se le dotó, pues el Senado de la República no hizo su tarea y se le olvidó designar al Fiscal Anticorrupción.
La Cámara Alta debió designar a este personaje, incluso está en proceso esta elección, pero el PRI y sus aliados no han logrado los acuerdos necesarios con PAN, PRD y Bloque Parlamentario.
La oposición en el Senado quiere que primero se reforme la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que esta dependencia transite a Fiscalía General de la Nación (FGN), con nuevas reglas y con una efectiva autonomía.
La Fiscalía Anticorrupción dependería orgánicamente de la FGN y desde –la óptica de la oposición– estas nuevas reglas le darían más “dientes” al trabajo de este nuevo Zar Anticorrupción.
Para el PAN, PRD y Bloque Parlamentario esta nueva ley de la FGN tendría dos propósitos: que el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, no pase en automático a ocupar el cargo de Fiscal General y la durabilidad necesaria para el Fiscal Anticorrupción desempeñe su labor de manera autónoma.
El PRI se inclina por designar en estos momentos al Fiscal Anticorrupción, pero con las leyes vigentes y sin aprobar el veto al pase automático de Procurador a Fiscal General.
Engrane
El Fiscal Anticorrupción y seis instancias más son el motor de este Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, el cual tiene como propósito mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción.
Además del Fiscal, el Comité Coordinador está conformado por los titulares del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de la Secretaria de la Función Pública, del Consejo de la Judicatura Federal, ASF, INAI y por el Comité de Participación Ciudadana (CPC), el cual es presidido por Jacqueline Peschard.
Por disposición oficial, el 4 de abril este Comité Coordinador deberá comenzar a trabajar, por lo que Jacqueline Peschard, presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, convocó a los demás integrantes a esta instalación.
A esta primera reunión asistirá el magistrado Carlos Chaurand Arzate, presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Arely Gómez, secretaria de la Función Pública; Alfonso Pérez Daza, representante del Consejo de la Judicatura Federal.
Juan Manuel Portal Martínez, Auditor Superior de la Federación; Ximena Puente de la Mora, Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia y también debió de asistir el titular de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, funcionario que no ha sido designado por los senadores.
Primeros pasos
A ocho meses de haberse aprobado el paquete de leyes que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, la Red por la Rendición de Cuentas (RRC) hizo un balance sobre los avances logrados hasta ahora, así como los retos inmediatos para su exitosa implementación.
Explicó que este Sistema contempla un nuevo diseño institucional orientado a mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción con mecanismos de asignación de responsabilidades basados en el mérito, la certeza, la estabilidad y la ética pública.
A través del Comité Coordinador, las siete instituciones que lo conforman planificarán, diseñarán y promoverán políticas públicas, determinar mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de información estratégica.
Ademas, diseñarán metodologías e indicadores para la evaluación de las políticas públicas; establecerán lineamientos y mecanismos de coordinación y colaboración con los sistemas locales anticorrupción y con autoridades de fiscalización y financieras; y realizarán informes, emitirán recomendaciones y supervisarán el cumplimiento de las mismas
De acuerdo la RRC, una de las mayores innovaciones del Sistema es que su presidencia recae en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), que se ha denominado como la “séptima silla”.
La “Séptima Silla”
Esta instancia – a diferencia de las demás que conforman el sistema– fue diseñada para que la ciudadanía cuente con un canal formal de participación ciudadana.
Actualmente, el CPC está conformado por Jacqueline Peschard, José Octavio López Presa, Mariclaire Acosta, Alfonso Hernández y Luis Manuel Pérez de Acha, “y todos ellos tienen una reconocida trayectoria en alguno de los ejes nodales de la rendición de cuentas”.
El CPC tiene al menos tres tareas sustanciales: vigilar que las demás instituciones integrantes del Sistema cumplan con las funciones asignadas por ley -incluidas sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas-.
Esta función de supervisión puede llevarse con éxito si se conjura la tentación de captura –ya sea sutil o evidente- por parte de intereses particulares o por parte de las demás instituciones integrantes del sistema.
En segundo lugar, se trata de articular esfuerzos por parte de una pluralidad de actores sociales para marcar la agenda del sistema, configurar una política nacional anticorrupción incluyente, con enfoque de derechos y acorde a las necesidades del país y lograr la legitimación social del sistema.
En tercer lugar, se trata de desarrollar capacidades de información para que la sociedad pueda conocer con datos concretos los avances, retos y retrocesos en materia de combate a la corrupción.
“Esto implica construir confianza, la cual se construye por micras y se destruye por kilómetros”.
La RR reconoce que el contexto actual es es complejo ya que las expectativas de la sociedad mexicana apuntan hacia la creación de un sistema que va a transformar una administración pública que ha funcionado bajo la lógica del sistema de botín.
Lo que no es
El CPC no asumirá funciones de investigación, control interno, fiscalización o sanción, ya que son las otras instancias las que están obligadas a cumplir con esta labor.
Tampoco tiene como propósito la espectacularidad mediática, la formulación de declaraciones “políticamente correctas”, la promoción de la captura de “peces gordos” o los casos emblemáticos ya que esto va en contra de las premisas que dieron origen al Sistema.
Por el contrario, acorde con sus atribuciones, el CPC debe allegarse de toda la información necesaria para elaborar propuestas, recomendaciones y exhortos a las autoridades integrantes del comité coordinador.
Con información de La Silla Rota
