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El uso excesivo de la fuerza y la implicación en desapariciones forzadas han sido recurrentes entre los elementos de la Fuerza Civil
La Fuerza Civil de Veracruz, creada durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa y disuelta por la administración estatal a cargo de Cuitláhuac García Jiménez, deja una herencia de abusos, desapariciones y asesinatos en la impunidad, revelan datos oficiales.
Este grupo de élite fue disuelto tras casi diez años de operación. La disolución se aceleró después de la muerte de Jorge y Alberto Cortina, de 37 y 27 años, respectivamente, durante un desalojo en la comunidad de Totalco, municipio de Perote.
El asesinato de los dos jóvenes en Totalco se suma a la cifra de 69 personas fallecidas durante operativos ejecutados por la Fuerza Civil de Veracruz, perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), actualmente bajo la titularidad de Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.
El abuso de la fuerza y la implicación en desapariciones forzadas, entre otros delitos, por parte de los elementos policiacos, han sido documentados en recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), erosionando la confianza ciudadana en la fuerza policial del estado de Veracruz.
Entre 2013 hasta 2022, la CEDH registró 1,144 quejas interpuestas contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública por violaciones a derechos humanos, de las cuales 944 fueron contra agentes de la Policía Estatal y 200 contra elementos de la Fuerza Civil (registradas desde 2014 a 2022).
El año con más quejas por violaciones a derechos humanos interpuestas contra elementos de la Fuerza Civil y la Policía Estatal fue 2019, el primer año del Gobierno de la Cuarta Transformación, durante la gestión del secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado.
Las estadísticas de la Dirección General de Asuntos Internos (DGAI) de la SSP revelan que durante el periodo 2017 a 2021, la cifra de civiles fallecidos durante enfrentamientos u operativos encabezados por la Fuerza Civil de Veracruz sumó un total de 69 personas “abatidas” debido a “agresiones” de “civiles armados” ocurridas en 31 municipios. La Dirección General de la Fuerza Civil reportó la inexistencia de alguna denuncia o acción penal contra los elementos, según el informe SSP/UDT/0607/2022, emitido el 27 de abril de 2022.
Dentro de los 69 fallecimientos registrados entre 2017 y 2021, se incluye el trágico caso de los menores Jonathan Herrera Aguilar y Eduardo Jiménez Aguilar, de 13 y 15 años, respectivamente, abatidos durante un operativo en Amatlán de los Reyes. Estos eventos ocurrieron bajo la administración de Hugo Gutiérrez Maldonado como secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla como subsecretario de Operaciones y Rafael Ángel González Uscanga como director general de la Fuerza Civil.
Aunque se instruyó al personal del área de Asuntos Internos para iniciar una investigación sobre la actuación de los elementos implicados en el caso, la investigación aún no arroja resultados.
Según el informe de transparencia SSP/UDT/O526/2024, emitido por la SSP el 13 de marzo de 2024, aunque existe la investigación administrativa número SSP/AI/Q/281/04/2023, radicada en la Dirección General de Asuntos Internos, ésta reportó la inexistencia de la aplicación de sanción o baja de ningún elemento que tuviera carácter de probable infractor.
De acuerdo con el numeral 192 de la Ley 843 del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de conocer y resolver los procedimientos por incumplimiento de obligaciones y deberes, el órgano tiene un término de 1 año y medio desde que inicia una investigación para solicitar el inicio del procedimiento disciplinario.
Entre 2017 y 2021, 31 municipios veracruzanos registraron un total de 69 personas abatidas por elementos de la Fuerza Civil, principalmente en Tlalixcoyan, Poza Rica, Úrsulo Galván, Oluta, Alto Lucero, Córdoba, Huatusco, Misantla y Aquila, que registran entre 3 a 6 civiles fallecidos.
También destacan, con dos casos registrados, los municipios de Álamo Temapache, Amatlán de los Reyes, Coatepec, Juan Rodríguez Clara, Ignacio de la Llave, Martínez de la Torre, Naranjos, Pueblo Viejo y Tierra Blanca.
Con un caso registrado se encuentran Ixhuatlán del Café, Xalapa, Playa Vicente, Tatatila, Manlio Fabio Altamirano, Actopan, Tecolutla, Nogales, Acultzingo, Coatzacoalcos, Rafael Lucio, San Rafael y Tihuatlán.
Entre 2017 y 2022, tres menores de edad fueron abatidos en operativos de la Fuerza Civil, en los municipios de Ixhuatlancillo y Amatlán de los Reyes.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) ha brindado asistencia a las familias afectadas por estos abusos, ofreciendo apoyo para gastos funerarios, inscripción en el Registro Estatal de Víctimas y atención psicológica. No obstante, la respuesta institucional ha sido insuficiente para restaurar la confianza en las fuerzas de seguridad.
Aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ha sido reiterativa en promover medidas para prevenir el uso excesivo de la fuerza pública en casos de manifestaciones o desalojos, anteponiendo el diálogo para buscar solución de los conflictos, y apegarse al Protocolo de Actuación Policial, los agentes de Seguridad han recurrido al denominado “uso de la fuerza”.
A la cifra oficial de civiles abatidos por parte de elementos de la Fuerza Civil, se sumaron recientemente los asesinatos de dos jóvenes, ocurrido en la localidad de Totalco, municipio de Perote, el pasado jueves 20 de junio de 2024, durante el desalojo implementado por la corporación estatal.
Cabe mencionar que el artículo 32 de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza establece que siempre que los miembros de las instituciones de seguridad utilicen la fuerza en cumplimiento de sus funciones deberán realizar un reporte pormenorizado a su superior jerárquico inmediato, una cita que se integrará al expediente del agente al mando del operativo.
