By CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ayer martes 31, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer parte de su programa en materia de salud, el cual incluye una inversión de 10 mil millones de pesos para terminar la construcción de 50 hospitales, cuyas obras aún no han sido terminadas.
En conferencia de medios, López Obrador aseguró que actualmente el derecho a la salud de los mexicanos “es letra muerta”, por lo que refirió que uno de sus 25 proyectos estratégicos de bienestar estará enfocado en esta materia.
El proyecto consistirá en rehabilitar las unidades médicas territoriales que tiene la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde 1980 en las zonas marginadas del país, pero que a la fecha se “encuentran abandonadas”.
“Se van a rehabilitar para mejorar el servicio de salud, sobre todo en el primer nivel de atención médica. Se va a dar prioridad a la medicina preventiva y por eso la importancia de estas unidades médicas territoriales”.
Además, estas unidades serán abastecidas con medicamentos y se buscará, dijo, una buena atención médica.
“Ahora habrá una buena atención médica, habrá médicos en los centros de salud más apartados y no van a faltar los medicamentos. Ese es el compromiso”, ofreció.
A la par, explicó el tabasqueño, se iniciará un programa para construir centros de salud y hospitales públicos, el cual arrancará con la rehabilitación de 50 hospitales “que se quedaron inconclusos” en todo el país.
“Son hospitales que no se terminaron. Es una infraestructura abandonada. Se gastaron miles de millones de pesos en la construcción de estos hospitales que no fueron terminados”, denunció.
Para esta última acción se requerirán 10 mil millones de pesos, acotó.
Además, aseguró que su plan se inscribe en el marco del “Estado de bienestar”, que se asemeja a países europeos, y que buscará reactivar en México.
“Hay países en Europa donde se garantiza de manera gratuita el derecho a la salud. Hacia allá vamos”, prometió.
Y reiteró la postura de que las compras de medicamentos sean consolidadas y que la licitación sea revisada por una comisión de ciudadanos y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de evitar la corrupción.
fuente: proceso
