By La Policía Federal ha desenmascarado en los días recientes una red de acoso a medios, periodistas y políticos que opera en la ciudad de México, en que identifica como uno de sus responsables al exgobernador Fidel Herrera Beltrán, además de un empleado de Televisa y al exdelegado en Cuajimalpa y próximo diputado de la Asamblea Legislativa del DF, Adrián Ruvalcaba Suárez quien, según la nota publicada por el portal SinEmbargo, “se considera a sí mismo ahijado político del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari”.
Con base en una denuncia anónima recibida por la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), que fue turnada por oficio a la Unidad Científica de la Policía Federal, se inició una investigación que, según la publicación, “abrió un pozo lleno de alacranes”.
Con la ayuda de un juez federal se logró intervenir teléfonos y correos electrónicos, y se descubrió que la red, apoyada en Juan Carlos Zaragoza Ríos, un empleado de Televisa, se dedicaba a coordinar desde hace años campañas de difamación, desprestigio y, eventualmente, para realizar extorsiones, usando las redes sociales y otros recursos de internet.
Su más reciente operación fue la de artistas y el propio Miguel El Piojo Herrera, representados por Danna Vázquez, para apoyar mediante Twitter al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en una etapa en que se imponía el silencio electoral por estar a horas de los comicios.
“El equipo de Zaragoza atacó recientemente a Aristegui Noticias, a SinEmbargo, a un periodista del Grupo Imagen, a Cuna de Grillos y a otros medios y comunicadores de la capital y del interior del país. Se cree que ataques similares fueron recibidos al menos por el periódico Reforma, aunque el periodo de escuchas no alcanzó a documentarlo”, señala la nota publicada por el portal Sin embargo.
Por desgracia, aunque el expediente 074/2015 fue abierto por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), este organismo no lo ha integrado y tampoco lo ha turnado a un juez.
“La primera agente del Ministerio Público que llevó el caso fue relacionada, en grabaciones, con presuntos actos de corrupción. Una grabación indica que habría recibido dinero de los agresores de periodistas. Fue relevada por petición de parte, pero sigue en su oficina. Ella lleva, hoy, otros casos de periodistas como el de Moisés Sánchez, asesinado en Veracruz”, revela la investigación periodística.
Ruvalcaba, quien pronto dormirá tranquilo con los laureles del fuero en la ALDF, ha ordenado ataques a políticos de su partido, el PVEM. “Ha involucrado, en las campañas de difamación, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Manlio Fabio Beltrones, a Miguel Ángel Mancera, a César Camacho, a Héctor Serrano y a muchos más”.
Una de las diabluras nos concierne; fue contra Pedro Zarrabal Rodríguez, excoordinador de Equidad de Género y Diversidad Sexual del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Veracruz.
Según grabaciones de una llamada telefónica, Zaragoza instruyó a un menor de edad a que se grabara acusando que Zarrabal “lo había contactado en el café La Parroquia para ofrecerle un trabajo. Que luego lo había drogado y después, lo había violado y contagiado con VIH (…) El político veracruzano renunció a su partido y lanzó fuertes críticas al Gobierno de Javier Duarte de Ochoa”.
Y entonces viene la relación de esta red criminal con el Tío Fide:
“De las grabaciones se desprende que otro de los políticos que usaron ‘los servicios’ de Zaragoza Ríos es Fidel Herrera Beltrán, ex Gobernador de Veracruz. Él, o gente de él, pagaron al empleado de Televisa para acosar a Aristegui Noticias”.
Este lunes, SinEmbargo publicó la primera parte, pero amenaza con ser muy revelador en sus siguientes entregas.
Poder Judicial, en graves predicamentos financieros
Aunque el Poder Legislativo de Veracruz posiblemente no haya sido afectado, debido a la importancia de mantener contentos a los diputados que aprueban sin dilación las reformas constitucionales y nuevas leyes estatales, el Gobierno del Estado prácticamente ha maniatado financieramente el Poder Judicial.
