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Nahle anunció que la UPAV pasará a control del Estado tras años de escándalos: irregularidades, opacidad y protestas de alumnos y docentes.
Desde su creación en 2010, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) se ha vip envuelta en señalamientos, escándalos financieros y denuncias por irregularidades académicas.
Ahora, Rocío Nahle García anunció que ese modelo llegará a su fin y la convertirá por decreto en una institución controlada totalmente por el Estado. Durante su comparecencia ante el Congreso del Estado el pasado 3 de diciembre, la gobernadora señaló que la UPAV ya no sería “caja chica de nadie”.
La UPAV fue creada en el último mes del gobierno de Fidel Herrera Beltrán, cuando se impulsó como una universidad “alternativa” sustentada en asociaciones civiles encargadas de cobrar cuotas y pagar a los llamados asesores solidarios.
Mientras tanto, el Gobierno del Estado aportaba rector, instalaciones y estructura académica, pero sin control sobre el manejo de recursos.
La institución obtuvo sustento legal en 2011 mediante su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, sin embargo, siguió sin los registros formalmente emitidos por autoridades educativas, esto derivó en más problemas en los siguientes años.
Durante los primeros años, la UPAV se expandió rápidamente, abrió programas educativos en Veracruz y en entidades como Ciudad de México, Puebla, Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, e incluso el Estado de México.
La falta de regulación y vigilancia administrativa comenzó a reflejarse en reclamos de docentes que aseguraban recibir los mismos pagos y sin una plaza laboral formal, lo que afectó su capacidad económica y la calidad educativa.
El modelo ya enfrentaba cuestionamientos cuando, en diciembre de 2016, el entonces secretario de Educación federal, Aurelio Nuño Mayer, dio un golpe público a la UPAV al calificarla como un “fraude” a nivel nacional. Afirmó que la universidad operaba “de manera irregular e ilegal” al no contar con acreditaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y anunció que se buscaría apoyar a los estudiantes para revalidar sus estudios.
Ese mismo año, el Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis) inició revisiones que destaparon irregularidades millonarias. A través de la observación FP-066/2016/015 determinó un probable daño patrimonial por 352 millones de pesos, debido a que el patronato no reportó ingresos provenientes de “aportaciones voluntarias” de estudiantes.
A ello se sumaron observaciones por más de nueve millones de pesos en pólizas de egresos sin justificar, dirigidas a exfuncionarios de la institución y figuras solidarias.
Al inicio del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en 2016, el entonces gobernador reveló que se habían detectado al menos 100 mil certificados irregulares expedidos por la UPAV. Según su cálculo, la institución habría emitido alrededor de 100 documentos diarios durante sus primeros cinco años de operación.
La Secretaría de Educación de Veracruz presentó denuncias en 2019 por el presunto desvío de 9.6 millones de pesos relacionados con transferencias hechas a la organización Alianza para el Fomento al Aprendizaje A.C., el mismo patronato que administraba los pagos a asesores solidarios.
Exalumnos del bachillerato en Camerino Z. Mendoza denunciaron en 2020 que la dirección retenía sus documentos y les exigía entre dos y tres mil pesos para entregarlos.
Para 2022 ya se hablaba abiertamente de una crisis administrativa. Internamente, se señalaba opacidad en el manejo de las cuotas de recuperación, falta de control financiero y ausencia de rendición de cuentas.
Desde entonces, año con año, los maestros y estudiantes protestaron hasta noviembre de 2025, cuando estudiantes y maestros tomaron las calles del puerto de Veracruz para denunciar la falta de pago a docentes, la caída abrupta del padrón estudiantil que, afirmaron, pasó de 58 mil alumnos a desaparecer de un día para otro y el desconocimiento sobre el destino de los recursos que entregan semestralmente.
Por ello, la gobernadora Rocío Nahle anunció en su comparecencia ante el Congreso del Estado que la UPAV dejará de operar mediante asociaciones civiles y pasará a ser completamente administrada por el gobierno. Afirmó que emitirá un decreto para formalizar el cambio y garantizar certeza académica y laboral.
“Se acabó, se acabó. Esa universidad se va a hacer del Estado”, dijo.
Con información de: E-consulta Veracruz
