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Los restos son parte de los almacenados en camiones de carga refrigerados que peregrinaron en 2017 por la metrópoli de Guadalajara
El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) exhumó 240 cuerpos para tratar de identificarlos y regresarlos a sus familias. Los restos son parte de los que fueron almacenados en los llamados tráileres de la muerte, cajas de camiones refrigeradas usadas para almacenar cuerpos que ya no cabían en las morgues y que dieron cuenta de la crisis forense en Jalisco.
Estos restos permanecieron durante cuatro años en el panteón de Coyula, luego de que durante 2018, peregrinaron por varios municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, debido a que los malos olores que despedía causaron el rechazo de habitantes de varios municipios.
Fue durante la administración de Aristóteles Sandoval que se decidió utilizar cajas refrigeradas de camiones para almacenar cuerpos debido a la saturación de las cámaras frigoríficas del IJCF, cuyo entonces director, Luis Cotero Bernal, contrató en 2015. El convenio para almacenar los cuerpos en el tráiler se firmó en enero de 2017.
El escándalo se hizo público el 15 de septiembre de 2018 cuando circularon en redes sociales fotografías de los cuerpos, envueltos en bolsas negras, amontonados en la caja del camión.
El tráiler con los 157 cuerpos refrigerados estuvo meses en el patio del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, después lo trasladaron a la colonia La Duraznera, municipio de Tlaquepaque, donde las autoridades locales pidieron se retirara debido a las quejas de los habitantes por los malos olores que despedía el vehículo.
Después fue movido al municipio de Tlajomulco, donde también se inconformaron, por lo que fue llevado a una bodega en la zona industrial de Guadalajara.
Cuando se difundió la noticia de que las autoridades de Jalisco almacenaban los cuerpos no reclamados en camiones, el secretario de Gobierno, Roberto López Lara, anunció que el tráiler regresaría al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Sin embargo, el tema ya era noticia nacional y el 18 de septiembre se hizo pública la existencia de un segundo tráiler que almacenaba 80 cuerpos. Ese mismo día, el gobernador Aristóteles Sandoval pidió la renuncia de Luis Cotero Bernal y del fiscal del Estado, Raúl Sánchez Jiménez..
Finalmente, se sepultaron los cuerpos en el panteón de Coyula, municipio de Tonalá, de donde fueron exhumados.
Por el caso del tráiler de la muerte sólo dos funcionarios enfrentan procesos penales, pero ninguno ha sido condenado. Yolanda Salomé Santiago, quien fuera coordinadora de administración de la Fiscalía del estado, fue acusada de uso ilícito de atribuciones y facultades, tras autorizar el pago de 222 mil pesos por la renta de las cajas refrigerantes, pero enfrenta su proceso en libertad.
En septiembre de 2021 la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco imputó a Cotero Bernal por los delitos de abuso de autoridad y uso indebido de atribuciones y facultades. Sin embargo, no ha sido detenido y su proceso continúa.
No obstante, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco (CEDHJ) presentó un informe que señala como responsables al entonces fiscal general, Raúl Sánchez Jiménez y varios funcionarios de la Fiscalía como Maricela Gómez Cobos, Fausto Mancilla Martínez, José Lino Morales Estrada, Salvador Marco Antonio Cruz Flores y Bernardo Arzate Rábago.
Por el IJCF, la CEDHJ señaló como responsables a Luis Octavio Cotero Bernal, Eduardo Mota Fonseca, ex director del Servicio Médico Forense, y a Francisco Javier Ortega Vázquez, excoordinador de Recursos Materiales.
El actual director del IJCF, Gustavo Quezada, detalló lo que será el Centro de Identificación Humana, donde serán procesados los 240 cuerpos exhumados.
Los trabajos han sido acompañados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, la cual, en un documento asentó que no hubo un registro básico ni individualizado de los cuerpos y que fueron manejados de manera múltiple lo que complica las labores de identificación.
María N es madre e integrante de uno de los colectivos que le ha dado seguimiento al tema, sobre todo porque su hijo desapareció entre 2014 y 2017, justo cuando se encontraron esos cuerpos.
“Hemos hecho la prueba del ADN y estamos esperando. Ahorita hay más de 15 mil desaparecidos en Jalisco, pues aquí están 240 y esperamos encontrar a nuestros familiares entre ellos; es una nueva oportunidad y queremos aprovecharla”, dijo la activista.
Para ella como si los hubieran vuelto a rescatar de otra fosa y espera que más de una familia encuentre al suyo, “son almas sin descanso a las que solo queremos darles ya un descanso en paz”.
Se calcula que mil 600 cuerpos no identificados llenaron las instalaciones del Servicio de Medicina Forense y entonces comenzó la crisis. Una parte de los cuerpos fueron incinerados, pero luego la ley lo prohibió y se recurrió a las llamadas fosas comunes.
También el nuevo proceso penal fijó reglas claras de que deberían de ser identificados totalmente, sepultados y ser mostrados en fotografías ante posibles familiares, y si son identificados, se procedería a exhumarlos.
Con información de: Diario de Xalapa