Ello ha impedido, por ejemplo, la realización de diversas acciones de modernización de instalaciones, tan necesarias para la implantación en la entidad en periodos de obligado cumplimiento del nuevo sistema penal adversarial, lo que pone en riesgo su implantación según lo proyectado por el gobierno de Enrique Peña Nieto en una de sus reformas estructurales.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Alberto Sosa Hernández, no ha sido muy enfático en demandar el cumplimiento en la entrega de los recursos presupuestados (de hecho, ha permanecido en silencio), y ha debido ser Mauricio Duck Núñez, integrante del Consejo de la Judicatura, quien ha salido a proponer que se hagan las reformas legislativas pertinentes para que los recursos que corresponden al Poder Judicial no pasen por la Sefiplan y, con ello, se eviten los retrasos en la entrega de los recursos autorizados.
Duck Núñez no solo se refirió a lo que le duele directamente sino que también consideró necesario que dichas reformas incluyan a la UV e, incluso, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Tales reformas, dijo, permitirían que el presupuesto que se asigne al Poder Judicial se entregue directamente de la Federación, lo que evitaría las carencias económicas y penurias que sufren los juzgados, lo que no solo afecta al personal sino, fundamentalmente, a la ciudadanía que busca justicia.
Y es que, con ocho meses del año, el Poder Judicial solo ha recibido el 40 por ciento del presupuesto para 2015, con un monto aprobado de 1 mil 500 millones de pesos, lo que significa que, en caso de que cumpla con su obligación constitucional, en los últimos cuatro meses la Sefiplan entregaría el 60 por ciento restante, es decir, 900 millones de pesos.
Hay que recordar que para mediados de 2016, se deberían implementar los juicios orales, un compromiso asumido por Veracruz a partir de la aprobación del nuevo Código Penal Federal, lo que difícilmente se cumplirá por la artificial contención del gasto, en que se incluyen no solo recursos estatales sino también federales.
Basta de licuadora
Organismos autónomos, ayuntamientos, la Universidad Veracruzana e, incluso, los poderes del estado, hace tiempo que buscan que los recursos enviados por el gobierno federal lleguen directamente a sus tesorerías, sin pasar por el ominoso dique que ha significado la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del Gobierno del Estado.
La Universidad Veracruzana, en voz de su rectora Sara Ladrón de Guevara, no solo ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que en 2016, merced al mecanismo de Presupuesto Cero, haya una merma sustancial en el monto del subsidio federal, que ya han alertado las principales instituciones de educación superior como la UNAM, la UAM y el IPN, sino que esto sea más crítico si, como se ha hecho, el gobierno estatal sigue en posibilidad de escamotear o ‘administrar’ parte de esos recursos que el próximo año se prevén más castigados.
Según datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la casa de estudios, en los últimos cinco o seis años el monto de los recursos que no llegaron a su destino rebasa los mil 800 millones de pesos, lo que ha afectado severamente programas académicos y de investigación, actividades artísticas, mantenimiento de instalaciones y, últimamente, hasta el pago oportuno de salarios y prestaciones de su personal.
Los ayuntamientos, por su parte, han debido posponer todos sus proyectos de obra pública, incluso de aquella que fue concertada a través de programas federales, debido al retraso indefinido en la entrega de las ministraciones; en muchos casos, de plano han debido cancelar proyectos y restringir la prestación de servicios públicos pues han trabajado casi exclusivamente con los recursos propios derivados del impuesto predial.
Salvo algunos alcaldes, tanto priistas como de oposición, que han manifestado abiertamente esta circunstancia, los demás han preferido no confrontarse con el gobernador Javier Duarte de Ochoa, asumiendo el costo político que representa no cumplir con sus planes de desarrollo.
Pero no son los únicos. Ya hemos visto los problemas que enfrenta el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para cumplir en tiempo y forma con miles de pensionados en la entidad, muchos de ellos obligados a tomar las calles como forma de presión a pesar de su avanzada edad.
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