By Mostrando su total desprecio hacia más del 50 por ciento de la población del país, el constituido por las mujeres, la Iglesia católica veracruzana ha salido a las calles a reclamar que se criminalice el aborto en la Constitución local, mediante la reforma al artículo 4°, y en su cruzada no ha mostrado el menor escrúpulo para meterse en los asuntos de la vida terrenal, en particular, para incidir en la de por sí candente contienda electoral que se libra para definir tanto al próximo Gobernador como a quienes conformarán el próximo Congreso del Estado.
Aunque en los hechos podrían estar cometiendo un delito electoral, castigado por las leyes del país, por presionar a los torpes diputados locales para que aprueben ipso facto la reforma al artículo 4° en un segundo periodo ordinario de sesiones (en la anterior lo hicieron de manera atropellada y autoritaria), favoreciendo al partido en el poder, esté seguro que ningún partido opositor se planteará tocarlos con el pétalo de una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el miedo de que los altos jerarcas religiosos, encabezados por el Arzobispo de Xalapa, el orizabeño Hipólito Reyes Larios, les jueguen la contraria entre su numerosa feligresía.
Mientras el mismo jueves, el papa Francisco abría la puerta para que las mujeres puedan convertirse en diáconos, casen y bauticen, en la calle de Encanto en Xalapa, las huestes católicas encabezadas por Reyes Larios y el obispo de Veracruz Puerto, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, se despachaban con discursos altisonantes y groseros contra quienes se oponen a que se materialice este vergonzoso retroceso legislativo, auspiciado por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.
Seguramente aprovechan que no ha llegado a la capital veracruzana José Rafael Palma Capetillo, Obispo de Yucatán quien, como escribió en su oportunidad el periodista Sergio González Levet, fue nombrado Obispo auxiliar de la Arquidiócesis xalapeña por el papa Francisco, el 29 de abril pasado, en un movimiento que ha hecho pensar en que el máximo jerarca del catolicismo en el mundo no está muy de acuerdo en la forma en que Hipólito Reyes Larios dirige a la grey católica en su jurisdicción.
Si bien este jueves se conoció que el Congreso local ha decidido posponer para julio, después de los comicios, lo que esta misma semana querían aprobar los diputados de mayoría priista de manera arbitraria, pese a un generalizado repudio de organizaciones de mujeres tanto del estado como del país, lo más seguro es que finalmente se apruebe en un segundo periodo, poniendo en grave riesgo a miles de mujeres que, por diversas razones, optan por abortar en lugar de continuar con un embarazo no deseado y que pone en riesgo su futuro.
Una ley punitiva contra las mujeres
Aunque se ha querido esconder bajo la sonrisa beatífica y bondadosa de sus impulsores como un simple cambio en la redacción de un artículo constitucional, para establecer que se busca preservar la vida desde su concepción (es decir, desde el momento en que el espermatozoide ingresa en el óvulo femenino), lo cierto es que una vez cubierto este trámite legislativo, seguirán con la modificación de la legislación secundaria para sancionar a las mujeres que aborten, porque normas como la Ley de Salud y los códigos Penal y de Procedimientos Penales no coincidirán con lo establecido por la ley superior.
En un estado donde no se ha logrado garantizar la vida de miles de veracruzanos asesinados, desaparecidos e inhumados en fosas clandestinas, la promesa hecha por Duarte en una reunión de obispos realizada en Córdoba a principios de este año, de presentar una iniciativa de reforma constitucional para prohibir el aborto en Veracruz, rápidamente fue motivo de rechazo por parte de colectivos feministas y de varias organizaciones civiles.
En caso de aprobarse y decretarse, la Constitución local no coincidirá con la NOM 046, una norma de observación general en el país, que avala la anticoncepción de emergencia en casos de violencia de género. Además, ello permite anticipar al menos dos escenarios.
El primero es que cualquier abogado católico pueda presentar un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que se armonice la legislación secundaria de Veracruz con lo estipulado en la Constitución local; si esto ocurre, al momento en que se armonice la legislación penal y de salud, podría darse el caso de que se prohíba el uso del Dispositivo Intrauterino, DIU, que es el más usado por las mujeres pobres e indígenas, o de la pastilla anticonceptiva de emergencia, que se utiliza como profilaxis en casos de violación, para evitar que las víctimas queden embarazadas.
El segundo escenario es que instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), las ONG o la propia Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim, presenten un recurso ante la propia SCJN para señalar que la Constitución de Veracruz va en contra de las normas de atención general como la NOM 046. Si esto ocurre, nuevamente Veracruz quedará en entredicho y será una nueva pifia para el Congreso local, a cuyos integrantes les darán jalón de orejas desde la Corte, sobre todo porque ya han recibido exhortos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ONU Mujeres, Conavim, CNDH y la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos para evitar este atentado.
