By Como si fuera algo concertado, tanto el gobernador Javier Duarte de Ochoa como voceros de la Iglesia católica están tendiendo una cortina de humo sobre los hechos de violencia en que han sido víctimas jóvenes en diversas partes de la entidad, en particular, los seis jóvenes que la madrugada del sábado fueron atacados con armas de fuego a la salida de un antro en Orizaba, señalándolos como descuidados y sin el debido control y protección de sus padres.
La criminalización de las víctimas no es algo nuevo. En el gobierno de Javier Duarte, muchos inocentes que han caído por acción de las bandas criminales, las fuerzas policiacas o bajo fuego cruzado siempre han debido cargar con el estigma de ser parte del problema, de no portarse bien, de andar en pasos equivocados.
El propio gobernador Javier Duarte ha utilizado ese discurso que le ha ganado la desaprobación generalizada, sobre todo cuando se ha referido a los periodistas, como ocurrió en Poza Rica el 1 de julio de 2015 cuando, al reunirse con periodistas de la zona norte, en ocasión de la proximidad del Día de la Libertad de Expresión, soltó una recomendación que más parecía una amenaza: “Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos, todos sabemos quiénes tienen vínculos y quiénes están metidos con el hampa”.
A renglón seguido, pese a que acudía a festejar a los periodistas, dijo: “Vamos a sacudir el árbol y se van a caer muchas manzanas podridas. Yo espero, verdaderamente se los digo de corazón, que ningún trabajador de los medios de comunicación se vea afectado por esta situación”, y anticipó: “vienen tiempos difíciles”, pero sólo afectarán a los reporteros que “tienen una vinculación con grupos criminales”.
En esa ocasión, Duarte pontificó: “No hay que confundir libertad de expresión con representar la expresión de los delincuentes a través de los medios”, en un momento en que se contabilizaban 12 periodistas asesinados durante su gestión. En el colmo del cinismo, terminó su perorata con un mensaje ofensivo que mostró su nula preocupación por el destino de los periodistas: “Pórtense bien, háganlo por ustedes pero también por mí, porque si algo les pasa a ustedes, al que crucifican es a mí”.
Ahora, cuando ha habido un debilitamiento ostensible de los cuerpos policiacos, incluso en operativo conjunto con las fuerzas federales, se está creando desde el sábado, con el contubernio de la Iglesia católica a la que le brindó la reforma antiaborto, una campaña de linchamiento contra los jóvenes que han sido víctimas de la violencia y sus padres.
Respecto a la balacera que ha puesto en grave situación de salud a 6 jóvenes en Orizaba, en su particular forma de gobernar desde su teléfono celular, Duarte anticipó las causas del atentado con armas de fuego con dos mensajes desde su cuenta de Twitter. El primero rezaba: “Lo que inició como un pleito entre jóvenes en un centro nocturno de #Orizaba terminó en una agresión con arma de fuego en la calle. ½”. El segundo: “La @FGE_Veracruz ha iniciado la investigación correspondiente de este caso y detendrá a los responsables. 2/2”.
De nueva cuenta, antes de avanzar en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, Javier Duarte ya había anticipado que los jóvenes heridos tenían responsabilidad en lo que les había pasado.
EL RECREO
Conocer los desfalcos y desvíos de recursos del actual gobierno está siendo tarea fácil para el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares. Vean ustedes nada más cuántos de sus colaboradores trazan líneas de comunicación con el innombrable para darle santo y seña a cambio de mantenerse en la transición.
Párrocos victimizan a los jóvenes y a sus padres
Con la cara dura de siempre, Víctor Díaz Mendoza, vocero de la diócesis de Veracruz, ha vuelto a abrir la boca para decir sandeces. Pareciera que en la entidad, los jerarcas católicos, antes que el cielo quieren ganarse el poder terrenal, abordando temas que no conocen porque nunca han sido padres (no, al menos, abierta y legalmente).
