El alto tribunal declara que el plan gubernamental obstaculiza la competencia económica y que la Comisión Federal de Electricidad se ha beneficiado indebidamente.
La segunda sala de la Suprema Corte ha declarado que el plan para el sector eléctrico del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador obstaculiza la libre competencia y beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la principal empresa estatal. Esta misma semana, el Ejecutivo presentó una iniciativa preferente para hacer una revisión profunda al modelo eléctrico mexicano y dar preferencia a la CFE sobre las centrales privadas para subir su producción a la red. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha dicho este jueves que el Ejecutivo “acatará” la sentencia, pero ha defendido el fondo de la política energética. “No estamos rechazando la inversión privada, definitivamente no (…). En muchos temas este Gobierno ha retomado lo que se ha llamado la rectoría del Estado, que está en la Constitución”, ha declarado.
El fallo se ha producido después de que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el organismo público autónomo encargado de garantizar la libre concurrencia en el país, presentara una controversia constitucional contra la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, los lineamientos que la Secretaría de Energía presentó en mayo pasado para el sector. La decisión, aprobada por una mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, declara inconstitucionales algunas partes de ese documento porque van en contra del principio de “despacho económico”, establecido en la Reforma Energética que el expresidente Enrique Peña Nieto impulsó en 2013 y que dispone que las centrales con un menor costo de producción deben ser las primeras en subir electricidad a la red.
La Corte ha decidido que tal y como se había planteado la Política de Confiabilidad por esta Administración se buscaba dar un “trato preferente” a la CFE en detrimento de sus competidores, señala Paolo Salerno, abogado especialista en el Mercado Eléctrico Mayorista. Esa predilección por la empresa estatal afecta también a las plantas de energía renovable, la mayoría en manos de privados, por lo que se viola también el principio de transición energética previsto en la ley, agrega Salerno.
Otro punto problemático, a juicio de los magistrados, es que se anularon presupuestos que estaban destinados a fomentar la competencia económica, lo que significó una intromisión en las facultades de la Cofece como organismo autónomo. “Obstaculiza el cumplimiento de las finalidades constitucionales que se encomendaron a la Cofece”, se lee en la sentencia, “particularmente en lo que concierne a las Energías Limpias Intermitentes”.
El Gobierno de López Obrador ha justificado que necesita fuentes más confiables para asegurar la estabilidad del sistema eléctrico y ha argumentado que el carácter intermitente de la generación eólica y solar supone costos adicionales, lo que ha provocado cuestionamientos entre las empresas privadas y extranjeras, que son las principales afectadas. La representación de la Unión Europea en México expresó su “profunda preocupación” por lo que los privados y organizaciones no gubernamentales ven como un retroceso del compromiso a transitar hacia energías limpias. Sánchez Cordero ha intentado este jueves quitar hierro al impacto: “No estamos rechazando la inversión privada, definitivamente no (…). En muchos temas este Gobierno ha retomado lo que se ha llamado la rectoría del Estado, que está en la Constitución”.
“Es una sentencia sumamente importante sobre a todo a la luz de la iniciativa que se acaba de presentar para el sector eléctrico”, asegura Salerno. Desde la perspectiva del Gobierno de López Obrador, se lee en la exposición de motivos de su iniciativa, la ley actual ha dado “grandes privilegios” a los privados y ha provocado un grave perjuicio a la CFE. “Se evidencia que la política energética que está diseñando el Gobierno mexicano es inconstitucional y va en contra de los principios de libre competencia porque su finalidad es favorecer a un solo actor”, agrega el especialista.
El plan de rescate de la CFE o de darle ciertas ventajas con un marco regulatorio ad hoc choca con un mercado diseñado para premiar la eficiencia económica y ambiental entre los participantes, es decir, con dos visiones distintas de entender la economía: un papel activo del Estado contra el libre mercado. El asunto es que la ley vigente se inclina hacia la competencia con la promesa de precios más bajos para los consumidores y una transición hacia las renovables. La sentencia de la Suprema Corte pone freno solo a las partes recurridas por la Cofece, mientras en el Legislativo se discute una nueva reforma, que promete dar un vuelco al sector eléctrico del país. Sánchez Cordero ha insistido en la diferencia entre el acuerdo invalidado y la iniciativa legislativa: “Se resolvió sobre la constitucionalidad de un acuerdo, que es muy distinto de una ley. Creo que tenemos los suficientes asideros convencionales y constitucionales para avanzar”.
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