By “Gobernar es cosa seria no es ningún juego” Javier Duarte de Ochoa
Cuando el pasado lunes 4 de noviembre el gobernador Javier Duarte de Ochoa informó, que para responder a la exigencia de lograr una gran reforma en el ámbito de transparencia y rendición de cuentas de los servidores públicos, enviaría al Congreso del Estado tres iniciativas de reforma constitucional para crear, entre otras cosas, el Sistema Estatal Anticorrupción, dentro del cual se prevé que la Legislatura apruebe el nombramiento del Contralor General del Estado, la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la eliminación del fuero a funcionarios públicos –incluido al Gobernador del Estado–, así como la creación de un Comité Coordinador Anticorrupción y la expedición, por parte del Congreso local, de la legislación en materia anticorrupción, en concordancia con la Constitución federal… todo fueron aplausos y reconocimientos bueno pues ayer el dócil Congreso aprobó todo.
El gobierno de la prosperidad anunciaba la construcción del camino que nos llevará, dentro de algún tiempo, a enfrentar el cáncer de la corrupción que tiene en fase terminal al estado de Veracruz.
¡Aplausos!, ¡vivas!, reconocimientos, surgieron de todas partes ante una decisión histórica: crear las herramientas necesarias para combatir la corrupción, ni más ni menos (obviamente, no hacerse el Harakiri, para nada).
Pero en los hechos, en la realidad, nada más falso que este anuncio y no porque no haya quedado nada que robar tras el paso de los dos devastadores huracanes sexenales que hemos padecido, no, sino porque se trata de otra pose oficial para simular voluntad para combatir a los rateros, sobre todo en tiempos preelectorales cuando los candidatos hasta del PRI preparan sus discursos y sus lemas de campaña con base en una batida contra la corrupción que se ha alentado desde la cima del poder.
Lo que los veracruzanos nos preguntamos es, si tenemos una Constitución Política y un Código Penal, ¿para qué jijos de la tiznada se crean más instituciones dedicadas, se supone o así se presentan, a combatir a delincuentes que incurren en delitos tipificados en nuestras leyes?
Con aplicar lo que siempre hemos tenido en términos de leyes es suficiente:
Un ladrón que roba una bolsa a una señora en la calle comete el mismo delito que un funcionario que dispone del dinero del erario, que no es suyo, lo roba. La diferencia del ladrón de la calle es que éste pone en riesgo su vida al cometer el ilícito y el funcionario simplemente transfiere el dinero a sus cuentas personales y punto; en nuestro paraíso de impunidad, el primero corre más riesgos.
Un delincuente común que amenaza con hacernos daño si no le pagamos determinada cantidad de dinero y un funcionario que tiene el poder de liquidar adeudos del gobierno que pide un porcentaje por cumplir con su obligación, hacen exactamente lo mismo, extorsionan. Un cabrón vago que le mete una llave maestra a un vehículo para llevárselo y un funcionario que recibe un lujoso vehículo con factura a su nombre a cambio de un favor hecho al amparo del poder, están cometiendo el mismo delito, robándose un vehículo, y así podemos enumerar decenas de ejemplos.
El que roba, en la modalidad que sea, es un ladrón, y el Código Penal especifica penas y sanciones económicas, de acuerdo a lo robado, que se deben aplicar en contra del delincuente. Lo mismo pasa con los presidentes municipales, que solo se dedican a adquirir bienes con dinero de las arcas que tienen a la mano, y lo mismo con el que violando la ley da por asignación, no por concurso, una obra, en fin, que si nuestros flamantes funcionarios fueran gente honesta, que llegaran al cargo por vocación de servicio dispuestos a vivir del sueldo que se les asigne con suficiente voluntad para aplicar la ley, como era antes, aunque no lo crean, no habría necesidad de tantos y tantos organismos que tenemos encargados, en teoría, de cuidar el buen uso de los recursos públicos y evitar que se los roben, como es el Orfis, la Contraloría General del Estado, las contralorías de cada dependencia, los institutos de transparencia y rendición de cuentas, las fiscalías especializadas, los organismos dedicados a cuidar por ejemplo el ejercicio de la libertad de expresión, la Comisión de Derechos Humanos, y toda esa basura que solo ha permitido que el estado se convierta en un aparato obeso e ineficiente.
