By La primera pregunta que me hago: ¿La evaluación magisterial es por Ley? La respuesta es sí.
La segunda pregunta que me hago: ¿Ciudadanos se pueden manifestar en contra de esta evaluación? La respuesta es sí.
La tercera: ¿Pueden bloquear el acceso a las instalaciones donde se habrá de evaluar a los maestros? Pueden, no deben.
La cuarta: ¿La fuerza pública puede intervenir ante el bloqueo de las instalaciones? Entiendo que si es por Ley la evaluación, sí.
La quinta: ¿Está permitido por la Ley el uso de la Fuerza Pública vestida como civil para actuar contra el bloqueo de los manifestantes? No, y si fuera lo contrario, igual lo rechazaría.
II
Tengo amigas maestras que desde las cinco y media de la mañana parten a rancherías, pueblitos y comunidades para estar en punto de las 8 horas en su salón de clases. Sea calor, frío, viento o lluvia, sufren de las inclemencias del tiempo. Si eso fuera lo único por lo que tuvieran que sufrir, se podría decir que es parte de los gajes del oficio, pero no. Hay quienes no gozan de un mobiliario decente para sus alumnos. Hay quienes la infraestructura de su salón es similar a la de una choza. Hay quienes no gozan de los servicios básicos como agua, drenaje o hasta luz, ya no para ellas, sino para sus alumnos.
Peor aún: Muchas de ellas tragan todos los días saliva porque encuentran situaciones de vida desgarradoras en uno, dos o varios de sus alumnos. Niños que van descalzos a clases, sin suéter, sin bañarse… sin comer. El regreso a casa de mis amigas maestras es con un lastre emocional que se acumula con preparar la clase del día siguiente, revisar tareas, y todavía hacer las labores propias de una casa.
¿Evaluación? Se encabronan cuando les citan el examen de evaluación cuando lo primero que se debería evaluar son las condiciones en que dan clases y las condiciones en que atienden a sus alumnos.
III
Videos de grupos antimotines montados a caballo, con escudos y toletes avanzan contra los manifestantes. Por un lado, se entiende que la orden es desalojar a quienes bloquean las áreas donde habrán de presentarse los maestros para su examen. Los leguleyos podrían decir que los activistas alteran el orden e incurren en el delito de motín. Hasta allí, entrecomillando, podríamos decir, “vamos bien” con el proceder de la Fuerza Pública.
El asunto se complica cuando veo videos de agresiones a manifestantes o maestros disidentes por otras personas que bien podríamos identificar como “vestidos de civil”. ¿Qué hace un grupo de “civiles” involucrados en una manifestación de disidentes? Los activistas los identifican como elementos de Seguridad Pública “infiltrados” para romper el “Movimiento”.
Si Seguridad Pública tenía planeado un Operativo de Contención, apoyado en uniformados con escudos, bastones eléctricos, caballos y toletes, en el momento en que incursionan los “vestidos de civiles” y se enfrentan con los puños o agreden a puños a los disidentes, el Operativo de Contención pasa al de Represión.
Lo peor: el hecho de que una comerciante cercana al lugar de los hechos haya sido agredida implica desorden por parte de la Fuerza Pública. Y si a ello se le suma Prensa agredida, golpeada y con daños en su instrumental de trabajo, habla de descontrol de la situación.
IV
Arturo Bermúdez Zurita presume de que los elementos de Seguridad Pública del Estado están mejor preparados. Los videos y fotos que circulan por la prensa y redes sociales dicen todo lo contrario.
Yo creo que nadie puede rebatir la expresión del Gobernador Javier Duarte de Ochoa cuando dice: “En Veracruz, nada ni nadie puede estar por encima del bienestar y la educación de nuestros hijos”, pero siempre y cuando ese orden del que habla el mandatario se dé dentro de la Ley.
En el momento en que se utiliza equipo antimotines, es seguro que las autoridades de Seguridad Pública llaman a representantes de Derechos Humanos (sean de la Estatal o Nacional), así como organismos no gubernamentales del ramo, además de prensa perfectamente bien identificada, que acompañe el Operativo en aras de resguardar, tanto los derechos de los disidentes como de los mismos uniformados.
Contención, no Represión. Si bien los conceptos son diferentes, es evidente que nuestras autoridades de Seguridad Pública se quedaron con el viejo adagio de que la “Ley con sangre entra”.
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