By El vicepresidente jurídico del Observatorio y Contraloría Ciudadana, Rafael Hernández Matías aseveró que actualmente las auditorías que se realizan por parte de las diversas dependencias no están realizándose al 100 por ciento pues en ocasiones llegan apenas al seis por ciento.
“Presupuestalmente tienen una limitante, son auditorías titánicas, es cierto que hay una discrepancia entre el sueldo recibido por los funcionarios y sus propiedades”, agregó.
Sostuvo que pese a que existe confianza en el nuevo gobierno estatal existe una limitante de recursos por lo que hizo un exhorto a la nueva legislatura para incrementar el presupuesto para el Órgano de Fiscalización Superior, la Contraloría del Estado y la Fiscalía Anticorrupción.
“Porque de lo contrario, si vemos tanto en la página del ORFIS como en la de la Auditoría Superior con las auditorías por lo mucho llegan al 80 por ciento, hay auditorías del 6 por ciento al 15 por ciento yo creo que la defensa de los funcionarios imputados de desvío de recursos estarían felices porque serían consignados bajo la premisa de una auditoría limitada”.
Explicó que el problema es orgánico por lo que hace falta hacer auditorías profundas y revisar el listado de despachos que actualmente están tratados, actualizados y certificados dado que la mayoría de éstos son de los propios funcionarios de la Contraloría y el ORFIS.
En conferencia comentó que los despachos aplican manuales que no permiten una revisión puntual del manejo de los recursos públicos, por lo que también deben analizar cuáles son las empresas que ejecutan esas auditorías.
El abogado mencionó que no se pueden llevar a cabo auditorías con base únicamente en documentos, pues se requieren verificaciones de campo que permitan mayor certeza en este ejercicio.
fuente: sociedad3.0
