By El comisionado Paulo Vannuchi denuncia »los fuertes ataques de las autoridades públicas de México» y el »daño irreparable» a Álvarez Icaza|
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió cuentas al Gobierno mexicano en una audiencia pública por los «ataques» a su secretario general, Emilio Álvarez Icaza, al grupo de expertos independientes de Ayotzinapa y a su reciente informe sobre los derechos humanos en el país.
El comisionado Paulo Vannuchi denunció «los fuertes ataques de las autoridades públicas de México» al trabajo de la CIDH y el «daño irreparable» provocado a Álvarez Icaza por la denuncia penal presentada contra él por el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, José Antonio Ortega Sánchez.
«Eso fue un poco cobarde, porque debía de haber sido un ataque a la Comisión, todo el trabajo de Emilio fue en nombre de la Comisión», sostuvo el comisionado ante los representantes del Estado mexicano y de las organizaciones de la sociedad civil.
Vannuchi señaló que «el problema fundamental» delos derechos humanos en México es que las leyes incorporan «avances considerables» que «muchas veces están lejos de los hechos, como en el caso del grupo de expertos» de la CIDH que investiga la desaparición de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
«El GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) fue una operación conjunta que nos costó tiempo de discusión, vamos a hablar en los próximos días, pero aprovechemos que el Gobierno mexicano comparta con los presentes de Internet su actitud», invitó Vannuchi, señalando que las audiencias pueden seguirse por la red.
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, evitó cualquier pronunciamiento sobre el GIEI en sus intervenciones pero subrayó que México es el «Estado más abierto» con los organismos internacionales de derechos humanos.
En la audiencia, la primera de las cuatro sobre México que celebra hoy la CIDH, ni Gobierno ni Comisión hicieron referencia el anuncio que ayer hizo el GIEI de que rompía la colaboración con la fiscalía por el nuevo peritaje de fuego realizado en un basurero.
Solo las organizaciones de la sociedad civil criticaron que México decidiera no renovar el mandato del grupo, que termina el 30 de abril, sin consultar a la CIDH, algo que enmarcaron en la «política de hostilidad» del Gobierno contra los organismos internacionales y las ONGs que velan por los derechos humanos.
El comisionado Enrique Gil Botero lamentó, en este sentido, las críticas del Gobierno mexicano al último informe de la CIDH sobre los derechos humanos en el país y le instó a reconocer la realidad.
«No conocer que hay violaciones de derechos humanos en nuestro países, y más acentuados lamentablemente en México que en otros, sería quebrantar el principio de realidad y esa es una de las primeras manifestaciones de la esquizofrenia», dijo.
«Hoy (al solicitar la audiencia) hemos visto una actitud propositiva que me parece correcta, hemos destacado los avances de México pero miremos que no se desconozcan las propias realidades», agregó.
El Gobierno mexicano, que solicitó la audiencia para defender su «compromiso indeclinable» con los derechos humanos, afirmó que no tuvo «nada que ver» en la denuncia penal contra Álvarez Icaza, y «mucho menos fue un ataque del Gobierno de México a la CIDH, sino que fue un particular».
«En México, como una conquista de los derechos humanos, hay una obligación de la Procuraduría General para investigar todas las denuncias que se presenten. (…) Si se presenta una denuncia penal sin fundamento contra Icaza, está obligada a recibirla y también a desecharla como ya hizo», indicó Ruiz Cabañas.
La fiscalía mexicana anunció el martes que no ejercerá acción penal en contra de Álvarez Icaza por supuesta malversación de fondos públicos entregados a través de la CIDH al GIEI que investiga la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