Las mujeres veracruzanas se convertirían en ciudadanas de segunda, solo por una negociación política para favorecer al PRI, entre la Iglesia católica y el Gobernador del Estado, que nulifica los derechos de las mujeres a la libre autodeterminación. Lo más anecdótico es que difícilmente el PRI logrará con esta acción el voto de los católicos, pues el partido que siempre ha apoyado estos temas es el PAN.
El león cree que todos son de su condición
En el colmo de la desvergüenza de los prelados veracruzanos, el obispo de Veracruz Puerto, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, ofreció este jueves la cara más torpe y decimonónica del catolicismo, al señalar que los magistrados, senadores, diputados locales y federales, y los grupos feministas que, según su decir, defienden el aborto (cuando lo que han señalado es que debe haber garantías para practicarlo de manera legal y segura para los mínimos casos que establece la Constitución), es porque alguien los está “maiceando” y hacen “negocios” con la mujer.
Además, se jactó de que independientemente de que los magistrados federales pudieran mostrarse a favor de despenalizar el aborto, en el Congreso local son 50 diputados, los que votarán a favor de que se garantice la vida desde su concepción hasta la muerte. “No lo pueden imponer, son poderes autónomos; los que hacen las leyes son los diputados, los senadores a nivel federal, no son los magistrados”. Con grosería e ignorancia supina, el obispo jarocho aseguró que “detrás de todo esto hay muchísimo dinero”, aunque no se sabe si a favor de la Iglesia o de los diputados prestos a aprobar esta barrabasada.
Por su parte, Hipólito Reyes Larios, arzobispo de Xalapa, no pudo ser menos abstruso. Durante la marcha de una centena de feligreses que encabezó en el Congreso local, dijo que es válido que se respeten los derechos de las mujeres, pero estas no pueden decidir por el feto, que también tiene vida y derechos.
Para mostrar el móvil político con que se les quiere beneficiar legislativamente, Reyes Larios criticó a la candidata del PAN a diputada local por Veracruz, Maryjose Gamboa, por pronunciarse “en contra de la vida en el tema del aborto”, y añadió: “Es muy contradictoria con lo que intenta representar, ya que el PAN es un partido que vota a favor de la vida”.
Y de algo tiene conciencia de ello la diputada panista Ana Cristina Ledezma López, secretaria de la Mesa Directiva del Congreso local, quien acusó al PRI de usar el tema de la defensa de esta reforma con tintes electorales, y dijo que cada que hay elección local, se reaviva la iniciativa para después aplazarla por cualquier pretexto. Dijo que el PAN siempre se ha mantenido firme en su postura de defender la vida, por lo que no les preocupa el costo político, lo que no ocurre con el PRI.
La historia de una reforma retrógrada
El pasado 18 de enero, el gobernador Javier Duarte envió al Congreso su iniciativa de reforma Constitucional para acotar las libertades reproductivas de las veracruzanas; tres días después, y sin enviarla a comisiones para su dictaminación, el pleno del Congreso la aprobó por 39 votos favorables del PRI (incluido la del diputado Ricardo Ahued que había dado su voto en contra y luego se arrepintió) y el PAN.
Solo los diputados Ana María Condado Escamilla y Jesús Alberto Velázquez, del PRD; Cuauhtémoc Pola Estrada del Movimiento Ciudadano y los representantes del PVEM, Jesús Vázquez González y Mónica Robles Barajas (única mujer que argumentó en contra), además de la abstención del priista Ciro Gonzalo Felix Porras, se opusieron a este retroceso legislativo y social.
Robles Barajas dijo en tribuna que la prohibición del aborto no inhibe su práctica y sí genera que se realice en la clandestinidad, con los riesgos inherentes en la salud de quienes lo practiquen. Además, dijo que se profundizará la inequidad porque afectará principalmente a las mujeres en pobreza y pobreza extrema.
La aprobación fast track por parte de los diputados locales hizo que la frase “Congreso de Veracruz” se convirtiera ese mismo día en un trending topic en Twitter a nivel nacional.
Gracias a la reforma se pretende borrar de tajo el tímido avance logrado en 2009, cuando se estableció que el aborto no es punible si es causado por imprevisión de la embarazada, cuando es resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida, cuando la embarazada queda en peligro de muerte si no se le practica o cuando hay evidencia científica de que el producto padece una alteración que pueda generarle trastornos físicos o mentales graves.
Es cierto que el artículo 149 del Código Penal de Veracruz tipifica el aborto como delito. Sin embargo, aunque se considera delincuente a todo aquel que interrumpe el embarazo en cualquiera de sus etapas, el artículo 150 señala que “a la mujer que se provoque o consienta que se le practique un aborto, se le sancionará con tratamiento en libertad, consistente en la aplicación de medidas educativas y de salud”.
Esta circunstancia podría variar, añadiendo la privación de libertad, en caso de que en julio próximo, la Legislatura ratifique su aprobación y la mayoría de los ayuntamientos den su anuencia a la reforma constitucional, con lo que los legisladores podrían incluir penas más severas para las mujeres que lo practiquen
