By Al subinspector y delegado de la Policía Federal en Xalapa, Javier Moreno Orihuela, le cayó el karma –o salación, como le quieran llamar– del Fiscal de pacotilla Jorge Winckler Ortiz, pues apenas el pasado 21 de diciembre hacía su aparición cual dama en sociedad, en la desolada inauguración del edificio de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) y tres días después fue destituido del cargo desde la Ciudad de México por órdenes superiores.
Vaya manera de echarse a perder la navidad, y es que resulta que sin autorización o comisión –por sus pistolas, como decimos coloquialmente– se presentó en dicho evento con el único afán de quedar bien con un desgastado fiscal que con uñas y dientes se aferra al cargo que, aquí entre nos, sabemos, se ganó con el sudor de su frente tras ser el mandadero, tapadera, cocinero y hasta fotógrafo personal de Miguel Ángel Yunes Linares.
Seguramente, Winckler no se imaginó que años después terminaría solo solito, como dice la canción de Charles Ans, y lo peor, que arrastraría con su desgracia –producto del tufo de corrupción que lo mantiene por unos días más como fiscal– a todo aquel que tiene cerca, siendo Javier Moreno el último afectado.
Ese día en que se inauguró el edificio de la UECS, dizque lo acompañarían “autoridades federales e internacionales”. Como botella de agua mineral abierta por más de ocho días, el abogado oaxaqueño de la cola larga por herencia solo tuvo como acompañantes a la coordinadora nacional Antisecuestro, Patricia Bugarín Gutiérrez. De ahí en fuera, pura “morralla” de la fiscalía: el de la Policía Ministerial, este “enviado” de la Policía Federal (PF) de Xalapa que ya fue cesado, una diputada local del PAN… y tantán.
Más allá del frío acto del fiscal, lo que esperarían los veracruzanos es que con el nuevo edificio de la UECS, comiencen a reducirse los índices delictivos en materia de secuestro. Nada más de enero a octubre de 2018 se cometieron 52 plagios en Veracruz, lo que convirtió al estado en el segundo con más casos en todo el país. Esas son cifras, no los discursos del fiscalito cargados de frases falaces.
Pero, en fin, una cosa es el pésimo trabajo administrativo que ha realizado al frente de la Fiscalía, que tiene que ver, por poner sólo un ejemplo, con la mala integración de las carpetas de investigación –tan malas que dejaron libre a ex funcionarios duartistas– y otra cosa son los actos de corrupción que permitió desde la pasada administración y que hoy parece le están cobrando factura.
Basta con referirnos al sangriento hecho que se suscitó en Martínez de la Torre el pasado 24 de diciembre, cuando empleados del alcalde José de la Torre Sánchez, alias Pe-pillo, quienes de manera ilegal se dedicaban a trasladar las ganancias del también empresario –total, tenían el permiso del fiscal–, fueron abatidos por sujetos desconocidos, aparentemente miembros del crimen organizado que no quieren la competencia del alcalde en sus actividades delictivas.
Definitivamente, estos hechos deberían ser considerados pero muy en serio por los pocos alcaldes, empresarios, políticos y hasta por sus “amigos y familiares” que, por instrucciones –honestamente no creo por convicción–, muestran respaldo a Jorge Winckler, no sea que en una de esas también a ellos les caiga la voladora.
Las benditas redes sociales
“De ahora en adelante podría ser sumamente incómodo para el presidente López Obrador viajar en vuelos comerciales, porque en cualquiera de ellos podría volar algún “conservador” de los que crean “ambientes mezquinos” y hacerle el vuelo desagradable. ¿Cómo lo resolverá?” Carlos Mota @SOYCarlosMota
En Salud, el cochinero que afecta a la población
El titular de la Secretaría de Salud estatal, Roberto Ramos Alor, tuvo una de esas ocurrencias que debiera implantar como estrategia permanente: visitar los nosocomios y centros oficiales de salud de manera imprevista y darse cuenta personalmente de cómo se trata a los necesitados de atención médica.
Aunque la situación que observó la noche del 24 de diciembre se repite todos los días, nada como descubrir in fraganti la negligencia de directivos, médicos, enfermeras y administrativos que afecta a los pacientes (nunca tan bien usado el término).