Este domingo, Díaz Mendoza (mendaz, más bien), luego de su abierta militancia para impulsar marchas a favor de un solo modelo de familia y en contra del aborto, se ha creído con el derecho a regañar a los adolescentes y a sus padres, tratando de esquivar cualquier crítica al gobierno estatal por no hacer lo necesario para garantizar la seguridad de los veracruzanos.
En el pequeño cerebro del comunicador clerical, los secuestros, homicidios y violaciones contra los jóvenes solo son responsabilidad de los padres por dejarlos salir por las noches sin su permanente vigilancia, como si los ciudadanos tuviéramos que convertirnos en guardaespaldas de nuestros familiares. ¿De qué sirve entonces tanto dinero gastado en mantener cuerpos policiacos inservibles?
“A deshoras, cuando ando por aquí, [he visto] adolescentes, chamacos menores de 18 años y yo me pregunto ¿dónde están sus papás? Y luego reclaman que los violaron o que no sé qué, pero oye, preocúpate que un menor de 18 años ande en la calle a deshoras y en qué condiciones, entonces, yo creo que los padres tienen que redoblar el esfuerzo hoy más que nunca”, dijo a la prensa.
Otro párroco, Helkyn Enríquez Báez, vocero de la diócesis de Orizaba, donde rafaguearon a los 6 jóvenes (uno de los cuales habría fallecido) a la salida de un centro de diversión, dijo en entrevista con el portal Al Calor Político, que los jóvenes que quieren salir por las noches divertirse deben ser más prudentes y sus padres, estar más pendientes de sus hijos.
Añadió que no se trata de pedir un toque de queda, pero sí de que la gente asuma actitudes prudentes, en estos tiempos que son complicados no sólo para el municipio [de Orizaba] sino para el país, en materia de violencia.
De nueva cuenta, la Iglesia asigna la mayor responsabilidad de los hechos de violencia tanto a los propios jóvenes agredidos como a sus padres, sin enviar un solo mensaje al gobierno estatal y a la Secretaría de Seguridad Pública por no preservar la seguridad en las calles de las ciudades y, mucho menos, en los caminos rurales.
Tardía reacción ante desaparición de Lizbeth Campechano
Al mismo tiempo que esto ocurría, el pasado 15 de septiembre, a plena luz del día, era desaparecida la joven de 15 años, Lizbeth Campechano Yan, integrante de una familia dedicada por años a cultivar el son jarocho y a promover la cultura de nuestro pueblo. No era de noche, la jovencita no andaba de farra, solo había salido de clases en el Ilustre Instituto Veracruzano cuando desapareció.
Cuando sus familiares quisieron denunciar el hecho ante la Fiscalía, para que ésta emitiera la Alerta Amber, las oficinas estaban cerradas por ser ‘día inhábil’, cuando el único que se otorgó fue el viernes 16. Lo grave es que no había siquiera personal de guardia para atender los hechos de violencia generados por delincuentes que no descansan en ningún momento.
Lo más grave es que el sábado 17 se apresuraron a emitir un comunicado en que, poniendo en grave riesgo a la víctima, informaron que Lizbeth ya se había comunicado con sus padres, tratando de desmovilizar a decenas de familiares, amigos y jaraneros que horas antes se habían manifestado con su arte tanto en Xalapa como en el Puerto de Veracruz.
A través de portales informativos sin escrúpulos, se hizo correr la especie de que la niña se había comunicado con sus padres y había señalado que no había sido víctima de secuestro sino que se había ido con el novio. Este tipo de noticias, además de generar el repudio generalizado, buscaba generar en quienes nos enteramos del hecho dar la espalda a una familia afectada por la inseguridad que priva en la entidad.
Mientras eso sucedía, mientras la Fiscalía era inoperante para investigar y dar con el paradero de esta niña, Duarte se tomaba fotos en un retén de la Fuerza Civil, donde en el colmo de la simulación era revisado por los elementos policiacos, como una forma de atenuar las críticas por ordenar el asedio a los vehículos en que se transporta el gobernador elector Miguel Ángel Yunes Linares y su equipo.
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