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Las investigaciones involucran a ayuntamientos guerrerenses, tras el testimonio de un hombre identificado como Roberto
La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) inició una investigación para esclarecer la posible desaparición de jornaleros de las zonas rurales de Acapulco y Chilpancingo, en el estado de Jalisco. Esta madrugada la institución dio a conocer que inició de oficio una carpeta de investigación con el fin de esclarecer los hechos en la que pudieran estar involucrados los Ayuntamientos y la Universidad Autónoma de Guerrero.
Lo anterior “en virtud de la información difundida a través de diversos medios de comunicación sobre la posible existencia de desaparición de víctimas originarias de Guerrero relacionadas con trabajos agrícolas en el estado de Jalisco”, precisó la FGE Guerrero.
El 19 de marzo se reveló el testimonio de un hombre identificado como Roberto, quien aseguró haber sido trasladado al rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco en el año 2023, luego de haber aceptado una invitación para obtener la visa de trabajo H-2A para laborar en Estados Unidos a través de la empresa Big FORCE, como parte de un programa social promovido por el gobierno de la ex alcaldesa capitalina, Norma Otilia Hernández Martínez.
La misma empresa también firmó convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Acapulco, en donde se realizaron diversos viajes desde este destino turístico. Según el testimonio del hombre, fueron llevados con engaños al inmueble en Teuchitlán, un lugar que se presume fue usado como sitio de reclutamiento y exterminio de la organización criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La expresidenta municipal Norma Otilia Hernández Martínez y la UAG, negaron los señalamientos.
«Esta Fiscalía realiza los primeros actos tendientes a recabar información relevante que sea integrada a la mencionada carpeta», añadió.
La FGE Guerrero expuso que realiza acciones para obtener información fehaciente que permita esclarecer estos hechos con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos de las personas involucradas. Además, dijo que actúa dentro del marco de sus funciones y atribuciones legales para dar certeza jurídica a los hechos dados a conocer y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas que pudieran ser identificadas durante el transcurso de las indagatorias.
Con información de: El Heraldo de México