La historia corrió por redes sociales, bajo la firma de un tal Juan Simbrón. Ocurrió a las 21:00 horas la noche de Navidad, en el Hospital Civil de Papantla: “sólo había un médico de guardia, mientras que el director de dicho nosocomio, Óscar Pulido Espinosa, se encontraba en su casa, celebrando tranquilamente la navidad, mientras que decenas de personas esperaban a ser atendidas”.
Ramos Alor cayó por sorpresa, el personal le informó que el director y el subdirector ya no se encontraban y que sólo había un médico “para dar atención a cuando menos 10 parturientas que en promedio noche tras noche son atendidas en el lugar, por lo que en un acto inusual y plausible, se puso una bata y empezó a dar consulta a enfermos y parturientas, quedándose en el hospital dando atención hasta las 7 de la mañana [del 25], hora en que se presentaron los médicos del turno matutino”.
Según el relato, Óscar Pulido, quien tiene una semana de haber tomado posesión, podría ser cesado por el gobernador por omisión en el servicio. Quien entre en su relevo, recomienda, deberá ser seleccionado sin tintes políticos, pues el incumplido Pulido Espinosa “fue puesto por recomendación del diputado local Eric Domínguez, como pago a la ayuda electoral prestada al legislador papanteco”.
“La visita sorpresiva del doctor Roberto Ramos Alor se debió a las múltiples denuncias hechas a través de las redes sociales, ya que Óscar Pulido creyó estar en tiempos de su compadre y amigo Pablo Anaya, soñando ya que se pasaría otros 6 largos años viviendo del presupuesto y teniendo en el abandono a los papantecos”.
Y añade que, mientras Ramos Alor daba consultas, “miembros de su equipo que lo acompañaron a la visita tomaban nota de las carencias del hospital, donde hacen falta cuando menos 20 médicos entre especialistas y generales, además de que el nosocomio tiene un atraso de cuando menos 50 años, haciéndose necesaria la construcción inmediata de un nuevo hospital, acorde con las necesidades de la región”.
Algo así debieran hacer otros funcionarios. Y quienes no cumplan, ya tienen sobre sus cabezas la alerta hecha por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de que serán cesados. A ver si es cierto.
Las benditas redes sociales
“Hasta De la Madrid apareció en estadio después del temblor. Salinas fue al funaral de Colosio (un candidato! No un gobernante) y aguantó los gritos. Peña (como presidente, olviden el baño de la Ibero) aguantó todas. Zedillo al Barzón adonde iba… AMLO le sacó”. Alicia Alarcón @AliciaAlarcón
Sergio Hernández se cuelga al tren de los juicios políticos
Quien fungiera como presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo, durante los dos años que duró la anterior Legislatura, el todavía diputado Sergio Hernández Hernández, se sumó a la estrategia de los juicios políticos, una vez que los diputados de Morena han adelantado que se podría aplicar ese juicio de procedencia en contra del Fiscal panista Jorge Winckler.
Junto con él también se sumó la diputada María Josefina Gamboa Torales, amiga personal de Winckler y uno de los cuadros de que sigue disponiendo el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares para torpedear al actual gobierno estatal. El primero lo ha solicitado contra los exdiputados de Morena que le cerraron la puerta al Congreso cuando buscaba regalar bienes del Estado a los ayuntamientos yunistas de Veracruz y Boca del Río, mientras que la diputada lo ha hecho en contra del Secretario de Gobierno, Eric Cisneros, por supuestos actos intimidatorios en contra suya y de la bancada panista.
Esas peticiones buscan tender una nube de humo sobre las solicitudes de juicio político que penden sobre las cabezas del Fiscal Jorge Winckler, miembro de la banda, por diversas violaciones en el proceso de investigación y la entrega de bienes, y contra el titular del Poder Judicial, Edel Álvarez Peña, presentada por la Asociación Civil Observatorio y Contraloría Ciudadana, presidida por Hilario Arenas Cerdán, quien señala al magistrado presidente de abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y ejercicio indebido del servicio público, entre otros delitos.