La Dirección General de Fuerza Civil detalla que los policías, bajo el contexto de primer respondiente, al hacer uso de la fuerza, elaboran el Informe del Uso de la Fuerza, formato en el que se detalla el nivel de fuerza utilizada, y se narra de manera cronológica la “resistencia activa y de alta peligrosidad” que motivan el uso de la fuerza. Este anexo es entregado con el informe policial homologado al momento de materializar la puesta a disposición.
A pesar de las directrices para prevenir el uso excesivo de la fuerza, los agentes de seguridad han recurrido a ella en múltiples ocasiones.
Entre 2021 y marzo de 2023, se registraron 20 mil 412 reportes del uso de la fuerza por parte de elementos de la Policía Estatal y la Fuerza Civil. Sin embargo, investigaciones internas frecuentemente concluyen sin sanciones, perpetuando un clima de impunidad.
Entre 2014 y 2016, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), ahora Fiscalía General de la República (FGR), registró un total de 58 casos personas desaparecidas e inmersas dentro de una averiguación previa federal por el presumible delito de desaparición forzada vinculadas a policías del estado de Veracruz. El año con más registro fue en 2014, con 38 casos.
Entre los años 2016 a 2019, la Fuerza Civil de Veracruz realizó un total de 17 mil 274 detenciones. Los registros más altos fueron en los años 2017 y 2018, con 6 mil 318 y 6 mil 619 detenciones, respectivamente.
Posteriormente, entre 2020 y 2022, de acuerdo con datos de la Dirección General de Asuntos Internos de la SSP, se atendieron 1,484 quejas por violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de la SSP.
Las detenciones ilegales, los actos de tortura y las desapariciones forzadas ejecutadas por elementos de la Policía Estatal y la Fuerza Civil, están documentados en las recomendaciones emitidas por la CEDH desde 2011.
Con la disolución de la unidad policial de élite en Veracruz como fuerza operativa, anunciada por el Gobierno de Veracruz el domingo 23 de junio de 2024, se dará paso a la integración de un “Mando Único Operativo”, bajo una sola dirección dependiente de la Subsecretaría de Operaciones de la SSP, actualmente a cargo de Rafael Ángel González Uscanga, exdirector general de la Fuerza Civil.
De acuerdo con el informe “Desapariciones forzadas cometidas por la fuerza pública en Veracruz son crímenes de lesa humanidad”, elaborado por la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), IDHEAS y el colectivo de familiares Solecito de Veracruz, publicado en febrero de 2022, a pesar de la implementación de nuevas unidades de carácter táctico y de inteligencia adscritas a la SSP, bajo la dirección de la Fuerza Civil, la violencia aumentó, y en el caso particular de Veracruz “a mayor número de policías, mayores delitos”.
Tras la detención del gobernador Javier Duarte de Ochoa en 2016, algunos funcionarios del estado de Veracruz fueron imputados por el delito de desaparición forzada. Sin embargo, la impunidad sigue: no se han realizado investigaciones que profundicen en la existencia del contexto sistemático de los crímenes cometidos entre 2010 y 2016, y a la fecha, ninguno de los altos mandos estatales ha llegado a la etapa de juicio por el delito de desaparición forzada o conductas relacionadas.
Asimismo, según el informe, la manipulación de las estadísticas sobre desapariciones y la falta de transparencia en los registros, es una de las razones por las cuales en la actualidad no se tiene certeza sobre el número de personas desaparecidas en Veracruz.
Cabe mencionar que, en 2018, Roberto González Meza, quien fue director de la Fuerza Civil de Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte, fue detenido por el delito de desaparición forzada.
La historia de la Fuerza Civil de Veracruz es un reflejo de los desafíos persistentes en la gestión de la seguridad pública. Las violaciones a los derechos humanos, la impunidad y la falta de transparencia han marcado su legado, subrayando la necesidad de una mayor rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad y en la procuración de la justicia.
La Dirección General de la Fuerza Civil fue creada el 20 de octubre de 2014, con una cifra inicial de 2,192 elementos policiales preventivos, con sede en la carretera Xalapa-Veracruz, en la localidad “El Lencero”, municipio de Emiliano Zapata.
Contempla cinco divisiones:
Fuerza de Reacción y Apoyo
Policía Estatal Acreditable
Tajín
Jaguar
Fuerza Estatal de Caminos
Además tiene tres compañías especializadas: la Compañía K9, Compañía Marítima y Compañía de Caballería.
Por su adiestramiento, equipo, experiencia y recursos tecnológicos, la Dirección General de la Fuerza Civil fue considerada una fuerza de élite que, durante la administración del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, fue sometida a un proceso de reingeniería institucional y relevo de sus mandos, incorporando personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).
Desde su creación a la fecha, la Fuerza Civil de Veracruz ha tenido siete directores, algunos provenientes del Ejército, de la Marina y civiles:
Roberto González Meza (21 octubre de 2014-05 agosto de 2016)
Jaime Dávila Muñoz (05 de octubre de 2016-01 de diciembre de 2016)
Carlos García Cruz (01 de diciembre de 2016 al 06 de diciembre de 2016)
Jorge Luis Pescador Tirado (06 de diciembre de 2018 a abril de 2020)
Enrique Morales Tolentino (abril-septiembre de 2020)
Rafael Ángel González Uscanga (septiembre de 2020 a octubre de 2022)
Andrés Galeana Abarca (desde octubre de 2022 a junio de 2024)
Hasta 2021, la SSP en su agrupamiento de Fuerza Civil contaba con 2,005 elementos, de los cuales 1,630 son hombres y 375 mujeres.
Con información de: Diario de Xalapa