Los derechos humanos se violan porque no hay voluntad política de las autoridades para castigar a quien o quienes lo hacen; nuestros derechos están constitucionalmente garantizados y hay penas para quienes los violentan, entonces, de qué madres sirve una Comisión Estatal de Derechos Humanos.
¿Acaso no funcionaba muy bien la Dirección de Contaduría y Glosa del Congreso Estatal para mantener una vigilancia estrecha sobre el uso de los recursos en los municipios? Pues, no, se creó ese enorme elefante blanco que se llama Órgano Superior de Fiscalización del Estado (Orfis) que solo sirve para trabar a los alcaldes ratas, quitarles una cachera de lo que se están robando, maquillar sus números y permitirles la impunidad. La otra utilidad que el estado le encontró a este Orfis es como brazo represor contra los alcaldes de partidos distintos al PRI que, por no alinearse, los atoran con auditorías y auditorías hasta que los traban por andar haciendo activismo a favor de un partido que no es el que está en el poder.
Una Contraloría General del Estado, cuyo titular es nombrado por el gobernante en turno y ratificado en el cargo por los diputados del Congreso Local, empleados del gobernador, sigue siendo alguien que depende del aparato de gobierno, su patrón directo es el gobernador que le paga su salario y el trabajo que realiza consiste en maquillar toda la corrupción que cometen los funcionarios y servir de tapadera de delincuentes porque ese es su destino desde que aceptó el cargo; por eso decimos que las contralorías y la carabina de Ambrosio son lo mismo, no sirven para una chingada más que para hacer negocios, para incrementar la corrupción.
En fin que no hay nada nuevo bajo el sol, el Congreso del Estado aprobó ayer las iniciativas de reforma a la Constitución Política de Veracruz, enviadas por el Ejecutivo del Estado para crear la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, eliminar el fuero a funcionarios públicos, instaurar un Comité Coordinador Anticorrupción y que el Contralor General del Estado sea nombrado por las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, que equivale a lo mismo, a hacer como que la virgen les habla y a seguir robando porque esa es su naturaleza.
Xalapa: Vialidad renovada
En Xalapa, el problema de la movilidad ha sido una verdadera pesadilla para todos, autoridades y ciudadanos que diariamente se enfrentan a bloqueos, plantones, manifestaciones, caravanas, procesiones, eventos sociales y demás. Por eso, cobra mayor importancia la obra que viene realizando el gobierno de Américo Zúñiga Martínez quien ha invertido un importante capital financiero y político en pavimentar vialidades en las colonias de Xalapa que eventualmente sirven también de alivio y desahogo en momentos que el tránsito está colapsado y que mucha de la población tiene como destino precisamente sus hogares ubicados en alguna de las 450 colonias que hay en la ciudad. Por ejemplo, hace apenas 10 días el munícipe puso en servicio la calle “Antonio M. Quirasco”, que da servicio a cinco populosas colonias como son Juan de la Luz Enríquez, Federal, Dolores Hidalgo, El Mirador III, y el Fraccionamiento Unidad y Trabajo. Con más de 10 mil vecinos que se necesitan mover diariamente, ahora ya lo hacen en condiciones dignas con pavimento hidráulico de primera calidad y eso ya alivia y prueba que la autoridad municipal sabe arreglar los problemas viales con “acupuntura urbana”.
Alfredo Ferrari, buenas cuentas
Buenas cuentas entregó Veracruz en dos de los programas punta de lanza de la política social federal y estatal, el de Estancias Infantiles, que atiende a hijos de madres trabajadoras y padres solos, y el de Seguro de vida para jefas de familia, durante la visita de Martha Angón Paz, directora general de Políticas Sociales de la Sedesol federal. En una reunión con las responsables de las casi 600 estancias infantiles que hay en el estado, en la cual estuvieron también el delegado Marcelo Montiel y el alcalde porteño Ramón Poo, el titular de Sedesol estatal, Alfredo Ferrari, en nombre del Gobierno del Estado reconoció la labor que realizan y refrendó el compromiso de fortalecer la colaboración con el Gobierno federal y el municipal, para seguir garantizando los derechos de los veracruzanos. Esperemos que estos esfuerzos tengan continuidad.
Reflexión
Al renunciar a la dirigencia estatal del PRI Alberto Silva Ramos, candidato del gobernador Javier Duarte de Ochoa, automáticamente se pone fuera de la jugada. Quienes promueven su supuesta salida al parecer carecen de sentido común o se prestan a perversas intenciones. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mxformatosiete@gmail.com www.formato7.com/columnistas
